El juicio del caso Las Londras
El inicio del juicio oral del caso Las Londras, el recién pasado miércoles 9 de julio, es una señal alentadora de que la Justicia y las instituciones del Estado están dispuestas a restablecer el imperio de la ley, y terminar con la impunidad, de manera especial en asuntos relacionados con la toma de tierras.
Tuvieron que pasar tres años y ocho meses, durante los cuales se produjeron cuatro suspensiones de la audiencia –la última porque uno de los acusados estaba resfriado– para que el inicio de este proceso sea efectivo
Los hechos que originan el caso sucedieron el jueves 28 de octubre de 2021, cuando decenas de hombres armados y con el rostro cubierto emboscaron redujeron, torturaron y retuvieron por unas siete horas, contra su voluntad, a 17 personas, entre ellas policías y periodistas, en el predio La Londras en Guarayos, Santa Cruz.
Son cinco los imputados y están procesados por los delitos de tentativa de asesinato, privación de libertad, tortura, lesiones graves, robo agravado, portación ilícita de armas, organización criminal y atentado contra la libertad de prensa.
Solo dos de ellos estuvieron presentes en la audiencia del miércoles y probablemente los otros tres no comparecerán y serán juzgados en rebeldía, pues la actitud de las autoridades judiciales está cambiando, como lo evidencia el inicio de ese juicio que augura el fin de la impunidad para los avasalladores de tierras.
Una impunidad evidente, por ejemplo, en la presencia de uno de los acusados de liderar los brutales actos cometidos, Hebert Sixto Canaza, cuando el 8 de diciembre de 2023, la Federación de Interculturales de San Julián, Santa Cruz, emitió una resolución que enunciaba: “Condenamos a muerte a los empresarios terratenientes asentados en el sector Las Londras”, precisamente.
Canaza, lo mismo que otros cuatro acusados en ese caso, obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria, lo que les permitió moverse con libertad, durante meses, incluso para seguir tomando predios con violencia, como se probó en el caso de al menos dos de los procesados.
Esa condescendencia de las instancias judiciales con gente violenta involucrada en líos por tierras “da indudablemente (…) una sensación de tranquilidad a quienes infringen la norma y que forman parte (…) de organizaciones criminales”, decía al día siguiente el Viceministro de Régimen Interior de ese entonces.
Así, la condena manifestada hace un año y ocho meses por el Ministerio de Gobierno a las amenazas de muerte y proclamas violentas emitidas por los interculturales, lo mismo que la acción de oficio de la Fiscalía cruceña contra sus autores, y ahora, el inicio del juicio oral contra los cinco acusados de liderar los actos criminales cometidos en Las Londras en octubre de 2021son señales de que las instancias Estatales están dispuestas a imponer el respeto al imperio de la ley en el país.
