Decreto establece que la Policía es el primer anillo de seguridad de Áñez
La seguridad de la primera autoridad del país es un intenso tema de debate y que llevó a algunas disputas entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Más allá de la capacidad, primó la confianza en los últimos años. El expresidente Evo Morales tuvo a unos 200 militares para resguardarlo, y ahora Jeanine Áñez determinó que sean policías los miembros de su primer anillo de seguridad.
El expresidente Morales tuvo a la Policía resguardando su seguridad hasta 2016. En aquel tiempo, el ministro de Gobierno era Hugo Moldiz.
Sin embargo, en varias oportunidades, Morales expresó su desconfianza en la Policía, pues consideraba que podían traicionarlo. La postura del exmandatario se convirtió en hecho el 21 de diciembre de 2016, cuando promulgó el Decreto Supremo 3028. La norma creó la Unidad de Seguridad de Dignatarios de Estado (USDE).
La USDE tenía 200 militares que debían resguardar la seguridad de Morales y la del vicepresidente Álvaro García Linera. Un miembro de las Fuerzas Armadas señala que este grupo de militares no rotaba cada dos años, como sugiere la norma. La gran mayoría resultaron ser fieles al expresidente.
Ante esta situación, la actual presidenta del Gobierno transitorio, Jeanine Áñez, decidió disolver ese grupo y poner su seguridad en manos de los policías. Esto ocurrió casi de manera inmediata en noviembre de 2019, luego de la renuncia de Morales y la sucesión constitucional.
Pero aún no se tenía la norma que diera un respaldo legal a esta determinación. El jueves 4 de junio, finalmente Áñez promulgó el Decreto Supremo 4258.
El artículo dos de este documento señala la creación de la Unidad de Seguridad de Dignatarios (Usedi). La norma especifica que la Policía se encargará no sólo de resguardar a la presidenta, sino también a los presidentes de las dos Cámaras que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional y los mandatarios que lleguen del exterior.
Según la Constitución Política del Estado (CPE), el primer mandatario de Bolivia funge como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un militar retirado señaló: “En la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, artículo uno, dice que las FFAA son el sostén de la vigencia de la CPE de las democracia y de los derechos y garantías ciudadanas. En este caso, con mayor razón se protege directamente al presidente del Estado”.
Sin embargo, otro miembro de las FFAA considera que no debe ser una pelea interna entre instituciones, sino una decisión presidencial.
Ambas personas, que prefirieron mantener su nombre en reserva, coincidieron en que, más allá del entrenamiento, se trata de la confianza.
“Depende de los mandatarios. No debe ser una pelea institucional. Nuestra misión es dar seguridad al Estado”
MILITARES NO HICIERON LA ROTACIÓN
El expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera tenían un grupo de 200 militares para su seguridad. Ellos entrenaban y se formaban sólo para esta labor, a pesar de que la norma de las FFAA indica que debe rotar.
Un miembro cercano al expresidente contó que Morales buscaba siempre estar rodeado de personas de su entera confianza. Por este motivo, pasó por encima de la norma y solicitó que su seguridad no haga la rotación de dos años que correspondía.
DOS SEGURIDADES Y DISPUTAS HISTÓRICAS
REDACCIÓN CENTRAL
Existen dos tipos de seguridad que preservan tanto al presidente del país como a las instituciones que son la representación del Estado. Una de ellas puede ser elegida por la primera autoridad, pero la otra no.
La Seguridad Presidencial corresponde al resguardo de la vivienda donde reside el primer mandatario, ubicada en la zona de San Jorge, en La Paz, y también al Palacio Quemado. En ambos casos, son los Colorados de Bolivia los encargado de velar por esas infraestructuras.
Ellos no pueden ser removidos y no es una decisión de la presidencia de turno; está establecido en las normas del Estado.
Por otro lado, se encuentra la Seguridad del Dignatario. En este caso sí se puede disponer de la Policía o las Fuerzas Armadas, según demande quien dirija a la nación en ese momento.
Se trata de un puesto que suele estar disputado entre ambas instituciones.
Uno de los momentos más oscuros de la historia entre ambas instituciones fue el febrero negro de 2003. Policías y militares se enfrentaron con armas letales y no letales a raíz de un levantamiento de la población por el impuesto al salario que buscaba imponer el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El hecho cobró la vida de 31 personas y, a la fecha, se sigue recordando este episodio de violencia en la historia de Bolivia.
