11 cambios de autoridades en medio de denuncias marcan gestión de Áñez

Al menos 11 altas autoridades fueron destituidas y salieron del Ejecutivo en medio de denuncias de corrupción y escándalos en los últimos cinco meses. Sólo en la semana que termina, dos ministros, un director y un presidente de YPFB fueron removidos por presuntas irregularidades, golpeando la gestión de Jeanine Áñez, que debe afrontar la crisis sanitaria por la pandemia (ver infografía).

En el Gabinete, el primer cambio fue el del exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, luego vino el escándalo de la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga, el cambio en medio de denuncias de la ministra de Educación, Virginia Patty, y la destitución del titular de Desarrollo Rural, Samuel Ordóñez.

A ellos se sumó la salida y retorno del titular de Defensa, Luis Fernando López, y los dos últimos cambios: de Wilfredo Rojo por Oscar Ortiz, en Desarrollo Productivo, y de Carlos Fernando Huallpa por Fernando Vásquez, en Minería.

Pero los problemas no sólo se sintieron en el Gabinete. Los cambios en las principales empresas estatales y en el Fondo de Desarrollo Indígena estuvieron rodeados de denuncias.

La destitución del presidente de YPFB, Herland Soliz, por presuntos actos de corrupción, la posesión de dos ministros y la destitución de Rafael Quispe son considerados como una “cortina de humo” por un analista para distraer a la gente sobre las denuncias surgidas en pasadas horas.

Entre los cuestionamientos en YPFB están la compra de combustible, sin licitación a nombre de emergencia, por un valor de 160 millones de dólares y la compra de seguros por 49 millones de bolivianos.

Otro de los casos llamativos fue el de Boliviana de Aviación (BoA), que fue blanco de varias críticas por el cierre de varias rutas domésticas, la presunta intención de boicot a la línea bandera para favorecer a Ecojet, entre otros.

Juan Carlos Ossio fue objeto de duras críticas hasta la exigencia de que presente su renuncia por mandato de Áñez.

Ante la negativa fue destituido y se posesionó a Carlos Eduardo Scott Moreno como nuevo gerente de BoA.

Otra de las empresas denominada estratégicas, Entel, fue objeto de serias controversias.

Elio Montes fue destituido del cargo de gerente general bajo serias denuncias de corrupción, además de insinuar que éste era una cuota de Luis Fernando Camacho, como una forma de liberar de culpa a Áñez.

Cabe señalar que estos cargos de dependencia directa del Ministerio de Obras Públicas son designados por la presidenta Jeanine Áñez mediante resolución suprema.

Para el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, estos cambios son producto de crisis políticas, “de conductas que están contrarias a lo que tanto se rechazó y se resistió en 14 años del MAS”.

Esta crisis —señala— no es producto de la intervención de sectores opositores u otros actores políticos, por el contrario vienen desde el interior de la administración de Áñez.

“Si uno analiza los casos, YPFB sigue sumergido en cuestionamientos ciudadanos sobre el manejo de los recursos y el manejo poco transparente de la empresa principal del Estado, cuando uno mira la conducta de los gobernantes que detentan poder político y de primera línea, uno ve una conducta arraigada”, señala.

El diputado Luis Felipe Dorado (UD) manifestó que esta gestión podía haberse diferenciado de la de Evo Morales, marcada por la corrupción, pero no lo hace y que hay gente, en el caso de YPFB, que busca justificar algo poco creíble.

Según uno de los entrevistados, que prefirió guardar reserva, sostiene que los cambios son una distracción, pero que muestran una misma tipología de conducta que el MAS.

“En el análisis es que hay una conducta estructural en el Gobierno. Es decir, siguen con la conducta arraigada del MAS, están con una conducta abusiva del poder, cuando miramos gente allegada al socialismo, al expresidente Evo Morales que cometía abuso de poder sobre los bienes y recursos”, señala.

A esto acota Santistevan que es lo mismo que está sucediendo en este momento con los casos de viajes en aeronaves del Estado de personas particulares, como sucedió con una miss y el hijo de una diputada amiga de la Presidenta. “La Presidenta no es cualquier persona, es su hija la que está en entredicho cuando miramos este tipo de conducta, cuando miramos que no hay una autocrítica”.

“Lamentablemente, cuando hay algún acto que puede considerar ilícito, no hay una actuación”, agregó.

RAFAEL QUISPE CEDE A PRESIONES

Tras recibir presiones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que lo denunció públicamente, finalmente el director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, renunció al cargo y dijo que hará entrega de su despacho el lunes.

El 12 de abril pasado, Murillo pidió públicamente que Quispe renuncie porque éste supuestamente había violado la cuarentena.

PUGNA DE PODER AL INTERIOR DEL GOBIERNO

REDACCIÓN CENTRAL

Al interior del Gobierno hay pugnas internas de grupos de poder, la corrupción de corte populista en la era del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha trasladado a estos sectores, señala el abogado constitucionalista José Luis Santistevan.

De acuerdo con el análisis, el MAS destruyó la institucionalidad del Estado y cooptó los órganos del poder público, y este hecho debe ser resuelto, pero con un gobierno transitorio será difícil.

“Ahora es el tránsito de una administración corrupta de corte populista a una administración pública con altos índices de corrupción, pero de grupos de poder”, sostiene.

Lo que ocurrió durante el gobierno del MAS es que entonces se tenía un grupo estructurado que manejaba todo este aparato, pero ahora es diferente porque los Demócratas no son un sistema estructurado.

“Producto de ello es que, cuando salen este tipo de denuncias de corrupción, no se busca una sanción, sino que se pregunta quién lo ha puesto o de quién es la cuota”, indica Santistevan.

Como ejemplo se tiene a lo que sucedió con el primer cambio en su gabinete, el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, que no salió bien de su despacho, pero además se dijo que era cuota de Fernando Camacho.

Lo mismo ocurrió con la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga, que también salió con problemas de ese despacho, pero se supo que era cuota de Camacho.