Cálculo político y censo
Ante la falta de argumentos válidos para la postergación del censo hasta marzo o abril de 2024, pese inclusive a una mesa en la cual no se aceptó planteamiento contrario a la posición oficial, expertos se refieren a un cálculo político, y no de carácter técnico, para el diferimiento de este empadronamiento nacional.
Basta realizar un recuento de las discusiones en torno al censo que precedieron al polémico Decreto Supremo 4760, que abrogó una norma de alcance similar que había definido el 16 de noviembre como fecha oficial para este registro nacional.
“Hoy en Gabinete aprobamos el decreto supremo que declara prioridad nacional el Censo de Población y Vivienda 2022. Nuestro Gobierno, como comprometió, garantiza el financiamiento y respaldo institucional para realizar el Censo Nacional en noviembre de 2022”, escribió el presidente Luis Arce en su cuenta de Twitter.
El director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, en marzo de este año, afirmó que “existen todas las condiciones técnicas y financieras, se planteó una metodología, se elaboraron los materiales de capacitación y se desarrolló el software para la actualización cartográfica”.
Además, apenas un mes después, en abril, la entonces ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, garantizó que el trabajo marchaba en los plazos previstos y que inclusive “la actualización cartográfica también tiene un avance importante, pues el 96 por ciento de los gobiernos autónomos municipales remitieron los formularios con información crucial”.
Tras estas declaraciones, como se recordará, se dio una fuerte crisis que implicó la caída de Mendoza y la renuncia de Arandia, aunque Arce la rechazó. En esas circunstancias, el nuevo y actual ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, en junio, después de una comparecencia en el Legislativo, aseguró que “en el tema de la boleta censal, se tiene un avance prácticamente del 98 por ciento” y se comprometió a realizar la prueba piloto de la boleta censal en julio de este año, para que todo estuviera a punto para el 16 de noviembre.
Todas estas declaraciones supuestamente tenían respaldo técnico y tales avances demostraban, también presuntamente, que eran el resultado de un trabajo previo de 10 años.
Hasta que el 12 de julio el mismo Gobierno usó al Consejo Nacional de Autonomías – un organismo prácticamente en estado catatónico y con predominio oficialista- para postergar el censo porque nada de lo que se había afirmado apenas unas semanas antes -que todo estaba prácticamente listo- era cierto.
Por supuesto, se podría concluir que el Gobierno simplemente mintió. Pero ése sería apenas un pecado venial. Lo que está detrás de esta postergación no es el interés de realizar un censo técnicamente irreprochable, sino que, según expertos consultados por este diario, esconde el cálculo político de manipular la distribución de recursos coparticipables, el reparto de escaños en la Cámara Baja y sobre todo impedir que los nuevos datos que arroje el censo sean contrastados con el cuestionado padrón y las circunscripciones electorales.
En otras palabras, lo que se buscaría es preservar el mecanismo que permite al MAS reproducirse en el poder. Es decir, lo que puede hacer posible una reelección indefinida de los caudillos masistas.
