Conozca los argumentos de la Fiscalía para solicitar la detención preventiva de Áñez y sus exministros

El Ministerio Público solicitó este domingo la ampliación de imputación contra la expresidenta Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Álvaro Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

Con ese fin, pidió la detención preventiva por seis meses de Guzmán y Coímbra en la cárcel de San Pedro de La Paz y, en el caso de Áñez, en el Centro paceño de Orientación Femenino de Obrajes por probabilidad y autoría, peligro de fuga y obstaculización, según documentos oficiales a los que tuvo acceso la Agencia Boliviana de Información (ABI).

"De acuerdo al proceso aperturado y los elementos de convicción colectados en la investigación preliminar y la etapa preparatoria, se tiene que existen suficientes indicios que permite al Ministerio Público tomar convicción de la existencia de hecho delictivo y la probable participación del imputado, por lo que el Ministerio Público en representación de la sociedad conforme a los Arts. 301 Inc 1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, Art.40 de la L.O.M.P., por los que encontrándose en calidad de aprehendidos los imputados y ante su declaración informativa policial ampliatoria presentamos ampliación de imputación formal", informa la Fiscalía en un documento enviado al juez de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz.

Los argumentos

La ampliación de la imputación contra las tres exautoridades se concreta en el marco del proceso investigativo del caso presentado por Lidia Patty Mullisaca, exlegisladora del Movimiento Al Socialismo, quien denuncia los delitos presuntamente cometidos. Además, la Fiscalía toma en cuenta una declaración informativa de Ana Teresa Morales Olivera en calidad de testigo.

La denunciante involucra a los ciudadanos Arturo Carlos Murillo Prijic, Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastro Mendieta Ferrufino, Jorge Elmer Fernández Torranzo, Yerko Núñez Negrete y Luis Fernando López Julio.

Según el Ministerio Público, hay indicios de que los denunciados están involucrados en actos sediciosos y conspirativos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como consecuencia de las elecciones presidenciales de 2019 y la demora de la publicación de los resultados por parte del Órgano Electoral Plurinacional.

Hace mención a que Fernando Camacho es uno de los principales impulsores de hechos ilegales como la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que evitaron la continuación del conteo oficial de votos hace dos años en complicidad de José Luis Camacho Parada, Sergio Carlos Orellana Centellas, Flavio Gustavo Arce, San Martín, Bladimir Yuri Calderón Mariscal y Williams Carlos Kalimán Romero, acciones que provocaron el golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales.

"Estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados impidiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna y que sus directivas camarales actúen normalmente, más por el contrario, las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar", se lee en el documento de ampliación de imputación del Ministerio Público.

Añade lo siguiente: "De esta manera posibilitaron que la Segunda Vicepresidenta del Senado (Jeanine Áñez) asumiera la Presidencia de nuestro país de una forma amañada, los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Áñez Chavez y un grupo de personas antes de la posesión, entre ellos Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (posteriormente posesionados como ministros) y otros, que han promovido, creado, dirigido, formado parte y prestado apoyo por organizaciones denominadas 'autoconvocados por Camacho' destinada al quebrantamiento del orden constitucional con la ayuda y apoyo de las FFAA y la Policía Boliviana".

Peligro de fuga y obstaculización

En el caso de Jeanine Áñez Chavez, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, quienes se encuentran aprehendidos en La Paz, el Ministerio Público solicita la detención preventiva. Presume, en base a indicios, peligros de obstaculización a las investigaciones y de fuga.

La Fiscalía sostiene que Guzmán y Coímbra no cuentan con un domicilio conocido, debido a que los datos personales obtenidos en sus declaraciones informativas policiales no coinciden con sus fichas del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

"En relación a los imputados Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo no se tiene acreditado qué actividad desarrollan y dónde, por lo que concurre el riesgo de fuga", asegura.

También, hace mención a que cuando se ejecutó el orden de allanamiento contra Áñez, la expresidenta no se encontraba en su vivienda, por lo que toma como evidencia que no cuenta con un domicilio habitual.

"La imputada Jeanine Áñez Chavez se encontraba realizando actos preparatorios de fuga, siendo que se cuenta con las grabaciones del condominio Solaris donde se evidencia la forma que huyó de un domicilio que señaló, abandonando por propia voluntad el mismo, con el fin de eludir las órdenes de aprehensión que se emitieron en su contra", añade.

Hace mención a que el certificado e informe de flujo migratorio de las tres exautoridades registra salidas al exterior y cita los países de Perú, Argentina, EEUU, Brasil, Panamá, Paraguay y España.

"Finalmente, en relación Art. Inc. 3) del C.P.P. modificado por la Ley 1173, en representación de la sociedad por mandato legal y ante la existencia de los tres presupuestos legales: probabilidad de autoría, existencia de riesgos procesales (peligro de fuga y obstaculización) y la necesidad de la aplicación de la medida extrema conforme al art. 231 Bis. Inc. 10), como extrema medida de última ratio se impetra la aplicación de medidas cautelares de carácter personal consistente en la detención preventiva de los imputados Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo en el centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y para Jeanine Áñez Chávez en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes de La Paz", indica el Ministerio Público.