Defensores del consumidor
Hasta hace unas cuantas semanas los controles de la Intendencia Municipal se limitaban a simples inspecciones y recorridos por los principales mercados de Cochabamba para verificar los precios y el peso de los productos de primera necesidad.Sin embargo, el alza de precios y la escasez de algunos insumos como el aceite comestible obligaron a las instancias de control a realizar un control más intenso no sólo en los puestos tradicionales; sino, también, en los micromercados y supermercados.
A medida que los controles se intensificaron y se hallaron botellas de aceite escondidas entre los quintales de arroz, harina y azúcar, y en hasta cajas en depósitos comenzaron a reaparecer esto insumos y a estar nuevamente en exhibición en los estantes de los negocios a un precio de Bs 17 el litro. Si bien este y otros productos ya no se encuentran con la regularidad de antes; ahora, es posible adquirirlos buscando un poco. De no ser por los controles probablemente el aceite y otros víveres habrían desaparecido de los mercados agudizando la preocupación de los consumidores, en su mayoría madres que buscan los esencial para garantizar la alimentación en sus hogares.
Más allá de los resultados de los operativos y de quiénes estén o no de acuerdo con el rol de la Intendencia el hecho permitió mostrar que a pesar de los avances normativos, los consumidores están indefensos y expuestos a las determinaciones de los comerciantes, que al final son los que fijan el precio final de un producto.
En Bolivia, los usuarios cuentan con la Ley 453 General de los Derechos de los Usuarios y de los Consumidores, pero cuánto sabemos de esta normativa y otras que protejan a los compradores.
Con esta normativa se busca garantizar los derechos de los consumidores y asegurar que los proveedores oferten productos en la cantidad suficiente y de calidad para la alimentación. En caso de incremento, además obligar al comprados a “informar oportunamente sobre los ajustes de tarifas en los servicios, así como el rango de precios que estén disponibles para un mismo producto o servicio”. Aunque ahora se tiene mayor conciencia de los derechos de los consumidores y de las obligaciones de los proveedores, lo cierto es que los consumidores difícilmente andan con las leyes debajo el brazo; al contrario, suelen establecer relaciones de cercanía con sus proveedores y de ahí que se haya frecuente llamarlos “casero” o “casera”. Este vínculo permite que el comprador tenga la seguridad de que reciben un buen producto: a precio y peso justo. Esa relación permite que la susceptibilidad de un posible engaño en medio de la transacción se disipe.
Sin embargo, en época de río revuelto, el comercio prioriza sus ganancias y esa relación entre el comprador y la caserita se ve socavada, de ahí que se requieran de agentes externos como la Intendencia y Defensa del Consumidor que restablezcan las condiciones mínimas para que el consumidor pueda adquirir productos básicos sin el riesgo de ser víctima de los especuladores.
