Mesa dice que esperará a ALP sobre juicio por Quiborax: “No soy muy optimista”
El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, criticó hoy la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el expediente que pide la apertura de un juicio de responsabilidades en su contra, en el marco del caso Quiborax.
En ese sentido dijo que esperará la palabra de la ALP, pero que no es "muy optimista" por lo que vaya a decir el presidente del Senado, Alberto Gonzales.
"El Ministerio Público y el TSJ confirman que son un brazo ejecutor de este sistema de persecución que es criminalizar la política a través de procesos penales o juicio de responsabilidades, en mi caso, que sustituye a las ametralladoras, a los tanques", manifestó en un contacto con la prensa desde La Paz.
#LTahora@carlosdmesag "Lo que está haciendo el presidente Morales es una demolición de mi persona"
— Los Tiempos (@LosTiemposBol) 25 de julio de 2018
El exmandatario reiteró que la justicia obedece las órdenes del poder Ejecutivo, en este caso del ministro de Justicia Héctor Arce.
"La persecución política se disfraza con una búsqueda de transparencia que no existe y que no es otra que un linchamiento a través de un proceso judicial", expresó.
"Todo juicio implica cárcel"
En días anteriores, Gonzales dijo que "Mesa y sus seguidores pueden estar tranquilos" porque el juicio de responsabilidades "durará al menos dos años".
Al respecto, el exmandatario pidió a Gonzales que "sería bien que se entere cómo funciona el sistema penal boliviano".
"Todo juicio penal implica una condena con privación de libertad, cárcel. No es que yo lo diga o que me parezca, ese es el objetivo del juicio penal", remarcó.
Exministras defienden a Mesa
Esta jornada las exministras de Comunicación y de Defensa Legal del Estado, Amanda Dávila y María Cecilia Rocabado, respectivamente, salieron en defensa del expresidente.
Dávila calificó de "absurdo" pretender que Mesa pague los 42,6 millones por el caso Quiborax y que no debería ir a la cárcel porque actuó en defensa del país al revertir las concesiones a la empresa chilena "mafiosa".
Por su parte, Rocabado dijo que la firma era ficticia y operó cuatro años en esa condición, teniendo de por medio deudas por daños ambientales y un juicio tributario por un millón y medio de bolivianos, según Erbol.
Al respecto, Mesa manifestó que las declaraciones de las exministras del Gobierno son evidencias categóricas para demostrar las irregularidades y la pésima defensa del Estado boliviano en el caso.
"Este es el contexto vergonzoso que voy a enfrentar con la misma fuerza y entereza, como lo hice hasta ahora, no voy a bajar la cabeza y voy demostrar que los culpables son los que me acusan", concluyó.
Antecedentes
La empresa chilena Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.
Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.
En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Ciadi a Bolivia por 66 millones de dólares.
En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.
El Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y acordó un pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.
