La apertura del INE
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado un paso importante hacia la transparencia y la consolidación de la confianza pública al convocar a una mesa técnica nacional para revisar los resultados del Censo de Población y Vivienda levantados el 23 de marzo de 2024. Este encuentro, programado para el 16 de septiembre, representa una oportunidad invaluable para que las regiones, universidades, alcaldías y otras organizaciones sociales involucradas analicen los resultados y, lo más importante, disipen cualquier duda que haya surgido tras la publicación de los datos el 30 de agosto.
Es evidente que el INE ha reconocido la importancia de involucrar a todos los actores en este diálogo técnico. La invitación a autoridades subnacionales, asociaciones municipales, universidades públicas y representantes de las brigadas parlamentarias es un claro indicio de que el instituto está dispuesto a someter su trabajo al escrutinio y a responder cualquier pregunta que se plantee. Además, el hecho de incluir a la comisión internacional que ha seguido el proceso censal añade una capa extra de legitimidad y objetividad a la mesa técnica.
Sin embargo, es igualmente claro que no todas las regiones quedarán satisfechas con los resultados. Las recientes objeciones de autoridades municipales de El Alto, La Paz y Santa Cruz, entre otras, dejan entrever que existen discrepancias importantes sobre cómo se aplicarán los resultados en la redistribución de recursos y escaños. Estas tensiones son comprensibles, dado que los datos censales tienen implicaciones directas sobre la asignación de recursos y representación política, temas de vital importancia para las regiones que sienten que han sido subrepresentadas o desatendidas. Las inconformidades son mayores cuando muchas de estas regiones habían previsto mediante sus propias encuestas (con base sólida o no) un mayor número de habitantes).
De ahí la importancia de la convocatoria del INE y de su compromiso de revisar los datos “uno a uno” en un espacio donde las regiones puedan cotejar versiones, hacer preguntas concretas y, en última instancia, buscar una respuesta consensuada que permita avanzar.
Aunque las diferencias pueden seguir latentes, el hecho de que el INE abra diálogo técnico es una oportunidad para reducir tensiones. Las amenazas de nuevas movilizaciones, especialmente en las regiones que han sido más críticas con los resultados, podrían disiparse si el proceso se lleva a cabo con transparencia y si los actores involucrados encuentran respuestas satisfactorias a sus dudas. En este sentido, la mesa técnica podría ser un mecanismo para garantizar que los aspectos técnicos prevalezcan por encima de los intereses políticos o regionalistas.
