Oro y desconfianza
Parece inminente que la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa inicie el debate del proyecto y sancione la Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN).
Bajo ese largo nombre, el proyecto en cuestión impone un cambio sustancial en la gestión que hace el Banco Central de Bolivia (BCB) del oro que adquiere y que está regido por la Ley para Compra de Oro Destinado a Reservas Internacionales, vigente desde 2011.
Ese cambio sustancial es que, con la nueva la ley, el “BCB realizará operaciones en los mercados internacionales con las reservas de oro, pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, transformar y convertirlas en divisas a fin de optimizar la liquidez y/o el rendimiento de las Reservas Internacionales”.
Dicho de otra manera —y según enuncia el proyecto de ley aprobado la semana pasada por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados—, el ente emisor tendrá la atribución de vender el oro que atesora actualmente, además del que compre en el futuro, “conforme a reglamentación emitida por el BCB”, es decir sin otro control que el aplicado por él mismo.
El objeto de la posible futura ley es fortalecer las RIN, lo que es una preocupación urgente del Gobierno, según el último reporte del BCB las RIN ascienden a 3.872 millones de dólares. El 69 por ciento está en oro. Y ese noble metal no es moneda corriente para las transacciones comerciales ni para el pago de la deuda del Estado.
Si el BCB puede vender oro cuando la cotización internacional de éste es elevada y comprarlo cuando ocurre lo contrario, entonces sí sería conveniente para el país y se cumpliría el propósito de fortalecer las RIN.
Pero ¿quién garantiza que será así y no ocurrirá que, al contrario del propósito proclamado por el oficialismo, las RIN se consuman aún más?
Hay tanta garantía de que la pretendida norma cumpla su propósito enunciado como confianza en la actual administración del Estado, es decir ninguna.
Es tanta la desconfianza, que hasta los sectores mineros afines al Gobierno anuncian que se oponen al tratamiento legislativo del proyecto porque aún hay algunos aspectos que “deben ajustarse”.
Y un diputado del ala radical del MAS, Freddy López, pidió ayer que se paralice el tratamiento del cuestionado proyecto.
Ellos tienes sus razones muy particulares para desconfiar. Pero la experiencia que se tiene del oficialismo en la administración del Estado y en su tendencia a cambiar las reglas a su conveniencia eliminan cualquier posibilidad de confianza de la oposición, los empresarios y el ciudadano común.
