A un año del fallo, Evo rechaza derrota y Bolivia no replantea política de mar
Cuando se cumple un año del fallo adverso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la demanda marítima, expertos en derecho internacional consideran que Bolivia no ha replanteado su política marítima y no ha iniciado el debate del futuro de la demanda centenaria, además observan que el Gobierno insiste en que el fallo no fue una derrota.
“Fue un rotundo fracaso para Bolivia”, “ha sido en todas sus partes”, además que se “puso un tercer candado a las aspiraciones de una salida soberana al mar que anhelan los bolivianos” y “no hay un mecanismo jurídico para revisar” el tema son las apreciaciones de los expertos en derecho internacional Víctor Hugo Chávez y Karen Longaric.
El 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia determinó, por 12 votos contra tres, que Chile no ha contraído la obligación de negociar un acceso soberano al mar con Bolivia.
En su momento, esta sentencia fue calificada como “el verdadero final de la Guerra del Pacífico” o “uno de los momentos más dramáticos de la historia” de Bolivia, por autoridades de Gobierno.
Longaric, en contacto con Los Tiempos, sostuvo que el fallo fue categóricamente negativo para Bolivia, porque dicha sentencia determinó que Chile no tiene obligación jurídica de negociar con Bolivia.
Empero, desde el fallo del 1 de octubre de 2018, el Gobierno de Morales minimizó la sentencia y relativizó las consecuencias del veredicto con fines de “política coyuntural”.
“La lectura forzada que el Gobierno y algunos asesores persisten en hacer del fallo del 1 de octubre, también del fallo que pronunció el 24 de septiembre de 2015, dice muy mal de los gobernantes y genera muy mala imagen para Bolivia, de esta renuencia de aceptar un fallo de la CIJ, del alto tribunal judicial internacional tergiversando el mismo”, señaló.
La experta aseveró que el Gobierno insiste en ver el fallo parcialmente en función de intereses políticos coyunturales, y “lo que es peor, no reconocen que la demanda fue un error jurídico y también un error estratégico”.
Se había dicho ya que la sentencia es una derrota jurídica, política, diplomática e histórica en toda la línea, indicó.
El estudioso Chávez señala que hay una falta de sinceridad del Gobierno con el país al no reconocer dignamente que el fallo del 1 de octubre de 2018 ha sido adverso en todas sus partes para Bolivia.
“De los ocho puntos planteados como demanda de controversia internacional, ninguno de ellos ha tenido asidero dentro del fallo de la CIJ, al extremo que la parte determinativa del mismo señala que Chile no tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia acceso soberano al océano Pacífico”, indica.
Chávez recordó que el 24 de septiembre de 2015, la administración gubernamental “hizo alharaca” sobre el fallo de admisión de la demanda y de rechazo de las cuestiones preliminares de incompetencia que planteó Chile.
“En ese entonces, en un tono incluso de alharaca, se sostuvo que ya se tenía más de la mitad del fallo a favor de Bolivia y lo único que faltaba era concluir el proceso, al extremo que el Presidente boliviano invitó públicamente a la representación chilena a que desista de cualquier actividad en el juicio, porque prácticamente consideraba que había ganado”, dijo.
Longaric, al respecto, refiere que cuando el Gobierno dice que el fallo reconoció que Bolivia nació con mar, ésa es una referencia histórica que Bolivia citó en su demanda judicial y que la Corte únicamente la refiere en la ratio decidendi, es decir en los considerandos.
Pero va más allá, porque afirma que durante el proceso en La Haya, Bolivia ratifica por segunda vez el Tratado de 1904. “En los actuados del proceso, Bolivia aseveró ante la CIJ que no cuestiona el Tratado de 1904, que dicho tratado está vigente y que Bolivia lo cumple plenamente”.
Esto, indica Longaric, ha significado que Bolivia ratifique por segunda vez la validez del Tratado de 1904 y esta vez ante un alto Tribunal de Justicia Internacional, con lo cual Bolivia no podrá objetar “jamás, nunca más, la validez de dicho tratado, y esta lectura es la que nadie quiere hacer, ni el oficialismo ni la oposición”, observa Longaric.
El legista Víctor Hugo Chávez, uno de los propulsores de la demanda en principio, pero con otros matices con los que impulsó la administración de Evo Morales, señala que con el fallo de La Haya, Bolivia está igual de lejos que antes para una salida soberana al océano Pacífico. Pero profundiza en su análisis y sostiene que además ahora una negociación con la nación vecina es mucho más difícil.
“El problema es que han obstaculizado cualquier forma de negociación con Chile, porque ahora Chile ya no solamente tiene a su favor el Tratado de 1904, sino también tiene el fallo por el cual no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia”, explica al indicar que en el momento de una posible negociación Chile hará valer esos argumentos.
“El Gobierno ha matado esta demanda y ha sido su responsabilidad, del Presidente, de la Cancillería en particular a través de la Diremar, de haber conducido una tan equivocada demanda a sabiendas que desde la base, desde el pueblo llano, nosotros les hemos ido recomendando que esa demanda estaba totalmente equivocada desde incluso su anuncio el año 2011”, manifiesta.
