El sismo de los respiradores
La compra de 170 respiradores que no se ajustan a las exigencias para las que estaban destinados y por las que el Estado pagó tres veces más de lo que cuestan revela fisuras en el equipo de gobierno, la poca atención que se puso al problema estructural de la carencia de una carrera institucionalizada de la función pública en Bolivia y cierta fragilidad en la alianza política que sustenta la candidatura de Jeanine Áñez a la presidencia del país.
En efecto, las informaciones –a veces contradictorias– que están siendo de dominio público, como resultado de la investigación sobre el caso, evidencian que el Ejecutivo está lejos de ser un cuerpo compacto, como se espera del equipo que gobierna un país.
Así lo demuestra que una dependencia del ministerio de Salud se haya negado a proporcionar la información que el ministerio de Justicia le solicitó acerca de la compra de los respiradores, antes de que estalle el escándalo. Y asombra que la Canciller admita haberse enterado de un informe del cónsul boliviano en Barcelona, acerca de los trámites para adquirir los aparatos médicos –incluso mencionando las diferencias de precios– una semana después del arribo de la nota consular ¡y por las redes sociales!
También por esa vía supo la Presidenta de las denuncias por el sobreprecio de los respiradores, y no por los informes oficiales de funcionarios de su Gobierno.
Y, precisamente, muchos de esos funcionarios que –desde diferentes niveles– manejan la compleja maquinaria del Estado son los mismos que lo hicieron durante la administración de Evo Morales, pues es imposible prescindir de todos ellos, por su experiencia en tareas tan especializadas.
Y la permanencia de funcionarios no afines políticamente en las instancias del Ejecutivo –como el caso del masista exdirector jurídico del ministerio de Salud, investigado ahora por la compra de los respiradores– es resultado de la vieja práctica, de cada Gobierno, de disponer de los puestos públicos como premio para sus más leales seguidores.
Ese aspecto insalvable, resultado de la carencia de una carrera institucionalizada de la función pública, perjudica a la actual administración que, al parecer, no tuvo una percepción cabal de la magnitud del problema.
Y el escándalo revela también la poca solidez de la alianza política Juntos, como lo evidencia una senadora Demócrata, para quien su partido debería analizar la “viabilidad y la pertinencia de mantener su candidatura (la de Áñez) a la presidencia”.
En medio de este embrollo, ¿qué pensará la Presidenta de su candidatura?
