El ejercicio hostil del poder
Las recurrentes advertencias, acusaciones y otras actitudes de variada hostilidad frecuentes y generalizadas en las manifestaciones públicas de las autoridades oficialistas, electas y designadas, suscitan cuestiones acerca de su motivación, de sus efectos en la dinámica política y social del país.
En efecto, la actitud de desafiante severidad que estrenó el presidente del Estado en su discurso de posesión, en contraste con las palabras conciliadoras y de apertura de su vicepresidente, parecía haberse modificado en los primeros meses de mandato.
Pero luego, a principios de este año, la dureza del discurso oficialista hacia la oposición volvió a cobrar una vigencia coincidente con la campaña electoral para las subnacionales, circunstancia que explicaba la necesidad de esa actitud, especialmente como recurso para moderar o liquidar las corrientes críticas del partido de gobierno que se fortalecieron en su inconformidad con designaciones de candidatos “a dedo”.
Los resultados de las elecciones subnacionales confirmaron los desaciertos de las cuestionadas candidaturas, y los conflictos internos del MAS se trasladaron al Ejecutivo, aunque su evidencia pública estuvo y está filtrada por la natural reserva partidaria.
Luego, el inicio del mandato de las nuevas autoridades departamentales y municipales marcó un nuevo y renovado impulso en lo que, progresivamente, parece haberse convertido en una especie de estrategia de ejercicio del poder por parte de los masistas.
Desde el Presidente hasta los parlamentarios oficialistas, pasando por ministros y sus subalternos, sus discurso y actitudes hostiles han ido cobrando mayor fuerza, primero como sustento de la estrategia para imponer la narrativa del “golpe de Estado” y luego, alimentados por el impacto de la persecución política-judicial, aplicados a prácticamente todas las circunstancias en las que la gestión del Estado genera controversias.
Traducida primero en advertencias, o en amenazas manifiestas de persecución judicial, la actitud del oficialismo hacia el descontento ciudadano con las acciones gubernamentales ha llegado ahora al anuncio de “mano firme” para frenar “excesos” en movilizaciones calificadas de “abierta confrontación” por el Ministro de Defensa, al referirse a la convocatoria de los cívicos cruceños para protestar contra el cierre del caso del fraude electoral.
Pero no son solo los cuestionamientos sobre ese tema que suscitan, y aumentan el grado y alcance, de la actitud oficialista que sí evidencia ser de “abierta confrontación”. Ocurre los mismo con los reclamos la segunda dosis de Sputnik V o los líos por la tierra en la Chiquitanía. La tensión, asumida como estrategia de gobierno, no facilita la gestión del Estado y peor en circunstancias sociales, sanitarias y económicas como las actuales.
