Nuevos bloqueos en ciernes
El inicio del proceso que debe conducir a la realización de las Elecciones Judiciales no anula la posibilidad de que se produzcan nuevos bloqueos de carreteras, similares a los que terminaron hace dos semanas luego de 16 de días de perjuicios económicos y sociales resultantes de la obstrucción de vías.
No, porque el conflicto que paraliza los debates en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que debe tratar nueve proyectos de ley: siete para la aprobación de créditos que interesan sobremanera al Gobierno y dos para poner fin a la prórroga inconstitucional de la cúpula del Órgano Judicial que exige el ala evista del Movimiento Al Socialismo y la oposición de derecha.
El tratamiento de esas iniciativas legislativas, lo mismo que la aprobación de la ya promulgada ley de convocatoria a las Elecciones Judiciales es parte del acuerdo que puso fin a los bloqueos ejecutados por los evistas entre el 22 de enero y el 6 de febrero.
El Gobierno y sus asambleístas leales exigen la sanción de las siete leyes que aprueban créditos para la ejecución de obras públicas, antes de aprobar aquellas referidas al fin de la prórroga de las máximas autoridades judiciales. La oposición —evistas, Comunidad Ciudadana y Creemos— reclama que el trámite legislativo de los proyectos en cuestión se lo realice en el orden inverso: primero el fin de la prórroga, luego la aprobación de préstamos.
El arcismo controla la Cámara de Diputados y el evismo, la de Senadores. Como la experiencia les ha enseñado, los opositores (todos) desconfían de la buena fe de los oficialistas y, seguramente, viceversa.
La solución a ese bloqueo legislativo parece que tendrá que resultar de la presión social ejercida por otros bloqueos, éstos en las carreteras. Es la opción que debatirá el viernes en Cochabamba el ampliado del Pacto de Unidad evista.
Es también el recurso que serviría al Gobierno para obtener la aprobación de las leyes que reclama. Hay señales que lo evidencian: entre el jueves y sábado últimos, los interculturales de Yapacaní obstruyeron la vía Santa Cruz-Cochabamba exigiendo la sanción de la ley que autoriza el crédito para la construcción de un tramo caminero en su región.
Y ayer, el Ministro de Obras Públicas lanzó la licitación para el mejoramiento y ampliación a ocho carriles del tramo Senkata-Apacheta, en la carretera La Paz-Oruro, cuyos recursos esperan la sanción de la ley respectiva en la ALP, reclamada también por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto que se declaró en emergencia.
Así, todo parece indicar que el conflicto que traba la acción parlamentaria se trasladará a otro escenario, con las previsibles consecuencias que eso implica. Mientras, el proceso para las Elecciones Judiciales está en marcha sin garantía alguna de que un recurso de amparo lo paralice, como ocurrió más de una vez el año pasado.
