La Participación Popular 30 años después

En términos políticos, cuando los imaginarios se resisten a convertirse en recuerdo, debemos buscar las razones del pasado preguntando al futuro, como diría Benedetti. Sobre la Participación Popular, compartiremos una sucesión de evidencias apelando a la paciencia del lector y a la generosidad de este medio que nos permite la reflexión.

Los antecedentes. Iniciamos con la Asamblea Constituyente de 1871 en la que ganó el unitarismo sobre el federalismo, 32 contra 20 votos. Sigue Andrés Ibáñez, 1876, la Revolución de los Domingos, 1891 y la Revolución Federal, 1899. El Memorándum de 1904 y el referéndum de 1931 en el que se aprobó la descentralización administrativa, suspendida por la Guerra del Chaco. La Revolución Nacional y los movimientos cívicos de la década del 50. En 1967 se constitucionalizó la Descentralización Administrativa en el Artículo 110 de la CPE, aprobándose después la Ley de Bases del Poder Ejecutivo (1970), de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo (1972), de Corporaciones Regionales de Desarrollo (1977), Orgánica de Municipalidades (1985), y Safco (1990).

Se produjeron eventos estratégicos. La Federación de Profesionales de Santa Cruz propició un debate sobre la descentralización (1982), el Primer Congreso Extraordinario de Comités Cívicos, en Sucre, apoyó el retorno a la democracia convocando al Congreso del 1980 y planteando la descentralización (1982), siguió el retorno a la democracia el 10 de octubre 1982 y los proyectos de ley sobre descentralización administrativa y gobiernos departamentales del Comité Pro Santa Cruz, 1983 y 1984, momento augural fue la convocatoria a elecciones municipales en 1984 realizada por el alcalde Óscar Barbery Justiniano que obligó a la elección general, la Jornada Santa Cruz 2000 (1986), la Ordenanza 22/90 del gobierno municipal de Santa Cruz (1990), el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Senadores (1992) y el Censo de población y vivienda del año 1992. A esta lista, se sumaban 22 proyectos de ley desde todo el abanico ideológico y que proponían la descentralización basada en los gobiernos departamentales. El oficialismo y la oposición, y luego la oposición y el oficialismo, no se ponían de acuerdo.

Los pensadores. Existían aportes de Ciro Felix Trigo, Pablo Dermizaky, José Ortiz Mercado, Percy Fernández, Sixto Fleig, Iván Seleme, Mario Cossío, Gabriel Peláez, Iván Finot, Marcelo Barrón, Carlos Dabdoub, Luis Ramírez, Ruben Ardaya, José Luis Lupo, Mario Galindo, Juan Carlos Urenda, Franz Barrios, Oscar Serrate, Sergio Antelo, Fernando y Julio Prado, Carlos Navia, Norah Soruco, José Mario Serrate, Gabriela Ichaso, Carlos Toranzo, además de propuestas del Ildis, Inidem, EMSO, con acompañamiento del PNUD, BID, BM, GTZ y Usaid.

La decisión política. El 20 de abril de 1994, la coalición del MNR, MBL, Mrtkl, UCS, aprobó la transferencia radical de poder a la ciudadanía, y recursos y competencias a la autonomía municipal como alternativa para destrabar el proceso de descentralización. El proceso era liderado por Gonzalo Sánchez de Losada, acompañado por Víctor Hugo Cárdenas, Fernando Romero, José Guillermo Justiniano, Buby Kreidler, Herman Antelo, Luis Lema Molina, Martha García, Ramiro Ortega, Gaby Candia, Freddy Teodovic, Sonia Montaño, Miguel Urioste, Antonio Araníbar, Javier Tórrez Goitia, Luis Ramiro Beltrán, Fernando Ruiz, Horts Grebe, Marilee Grindle, Max Fernández, Enrique Ipiña, el presidente de Senadores Juan Carlos Durán y Guillermo Bedregal de Diputados.

Los alfareros. La Unidad, luego Secretaría Nacional de Participación Popular, aglutinó académicos especialistas en las áreas de sus experticias a los que sólo se les pidió, sabiendo que conocían la realidad y el territorio, trabajar pensando en la gente, las Unidades de Fortalecimiento de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, ejecutaron la tarea en los departamentos. No conocemos otra experiencia en la administración pública que hubiera reunido personalidades disruptivas con esas condiciones de trabajo innovativo y libre, y con respaldo presidencial para realizarlo.

Los resultados. La Ley puso orden administrativo en el Estado y lo llenó de ciudadanía con el 42% de la población rural excluida y con el reconocimiento de todas las formas de organización social existentes. Amplió la jurisdicción municipal al ámbito urbano/rural dibujándose nuevos mapas y ajustando la población del Censo a los territorios, en una decisión sin precedente, transfirió a los municipios, acompañados de fiscalización social, el 20 % de los impuestos coparticipables, en un porcentaje que sigue siendo el más alto de América Latina, se asignó el 5% de los recursos nacionales a las universidades.

Desde el punto de vista fiscal, la transferencia del 100% de los impuestos de inmuebles y vehículos al dominio municipal exclusivo permitió el verdadero incremento de los ingresos propios de las ciudades capitales y El Alto, esa decisión ha permitido, aunque precariamente por la crisis actual, que las ciudades soporten hoy la migración desbordada y se enfrenten, sobre sus capacidades, a la modernidad urbana.

El futuro. Lo construido por la Ley de Participación Popular adquiere consistencia con lo que estamos viviendo, encontrando seis evidencias ordenadoras: 1) el 60% de la población es menor de 30 años, 2) en 2032, el 90% de la población viviremos en área urbana debiendo ajustar con el Censo del 2024, lo “originario indígena campesino”, 3) nuestro consumo es menor a nuestra capacidad de producción, por lo que debemos competir para ganar mercados internacionales, 4) tenemos que integrarnos a la conectividad y la Inteligencia Artificial en la era post industrial de la sociedad de la información, evidenciada durante la pandemia de Covid, las necesidades cotidianas y las soluciones encontradas nos obligan a incorporarnos conscientemente al cambio de patrón tecnológico mundial del siglo XXI. 5) el 80% de la población somos hoy clase media urbana, consumidores, oferentes, emprendedores, no dependientes de la burocracia, y, 6) para administrar el territorio y reajustar la autonomía, estamos profundizando la creación de nodos de ciudades intermedias.

“Nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena…” La frase de Borges, le da sentido a esta ocurrencia colectiva.

Los autores son ejecutivos del Cepad