Territorios masistas

Desde donde se lo vea, el paro del lunes pasado en el departamento de Santa Cruz, encabezado por su gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico Rómulo Calvo, con respaldo del rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, ha sido rotundo. Tal como pidieron las autoridades cruceñas, la población permaneció en sus domicilios y, por supuesto, no se movió “ni un sepe”, salvo, claro, en los territorios masistas. Es allí, en esas zonas, donde los paisanos son cruceños mientras ganan platita, pero nos traicionan, obedeciendo al centralismo, cuando se trata de defender los intereses regionales. Mala pécora, es lo que corresponde decir.

Es natural que el Gobierno afirme que el paro fracasó porque, dice, no se observaron multitudes en las calles. Justamente, el mérito del paro estuvo en que no se necesitaron muchedumbres para que la ciudad capital y el departamento se paralizaran. Eso demuestra la protesta silenciosa —no por ello menos indignada— contra la burla del oficialismo que posterga por casi dos años la realización del censo. El Presidente del Estado y sus tristes portavoces —entre otros, el lamentable y odiador Ministro de Obras Públicas— pueden tener la seguridad de que si el Gobernador o el presidente cívico llaman al pueblo a las calles, sucede lo que ya hemos visto en anteriores oportunidades: acude tanta gente decidida que puede tumbar presidentes.

Lo que pasa con el Gobierno es que, naturalmente, quiere ignorar el éxito del paro, mostrando sólo lo sucedido en los territorios masistas enclavados en Santa Cruz. Y lo de los territorios masistas es algo que los cruceños debemos observar y cuidar, porque el avasallamiento político paulatino es una política gubernamental que no deja de darles frutos. En Pando, cuya población es reducida, enviaron “interculturales” hasta en aviones Hércules y con unos cuantos miles fue suficiente, porque se repartieron tierras y ganaron elecciones. En Santa Cruz, la “quinta columna” se va instalando paso a paso, sin pausa y sin tregua, pero frente a una sociedad sólida.

El municipio de Yapacaní, provincia de Ichilo, ya parece ser parte del Chapare, por su población y actividad. Los cruceños oriundos que viven en la ciudad y el campo están sometidos al poder masista. Más o menos como sucede en San Julián y Cuatro Cañadas, en la Chiquitanía, en el corazón de nuestro departamento, y que son producto de las viejas políticas de colonización. Montero, Warnes y alguna otra, son ciudades disputadas con los paisanos, pero no se las puede calificar aún como territorios masistas, como El Torno, por ejemplo. Es lo que vemos en el Plan 3.000, donde los seguidores de Evo y Arce son muchos, violentos, y se oponen a cuanta medida anuncia la Gobernación cruceña. Por si fuera poco, ya existen demandas para que las villas del sur de la ciudad capital se conviertan en un municipio aparte, tal como ocurrió con El Alto en La Paz. Eso no se lo debe ni considerar, porque sólo produciría inconvenientes sin fin.

Es bueno ponernos en nuestros zapatos y entender que en los últimos años el propósito de avasallamiento a Santa Cruz ha sido permanente. Rubén Costas tuvo que soportar momentos muy ingratos para torear las embestidas del MAS contra el departamento y, para colmo, no fue bien comprendido por muchos cruceños. Y ahora la postergación del censo, recurriendo a pretextos baladíes, es una estocada más contra Santa Cruz, porque evita una nueva distribución de los recursos económicos y de los curules parlamentarios que nos beneficiaría atendiendo a la nueva composición poblacional en cada departamento. Eso parece hacer temblar al Gobierno. 

Lamentablemente, huele a una manifiesta conjura contra Santa Cruz el hecho de que ocho gobernadores hayan aceptado en el Consejo Nacional de Autonomías la postergación, en casi dos años, del censo, obedeciendo el deseo presidencial. No han tomado en cuenta esos ocho dignatarios que Santa Cruz tiene que dar trabajo, educación y salud a miles y miles de habitantes de esos departamentos, representados tan timoratamente por sus gobernadores.

Entre conjuras del resto del país, territorios masistas en el departamento, una Policía que acosa al Gobernador en vez de obedecerle y protegerlo, y una justicia vendida e infame, Santa Cruz está frente a un peligro evidente del que debe cuidarse.