6 de Agosto: la patria aún espera

A 201 años de independencia, Bolivia vuelve a mirarse al espejo. La imagen no es la de un país reconciliado consigo mismo, sino la de una nación profundamente dividida, donde la esperanza convive con el desencanto y las promesas de cambio duran menos que las campañas electorales.

Octavio Paz escribió que los pueblos, en determinados momentos de su historia, se vuelven sobre sí mismos para preguntarse quiénes son. Ese momento llegó otra vez para Bolivia. Después de ocho meses de gobierno de Rodrigo Paz, la pregunta ya no es qué país heredó, sino qué país está construyendo o pretende construir.

La herencia explica muchas cosas, pero no puede convertirse en una justificación permanente. Los gobiernos son elegidos para resolver problemas, no para describirlos ni reducirlos a discursos.

La economía sigue siendo el principal desafío. El dólar continúa prácticamente ausente del sistema financiero, mientras el mercado paralelo marca el precio real de la divisa. Las reservas internacionales siguen bajo presión y la incertidumbre se refleja en el bolsillo de los ciudadanos mucho antes que en las estadísticas oficiales.

A ello se suma la crisis de los carburantes. Las largas filas para conseguir diésel y gasolina dejaron de ser una situación excepcional para convertirse en parte de la rutina nacional. Transportistas que pasan días esperando combustible, empresas que reducen operaciones y productores que no pueden mover su mercadería son la expresión más visible de un problema que afecta a toda la economía.

Pese a ese escenario, el Gobierno insiste en hablar de inversión extranjera. Sin embargo, resulta difícil atraer capitales cuando persisten la inseguridad jurídica, la incertidumbre económica y la falta de reglas claras.

Aquí aparece uno de los principales errores del actual gobierno: apostar por el gradualismo.

Las grandes crisis económicas rara vez se resuelven con decisiones pequeñas. Rodrigo Paz todavía tiene margen para impulsar reformas de fondo, pero el tiempo juega en su contra. La experiencia boliviana demuestra que postergar las decisiones difíciles suele hacer más costosa la crisis. Víctor Paz Estenssoro enfrentó la hiperinflación con medidas drásticas; Hernán Siles Zuazo intentó administrar la crisis de manera gradual y terminó siendo superado por ella. La historia ofrece lecciones que ningún gobierno debería ignorar.

Pero la economía no es el único problema.

La seguridad ciudadana tampoco muestra avances importantes. El narcotráfico mantiene una fuerte presencia en distintas regiones del país y la delincuencia continúa creciendo. Mientras tanto, la reforma judicial sigue siendo una promesa pendiente. El ciudadano continúa desconfiando de jueces y fiscales porque el sistema mantiene los mismos problemas de siempre.

Y Evo Morales sigue libre.

No se trata de una discusión política, sino institucional. Ningún Estado fortalece su credibilidad cuando una de las figuras centrales de la crisis boliviana continúa desafiando públicamente a las instituciones sin consecuencias visibles.

A esa situación se suma una corrupción que parece sobrevivir a todos los cambios de gobierno. Cambian las autoridades, pero permanecen muchas de las mismas estructuras de poder y los mismos operadores que han vivido durante años del Estado.

Algo similar ocurre con el denominado "50/50". Lo que fue presentado como un mecanismo de equilibrio terminó siendo percibido como un reparto de cuotas políticas. La meritocracia volvió a quedar subordinada a los acuerdos partidarios.

Nada de esto significa desconocer el deterioro institucional heredado del evomasismo. El actual gobierno recibió un Estado debilitado, una economía frágil y una administración pública profundamente politizada.

Pero precisamente por eso las expectativas eran mayores.

Quienes llegaron al poder prometieron reconstruir las instituciones y recuperar la confianza ciudadana. Ocho meses después, los resultados todavía están lejos de esas promesas.

Conviene recordar hasta dónde llegó el deterioro institucional durante el gobierno de Evo Morales. Basta recordar el insólito episodio de agosto de 2018, cuando el oficial encargado de custodiar la medalla presidencial de Simón Bolívar la dejó dentro de un vehículo mientras ingresaba a un prostíbulo en la ciudad de El Alto. 

Delincuentes comunes aprovecharon la imprudencia y sustrajeron la mochila que contenía uno de los símbolos más importantes de la República. Más que un hecho policial, aquel episodio terminó convirtiéndose en una poderosa metáfora del nivel de descuido, improvisación y degradación institucional que caracterizó a esa etapa del país.

Hoy el problema es distinto. Ya no predomina el exceso, sino la falta de decisión. Hemos pasado de un gobierno que confundía poder con impunidad a otro que corre el riesgo de confundir prudencia con inmovilismo.

El principal desafío de Bolivia sigue siendo el mismo: liderazgo.

Durante años confundimos propaganda con gestión y autoridad con imposición. Ahora existe el riesgo de caer en el extremo opuesto y creer que gobernar consiste únicamente en administrar problemas sin resolverlos.

La historia no recuerda a los gobiernos por sus discursos. Los recuerda por las decisiones que tomaron cuando el país más las necesitaba.

Jorge Luis Borges escribió que "nadie es la patria, pero todos lo somos". Precisamente por eso ningún gobernante debería asumir que el voto ciudadano es un cheque en blanco.

A 201 años de independencia, Bolivia sigue esperando instituciones sólidas, una justicia independiente, estabilidad económica, combustible en las estaciones, dólares en los bancos y gobernantes capaces de tomar decisiones difíciles cuando las circunstancias lo exigen.

La patria sigue esperando.

Y este agosto vuelve a plantear una pregunta sencilla: ¿estamos reconstruyendo la República de Bolivia o simplemente estamos continuando con la administración de un Estado Plurinacional fallido con el mismo rostro del fracaso?

El autor es comunicador social