Senkata: imputan a un general; éste dice que fungía un cargo civil en 2019
La abogada del general jubilado Luis Fernando Valverde Ferrufino señaló que su defendido no era parte activo del ejército el 15 de noviembre de 2019, cuando se dieron los hechos violentos en Senkata en la ciudad de El Alto, por lo que no pudo haber ordenado ninguna intervención militar contra los movilizados.
Recordó que el militar en servicio pasivo, en ese momento, ocupaba como civil la dirección ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y “tenía la función de reabastecer de combustible a La Paz”.
La abogada Odaliz Mariño realizó esas aseveraciones en referencia a la imputación emitida el 4 de enero pasado, pero que fue dada a conocer ayer por el Ministerio Público, en contra del general de Ejército por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves presuntamente cometidos durante los conflictos registrados el 19 de noviembre de 2019 en inmediaciones de la Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata, en los que fallecieron 10 personas fallecidas y 31 resultaron heridas.
“Durante la investigación preliminar, se encontró los suficientes elementos de convicción que hacen presumir que el general Luis F. V. F. es con probabilidad autor de los delitos investigados. Por ello, la Fiscalía emitió la imputación por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, ahora queda esperar que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares donde pediremos la detención preventiva del sospechoso en el recinto penitenciario de El Abra de la ciudad de Cochabamba, ya que el imputado tiene su domicilio en esta ciudad”, informó ayer el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.
De acuerdo a la relación de los hechos, expuestos por el fiscal en la rueda de prensa, el 19 de noviembre de 2019, aproximadamente a horas 10:30, se ejecutó un operativo policial-militar para el reabastecimiento de combustible en las ciudades de La Paz y El Alto desde la planta YPFB, en Senkata, hasta el Regimiento Ingavi de la urbe alteña; sin embargo, cuando las cisternas se encontraban en camino, “se presume que el general Luis F. V. F. ordenó que seis mecanizados blindados que escoltaban a las cisternas regresaran a la planta de YPFB de Senkata donde se producía una protesta de manifestantes”.
Una vez en el lugar, los mecanizados blindados, cuatro de la Armada Boliviana y dos del Ejército, cada uno con nueve a 10 militares dentro, reforzaron el contingente militar que se encontraba al interior de la planta. Posteriormente, se presume que los militares, “bajo orden jerárquica y aquiescencia de sus superiores, habrían reprimido a la población civil con armamento y munición letal”.
“El general del servicio pasivo, pese a estar retirado, da la orden para que los vehículos vuelvan, y es donde se producen los disparos”, dijo el Fiscal.
Al respecto, la abogada del militar imputado insistió en que Valverde fungía un cargo civil y, por tanto, no podía dar una orden a los militares. Además, recordó que las pericias establecieron que las víctimas murieron por impacto de bala calibre 22, arma no utilizada por la Policía ni las Fuerzas Armadas (FFAA).
Dijo que ya presentaron un incidente de actividad procesal defectuosa, para solicitar la nulidad de la imputación formal —emitida el 4 de enero pasado—, ya que ésta tendría vicios procesales con defectos absolutos. Y que esperaban que este incidente sea resuelto en los próximos días, antes de la audiencia cautelar.
GIEI se entrevista con las presuntas víctimas
Por segundo día, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) escuchó ayer los testimonios de las presuntas víctimas de los hechos violentos de noviembre de 2019 en Senkata.
El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, declaró que se brinda plena garantía a las víctimas y familiares para mantener total confidencialidad sus testimonios “si así lo solicitan”.
“Hasta ahora persiste el recelo y hasta temor de quienes han sido víctimas o testigos de la masacre porque durante el anterior gobierno hemos sufrido amenazas del exministro de Gobierno (Arturo Murillo)”, señaló el representante de Derechos Humanos de El Alto y de las víctimas, David Inca.
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