Construir sin autorización

Son las alcaldías municipales que, en nombre del Estado, otorgan la autorización para la construcción de edificios independiente de su magnitud. La participación de esta autoridad competente es vital no sólo para garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas, sino también para proteger al comprador de departamentos y defenderlo de posiciones abusivas. Precisamente con esa idea en mente el Gobierno central aprobó el Decreto Supremo Nº 4732, que establece las regulaciones para prevenir prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura de inmuebles en propiedad horizontal, venta con reserva de propiedad u otras modalidades. Esta norma asegura una inversión libre de riesgos para los compradores, sino que también promueve un desarrollo urbano ordenado y sostenible.

El problema delictivo que envuelve a los constructores estafadores que no terminan sus obras está afectando a numerosas personas, generando preocupación en la vida cotidiana de quienes invierten sus ahorros en un departamento soñado, sólo para encontrarse con una estructura inconclusa y un sinfín de promesas vacías. Este tipo de fraude no sólo socava la confianza en el mercado inmobiliario, sino que también deja a familias sin hogar y con graves pérdidas económicas, creando un clima de incertidumbre y desprotección. Ahora todo parece tener lógica cuando recordamos que el Gobierno, en su afán de normalizar el mercado inmobiliario, tuvo que frenar una protesta popular abrogando el Decreto Supremo Nº 5143 que regulaba el registro de derechos reales, bajo el justificativo que se esta norma vulneraba el derecho de propiedad. 

Es que ahora las sospechas sobre la abrogación de este Decreto Supremo Nº 5143 y los insistentes pedidos para que corra la misma suerte el Decreto Supremo Nº 4732, recaen sobre el sector de la construcción informal e ilegal que alienta la desregulación del mercado inmobiliario, y que multiplica el drama devastador de los compradores estafados por constructores inescrupulosos, que viven del descontrol. Muchos ahorran durante años para comprar un departamento, y mal descubran que todo es una estafa: obras inconclusas, viviendas inhabitables, y lo peor, se encuentran sin recursos para recuperar el dinero invertido en una farsa. Es palpable la desesperación de familias enteras atrapadas en deudas y sin hogar. Esta situación es más grave de lo que uno se imagina y no mejorará por sí sola.

Son innumerables las obras civiles que se ejecutan en todas las ciudades del país sin planos aprobados, y muchas más obras ilícitas que cuentan con la vista gorda de las autoridades. Los Gobiernos municipales han fallado gravemente en abordar el problema de las construcciones ilegales. La falta de acción oportuna permite que estas obras avancen, resultando en beneficios clandestinos para los constructores inescrupulosos. ¿Cómo es posible que se permita tal abuso? La ineficacia en la vigilancia y paralización de estas obras no sólo promueve la ilegalidad, sino que también pone en riesgo la seguridad y los derechos de los ciudadanos, socavando la confianza en las instituciones.

Después de conocer que un afamado constructor fue detenido por la avalancha de delitos de estafa cometidos y también por legitimar ganancias ilícitas en las obras que construye, se han encendido las alarmas y han puesto a los municipios en la tarea de implementar un sistema de autorización de construcciones para garantizar transparencia y seguridad. Lo mejor sería que cada proyecto constructivo sea registrado y monitoreado en tiempo real, asegurando el cumplimiento de normas y evitando fraudes. Las alcaldías deben supervisar de manera eficiente y accesible todos los edificios, eliminando la corrupción y agilizando los procesos. 

Desde las instancias de regulación y control municipal se debería garantizar que sólo los proyectos viables reciban permisos, protegiendo a los compradores y promoviendo un desarrollo urbano ordenado y seguro. Sólo así podremos discriminar a los defraudadores que se aprovechan ilegalmente del esfuerzo y los ahorros de la gente decente.

El autor es abogado