DATOS
Bolivia erogó $us 14 millones
El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, informó que la inversión en la demanda marítima contra Chile en la CIJ ascendió a 14.364.621 dólares, erogados entre 2011 hasta 2018.
En moneda local, fueron 99.977.765 bolivianos, de los que más de 33 millones fueron utilizados para la asesoría legal extranjera; 35 millones en salario del personal; publicidad y comunicación, 8 millones; pasajes y viáticos, 4 millones; alquileres, 3,5 millones; asesoría nacional y traducción, 2 millones; vocería (Carlos Mesa y equipo), 2,8 millones; equipamientos, 2,8 millones; servicios básicos, 1,6 millones; útiles de oficina, un millón; vocería de Tuto Quiroga y Jaime Paz, 710 mil, entre otros.
El Gobierno de Chile gastó, en el mismo periodo, 24,4 millones de dólares.
Sentencia de La Haya es un “tercer candado”
El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se ha constituido en un nuevo cerrojo en el camino de la reivindicación marítima boliviana. El internacionalista Víctor Hugo Chávez lamentó que se haya tergiversado el planteamiento que hicieron con su equipo jurídico, por lo que de ahí en adelante cuestionó la política del Gobierno.
Esta forma errónea de encarar la demanda, que ni siquiera era marítima, señala Chávez, complica la aspiración centenaria boliviana.
“(Ahora se tiene) un triple cerrojo, porque el primer candado es el Tratado de 1904, el segundo candado es el Tratado Perú-Chile de 1929, y éste es un tercer candado que lastimosamente ha sido tendido por el propio Gobierno al interponer una tan mal planteada demanda a sabiendas. ¿No sabían que el acto de promesa o supuesta promesa no tenía ninguna obligación?, porque Chile ha retirado esa su propuesta años después”, cuestionó Chávez.
Para el experto “no se hizo caso, se actuó soberbiamente, destruyó cualquier propuesta que no sea la que haya en esa línea y los resultados son los evidentes. Si hay alguien responsable de ahí es el equipo jurídico que ha impulsado esta demanda, el excanciller David Choquehuanca y los otros cancilleres, el ministro de Justicia, Hector Arce, y el equipo que ha acompañado esta demanda”, indica.
DETALLES
Anuncio de la demanda
El 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales adelantó que Bolivia demandaría ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para obligar a la nación vecina a negociar de buena fe una salida soberana al mar.
Admisión de la petición
A fines del mes de abril de 2013, el tribunal internacional admite la demanda contra Chile. Bolivia aseguraba que su demanda no pretendía cuestionar el Tratado de 1904, en cambio se originaba en las promesas incumplidas por Chile para resolver la demanda marítima.
CIJ se declara competente
El 24 de septiembre de 2015, la Corte se declaró competente para tratar la demanda planteada por Bolivia. Con 14 votos a dos, el alto tribunal internacional rechazaba la objeción chilena sobre su competencia en el litigio iniciado por Bolivia en 2013. Durante todo este proceso, el presidente Evo Morales buscó de manera incesante al papa Francisco para obtener el apoyo del Vaticano.
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Gobierno dice que fallo no pone fin a negociaciones
El secretario general de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón, manifestó que el fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia, el 1 de octubre del pasado año, no puso fin a la controversia con Chile relativa a la situación de enclaustramiento de Bolivia.
Recordó que si bien la CIJ concluyó que Chile no asumió una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia, su conclusión no debe entenderse como un impedimento para que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad.
“En este contexto, claramente se puede advertir que el fallo de la CIJ contiene determinaciones favorables a Bolivia que tendrán que ser tomadas en cuenta por las partes cuando exploren en el ámbito de la negociación diplomática una solución adecuada al enclaustramiento boliviano”, enfatizó.
La decisión de la Corte —acotó— no pone fin a las cuestiones que dividen a las partes, y éstas pueden explorar otras vías en aras de la paz y la armonía. Esta posición fue defendida por el presidente Evo Morales en la 74 Asamblea de la ONU, el 24 de septiembre pasado.
Bolivia debe replantear estrategia marítima
Pasado un año del fallo, ahora habrá que reinventarse y replantear la estrategia de reivindicación marítima, una tarea que hasta la fecha no ha sido encarada por el Gobierno.
Víctor Hugo Chavez señala que jurídicamente existe la posibilidad de plantear una nueva demanda, pero con el ambiente político internacional y el ambiente político interno de Bolivia va a ser muy difícil que en el mediano plazo por lo menos se pueda pensar en aquello.
“Existe la posibilidad de que ya atacando al Tratado de 1904 sin demandar su nulidad, pero atacando su inconsistencia Bolivia pueda demandar el territorio comprendido entre el paralelo 23 y 24 las islas y los islotes, la no cesión de soberanía, es decir una verdadera demanda marítima porque la que se interpuso no fue una demanda marítima, fue una de obligación de negociación”, indicó.
Karen Longaric sostiene que las únicas puertas que siempre hubo en realidad son la de la negociación, que es un mecanismo político y diplomático.
“No hay mecanismo jurídico capaz en este momento de abrir la posibilidad de revisar ni el Tratado ni la posición de Chile a través de un trámite judicial; la única vía siempre ha sido la vía diplomática”.
