El monto del desfalco
Aunque el desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) fue destapado hace casi una década, por un reportaje de la periodista Claudia Soruco que entonces trabajaba en Página Siete, aún no se conoce el monto implicado en este vergonzoso manejo de fondos públicos, que quedó expuesto, parcialmente, gracias a las denuncias del exdirector de esa institución, el desaparecido Marco Antonio Aramayo Caballero, quien fuera sometido a un acoso judicial y hasta torturas, como ha revelado un informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado conocido hace poco.
Si bien es cierto que una comisión interventora, en un intento de minimizar la cifra en cuestión, concluyó que la discrecional administración del Fondioc hizo desaparecer 102 millones de bolivianos o aproximadamente 15 millones de dólares, para investigadores independientes tal suma es baja. Los estudios particulares estiman que el desfalco oscila entre 180 y 600 millones de dólares en recursos concedidos para “proyectos fantasmas”.
Sin reparar en que el Fondioc gestionaba recursos públicos, eran coincidentes y repetitivas las expresiones de la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, quien pensaba que los “movimientos sociales” tenían derecho a disponer libremente de esos recursos públicos porque habían luchado en las calles y organizado tantos bloqueos que tales “movilizaciones” les otorgaban tal prerrogativa.
Bajo la inspiración de la errónea idea de propiedad del dinero público anotada, se había constituido una estructura para ejecutar el desfalco que al menos tenía seis niveles, como anota Diego Ayo, uno de los investigadores de estos hechos de corrupción: 1. El nivel político, conformado por un directorio en el cual tenían representación los grupos corporativos que conforman el Pacto de Unidad y que hace poco se reunieron con el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca; 2. El nivel técnico con gestores nombrados con cuotas de los “movimientos sociales”; 3. El nivel gubernamental, con responsabilidad sobre el manejo del Fondioc y que podía —y debía— ordenar el congelamiento de sus cuentas; 4. El nivel “empresarial” con “compañías” creadas por los parientes de los directores cuando había “licitaciones” que se adjudicaban a las “empresas” de los dirigentes sociales; 5. El nivel de “respaldo social” al proyecto, gestionado por los dirigentes que a cambio recibían una coima de la comunidad “beneficiaria” y si no aceptaban esa extorsión buscaban a otras comunidades que estuvieran decididas a pagar esos sobornos, y 6. El control y la intervención estatal, con una Contraloría General del Estado de deficiente fiscalización y, esto es lo más aberrante, una oficina interventora, a cargo de Larisa Fuentes, quien —según Ayo—, en vez de transparentar lo ocurrido, se dedicó a extorsionar a los originarios corruptos.
Hay, entonces, mucho que esclarecer aún. Los verdaderos culpables del desfalco, ¿serán puestos tras las rejas? ¿O la cárcel sólo estaba reservada para Aramayo, el denunciante de uno de los más despreciables actos de corrupción del masismo?
