A un año de la muerte de Marco Antonio Aramayo

El 19 de abril de 2022, murió Marco Antonio Aramayo, luego de siete años encarcelado y torturado por haber denunciado la corrupción en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), con 256 procesos iniciados en su contra por orden del expresidente Morales. ¿Qué podríamos contarle un año después de su muerte en relación a la “justicia”?

Que ¡por fin! se publicó el informe acerca de las torturas a las que fue sometido desde su detención hasta su muerte. No cuando hubiera sido conveniente hacerlo, si se pensaba realmente en su vida y en su salud, pero … peor es nada.

Tendríamos que contarle que Elvira Parra, exdirectora del Fondioc, injustamente encarcelada durante ocho años, se benefició de detención domiciliaria, que a él nunca le fue concedida, pese a que el ministro de ¿Justicia? prometió ayudarle los primeros meses de 2021. Parra está con la salud deteriorada y se lamenta haber perdido la infancia de sus hijos. A ella le iniciaron 180 procesos.

Habría que decirle que César Apaza y Freddy Machicado, los dirigentes de Adepcoca encarcelados por pedir que se cumpla ley, están pasando las de Caín. Sobre todo el primero porque, pese a haber sufrido una embolia, sigue privado de libertad en Chonchocoro y ha sido trasladado hace pocos días a la Felcc para que otorgue garantías a sus denunciantes, los “dirigentes” serviles al Gobierno del MAS.

Tendría que saber que, en estos días, la jueza corrupta que, en estado de ebriedad, confesó que el médico Jhery Fernández era inocente, que la sentencia dictada en su contra por la muerte del bebé Alexander se debió a presiones políticas para ocultar el error de la médica forense que, según ella misma, era la enamorada del entonces Fiscal General del Estado, fue absuelta y no quedan procesos pendientes en su contra.

Debería enterarse que un exjefe policial denunciado por estar implicado en robo de autos, fue beneficiado con detención domiciliaria, en tanto tres miembros de la Resistencia Juvenil K’ochala han sido condenados a una pena de seis años por haber pintarrajeado el inmueble de la Fiscalía General del Estado, que es donde se cocinan casos contra los opositores y disidentes.

Habría que contarle que avasalladores de tierras en el oriente del país tomaron el predio Las Londras, amenazaron y golpearon a policías y periodistas y que cuatro de cinco procesados por este caso están libres y no hay ningún condenado. Y añadir que pobladores de Colchani, en el salar de Uyuni, tomaron hoteles de sal en la zona, impidiendo el ingreso y salida de turistas, exigieron el pago de “regalías”, porque —según ellos— los hoteles están en terrenos de la comunidad (Tierras Comunitarias de Origen, cuyo reconocimiento se remonta al primer gobierno de Sánchez de Lozada) y obtuvieron una donación “voluntaria” de casi 100.000 dólares, cuyo destino nadie conoce ni fiscaliza. Hoy se supo que los hoteles del salar pagan a los comunarios desde el año 2002.

Que siguen detenidos la expresidenta constitucional interina Jeanine Áñez, dos de sus ministros, el secuestrado gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y muchas otras personas acusadas falsamente de un inexistente “golpe de Estado”, inventado para ocultar la fuga de Evo Morales y Álvaro García en 2019.

Tendría que saber que una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que está encargada de velar por la primacía de la Constitución, resolvió que un reglamento del TSE está por encima de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, según consta en la resolución por la que denegó la tutela en un amparo constitucional de la agrupación Juristas Independientes. Paralelamente, sigue su marcha el sainete de nueva elección de altos cargos del Órgano Judicial, esta vez con la voz sincera de una senadora masista que afirmó: “Debemos seguir en la preselección de nuestros candidatos”.

Pero, después de esta larga lista de barbaridades, tendríamos que decirle que seguimos recordándole, que su ejemplo sigue vigente para nosotros, que su voz potente no se ha apagado y no la hemos olvidado. Como cuando dijo: “No voy a caer en el juego del Gobierno, no me voy a rendir, no me van a arrodillar, NO ME VOY A DECLARAR CULPABLE”.

Hombres como Marco Antonio Aramayo son los que transforman la realidad para bien de todos, no de unos cuantos. Su viuda y sus hijos, su abogado, continúan buscando justicia para él, aún después de muerto. Nos comprometemos a colaborar con ellos.

Marco Antonio Aramayo vive en nosotros. ¡Descanse en paz!

El autor es abogado