Respuestas urgentes
Dos casos con ribetes de escándalo ocupan en los últimos días la atención ciudadana. Ambos involucran las funciones de altos funcionarios del Gobierno, uno es más complejo que el otro, pero ambos corren el riesgo de complicarse y diluirse con el tiempo en el laberinto jurídico en el que otros similares terminaron, o permanecen, en una especie de misterio provocado.
La magnitud que revisten ambos casos debido a su implicación en la institucionalidad del Estado suscita preguntas cuyas respuestas urgentes corresponden, al menos, a dos ministros directamente involucrados por las atribuciones que corresponden a las funciones que desempeñan.
La primera de esas preguntas se refiere al caso de corrupción —presunta aún para las autoridades judiciales nacionales— en la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, cuyas autoridades fueron denunciadas por haber recibido un soborno de 18,2 millones de la empresa china CHEC, por la adjudicación de las obras de la carretera Sucre-Yamparáez, en el departamento de Chuquisaca.
La denuncia, presentada en agosto del año pasado por un diputado del ala evista del MAS —y que reavivó las tensiones entre los bandos en pugna en ese partido— está sustentada por información que le proporcionó una persona declarada luego “testigo protegido” por la Fiscalía, en aplicación de la Ley 458 de protección de denunciantes y testigos.
El testigo murió hace dos meses en EEUU, en circunstancias aún no esclarecidas. Lo supimos por información del Ministro de Justicia que, además, reveló su nombre en claro desacato de lo que impone la Ley 458: “Toda información inherente a la identidad y demás datos personales de la persona protegida (…) constituirán información confidencial”.
¿Qué motivó al Ministro de Justicia a revelar esa información confidencial? ¿Qué lo motiva a declarar que el testigo protegido es “autor de los hechos” irregulares denunciados?
El otro caso es el del capitán de Policía investigado por robo agravado tras ser identificado como uno de los autores de un atraco a un ciudadano en Santa Cruz.
No es la primera vez que ese capitán, en servicio activo y ahora en detención preventiva, tiene líos con la justicia. Su reciente delito se suma a una lista de otros que perpetró desde 2009. Por uno de ellos, narcotráfico, estuvo recluido en la cárcel de Palmasola.
¿Cómo un delincuente de largo recorrido criminal puede estar en servicio activo en la Policía? ¿Qué red de complicidades protegió —o aún lo hace— a este capitán?
Son sólo algunas preguntas que suscitan ambos casos, sus prontas respuestas podrían evitar el aún mayor deterioro de la credibilidad que afecta al Gobierno.
