¡M…ercury!

Ya en los años 80 los reclamos de la comunidad campesina potosina de Villa Pampa, ubicada en el límite con Chuquisaca, y de diversas organizaciones ecologistas, dieron cuenta de que el color casi negro de las aguas del río Pilcomayo, signo de su grado de contaminación, se debía en gran medida a la descarga de desechos mineros del más importante centro productivo departamental emplazado desde 1545 a los pies del “coloso de plata”: la ciudad de Potosí. Al iniciar mi gestión como prefecta del departamento en octubre de 2003, esa fue una de las problemáticas que tuve que encarar en un camino detallado en las páginas 161-180 del libro 590 días de travesía prefectural, en el cual comparto mi breve e intensa experiencia en el servicio público.

A esas alturas, la presión de los campesinos y ecologistas, respaldada por las autoridades ejecutivas y legislativas de Chuquisaca, se había intensificado. Se exigía la paralización de la minería en el Cerro Rico, medida que condenaría la economía departamental a su hundimiento, provocando agudos conflictos sociales con el sector cooperativo y otros vinculados con éste en la provisión de insumos y servicios. “Que el Ejército desaloje a los mineros y rodee el Cerro”, me pedían en medio de advertencias y amenazas de tono subido.

Otras voces se dejaban escuchar también. Estatistas secantes, sindicalistas sin representatividad ni convocatoria, lanzaban viejas consignas de reversión de las concesiones al dominio del Estado, y la “nacionalización” (léase “estatización”) de los ingenios mineros, arguyendo que la Comibol operaría sin contaminación. Entre ellos estaban los expertos en la “agudización de las contradicciones” como preludio de la toma del poder para la instauración de la “dictadura del proletariado” —maquinaria de explotación y exterminio— y la construcción del socialismo, paraíso terrenal del pobrismo donde la vanguardia revolucionaria (el partido) asegura para sí los privilegios e iguala al pueblo en la miseria, sometiéndolo con propaganda y terror. También estaban con ellos otros menos radicales, igualmente enemigos de la iniciativa privada, apostadores a la intervención estatal, desinformados de la irresponsabilidad de la Comibol en materia ambiental, probada por los pasivos que dejó a lo largo y ancho del departamento de Potosí, cuyas colas y aguas ácidas contaminan aire, suelo y fuentes de agua. 

Abogada como soy, me negué en ambos casos, decidiendo ir a por la aplicación de las leyes para su cumplimiento por parte de los obligados: los ingenios mineros. Bajo tal enfoque, la prefectura asumió su rol de director de orquesta y tomó la batuta en sus manos. En reunión con la directiva de la Asociación de Ingenios, se dejó clara la regulación vigente a ser cumplida obligatoriamente bajo amenaza de sanción, comenzando por el principio que reza: “quien ensucia, limpia”, y estas empresas, con supervisión y control de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la

Prefectura, emprendieron su adecuación y comenzaron las acciones de mitigación ambiental, mejorando su sistema de desecho de residuos y poniendo en funcionamiento diques de colas sucesivamente construidos.

Los resultados quedaron pronto a ojos vistas. Como afirmo en el libro precitado, “fue increíble como de un día para otro las aguas del Pilcomayo cambiaron su color casi negro al rojizo que tenían antes de 1985”. Por cuenta de las empresas, a costo cero para la prefectura. Ese es un Estado de derecho vigoroso en el cual todos, empezando por las autoridades, actúan conforme a las normas jurídicas o se atienen a las consecuencias.

A ese modelo probado en dicha experiencia apuesto: las empresas privadas operando, generando utilidades y dando empleo para la prosperidad general, cumpliendo las leyes. El Estado, asegurándose de la eficacia de esas leyes en un plano preventivo y, en su caso, sancionador. Sin meterse a lo que no debe. ¿Cuál es el requisito sine qua non  de tal éxito? La competencia de los servidores públicos para el desempeño de los cargos: conocimiento y experiencia, actitudes y valores, seguro en alto grado contra la improvisación y la corrupción.

Comparto estos hechos vividos para fundamentar mi apuesta y reavivar la esperanza en lo que es posible —¡imperativo!— lograr si atinamos finalmente a hacer lo debido. Lo hago 20 años después de haber sucedido, cuando el “proceso de cambio” resulta en la destrucción imparable del medio ambiente a gran escala por un modelo capitalista pervertido, extractivista y depredador, cuyos beneficiarios exclusivos son sus mismos perpetradores, internos y externos, en un marco de total impunidad. En parte porque, al parecer, no sólo quien profirió las sandeces —nacido en Potosí para mi pesar— sino muchos operadores del régimen jugaron con mercurio y se bañaron con él.

Bueno sería que tengan la decencia de renunciar e ir a tratarse los daños por tales entretenimientos, y nos salven de sus desatinos y de la vergüenza que nos provocan. En especial a los potosinos.

La autora es abogada