Éxodo indígena
Una vez que se apagaron los incendios, dejando atrás 3,4 millones de hectáreas quemadas (el segundo desastre de esta naturaleza más grande en los últimos cinco años después del de 2019), corresponde ver las medidas de reactivación para estas regiones, cuyas poblaciones se vieron privadas de su hábitat natural y de sus recursos para sobrevivir. Los focos de calor afectaron a 44 de los 58 territorios indígenas en la Amazonía, en la Chiquitanía y en el norte de La Paz, según un informe del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Cejis).
Las poblaciones en mayor riesgo son las de Guarayos, Yotaú, Cachuela, El Puente, Ascención, Urubichá, San Javier, Concepción, San Rafael, San José, Roboré y el Territorio Movima, entre otros que se encuentran, además de carentes de seguridad alimentaria, bajo una situación de inseguridad jurídica por las presiones y amenazas que representan el tráfico de tierras, la ampliación de la frontera agrícola y la presencia de actividades de explotación y exploración de minerales e hidrocarburos. Con el avance del fuego, las comunidades indígenas se han visto privadas de sus alimentos e incluso de agua, pues hasta sus fuentes hídricas quedaron afectadas y, según los expertos, la migración masiva es inminente.
“Los pueblos indígenas estamos condenados a salir de nuestro territorio”, declaraba a Los Tiempos el vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Alex Villa Limaco. El dirigente describe la quema de sus rústicas casas en el Madidi (cuyas fotos fueron en muchos casos portadas de periódicos y se viralizaron en redes sociales), la incineración de los bosques y la pérdida de cultivos. Ni siquiera les quedó agua limpia, pues todas las fuentes y cauces quedaron contaminados. Así, es difícil predecir el futuro de estas comunidades en el breve plazo. El Gobierno ha anunciado ya la ejecución de planes “posincendio” y el desembolso de dinero para ello, y aunque aún no se ha precisado con claridad en qué consiste esta ayuda ni los montos destinados, los indígenas ya adelantaron sus puntos de vista: “No queremos su bolsa de arroz, queremos planes integrales”.
Por todo ello, estos planes tendrían que constar no sólo de la entrega de alimentos que satisfagan las necesidades inmediatas, sino también de provisión de semillas, proyectos de supervivencia, cuidado del medioambiente y seguridad jurídica sobre la posesión de la tierra y los bosques. En este marco, habría que incluir todas las amenazas externas que dañan el medioambiente: hidrocarburos, minería, expansión empresarial agrícola y otras. Todos estos elementos tendrán que considerarse si al desastre ambiental ya consumado no se quiere sumar un conflicto social más en el país: el éxodo indígena.
