Cerrar el Seprec para abrir empresas privadas

En tiempos de crisis económica profunda, uno esperaría que el Estado haga esfuerzos serios para reducir la burocracia y el gasto público superfluo. Sin embargo, la realidad en Bolivia muestra todo lo contrario: lejos de depurar la estructura estatal, se sostiene y hasta se fortalece, financiándose del bolsillo de los contribuyentes. Cada trámite se convierte en una pequeña fuente de ingresos para sostener una maquinaria que parece funcionar en su propio beneficio.

En teoría, el aparato burocrático debe estar al servicio del ciudadano, pero en la práctica ocurre todo lo contrario. No basta con pagar impuestos formales, sino que los bolivianos deben desembolsar dinero extra en una maraña de instituciones públicas que replican y duplican funciones, justificando cobros innecesarios por servicios ficticios. Esto se ve claramente en el universo de registros y regulaciones de actividades privadas, donde la fe pública –esa garantía de autenticidad del Estado– se convierte en un argumento para multiplicar sellos, firmas y pagos.

Un ejemplo claro es la Ley Nº 483 del Notariado, que asignó a los notarios la tarea exclusiva de otorgar fe pública a los documentos comerciales, y en esta instancia debería terminar el registro. Aun así, esos documentos no tienen plena validez si no atraviesan nuevas instancias de verificación en otras oficinas públicas. Se instala así un ciclo repetitivo y multiplicado en el que un mismo trámite genera varias oportunidades de cobro, bajo la idea de que cada institución “confirma” lo que otra ya certificó.

El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) es la muestra más visible de esta burocracia duplicada. Muchos de sus trámites exigen pasar primero por un notario que ya garantizó la validez del documento. Sin embargo, para darle fuerza legal definitiva, el usuario debe volver a pagar al inscribirlo en el registro de comercio. Esta duplicidad de pasos no solo encarece el proceso, sino que alarga innecesariamente la formalización de las actividades empresariales.

Un caso que ilustra bien este laberinto es la renovación anual de la matrícula de comercio. Paradójicamente, este registro repite el mismo Número de Identificación Tributaria (NIT) que otorga el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el cual ya certifica la vigencia de una empresa, en tiempo real y gratis. Pese a ello, cada año las empresas deben pagar entre Bs 260 y Bs 584 para confirmar una información que los notarios y la administración tributaria ya poseen y actualizan constantemente. De no hacerlo, se arriesgan a sanciones como la inactivación de su matrícula.

Este sistema no solo duplica datos, sino que fragmenta responsabilidades y confunde al contribuyente. Mientras el Seprec opera como custodio de la información mercantil, el SIN maneja los datos tributarios, y otras entidades como los entes gestores de salud o el Ministerio de Trabajo solicitan los mismos documentos. El resultado se simplifica en pagar varias veces por registrar lo mismo en diferentes oficinas públicas. Esta lógica convierte la fe pública en una mercancía que se cobra por cada ventanilla de trámites, que paradójicamente en todos los lugares públicos se denomina “única”.

La falta de interoperabilidad entre instituciones agrava el problema. El Seprec, por ejemplo, no cruza datos de forma efectiva con el SIN ni con la Dirección Nacional de Notariado Plurinacional. Así, el Estado termina recolectando la misma información una y otra vez, pero sin compartirla internamente. Más de una vez se ha propuesto eliminar la matrícula de comercio y dar prioridad al NIT como único registro válido para actividades empresariales. Esta medida permitiría simplificar la vida del contribuyente y ahorrar recursos al Estado. Sin embargo, la resistencia viene precisamente de quienes se benefician de esta cadena de cobros y trámites redundantes.

Lejos de optimizar servicios, se fomenta un circuito de cobros que sostiene salarios y gastos administrativos que bien podrían reducirse con un sistema más simple, digital y eficiente.

En definitiva, el caso del Seprec demuestra que la burocracia en Bolivia no solo existe para garantizar el orden legal y administrativo, sino que se ha transformado en una máquina de recaudación disfrazada de servicio público. Mientras no se rompa este ciclo, el ciudadano seguirá pagando dos o tres veces por certificar lo que ya está certificado, alimentando una estructura estatal que parece diseñada para servirse de la gente, y no para servirla.

El autor es abogado