Gobierno deja la reforma judicial y prioriza juicios a exautoridades
Durante las últimas semanas, el Gobierno mantuvo en agenda el tema del presunto “golpe de Estado” a través de sus portavoces, entre ellos el ministro de Justicia, Iván Lima, y el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. Bajo este panorama, analistas consideran que el trabajo de reforma judicial se paralizó.
El presidente Luis Arce planteó, citado por La Razón, como un pilar de su gobierno “acabar con un sistema corrupto, ineficiente y sometido a los poderes políticos” en cuanto a la justicia. En la misma línea, en noviembre de 2020, Lima anunció el tratamiento de un conjunto de normas de emergencia con el objetivo de desarrollar una reforma que permita transparencia, accesibilidad y prontitud en la administración de justicia.
Entonces se conformó un “consejo de notables”, integrado por juristas reconocidos, con el objetivo de abordar al menos tres temas principales de la reforma para que sean sometido a voto popular: la elección de jueces por voto popular “garantizando su independencia”, garantizar una carrera judicial independiente de jueces imparciales y determinar el rol del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Supremo de Justicia.
En febrero de este año, Lima reconoció que el proceso de reforma judicial estaba en pausa, pero no era “un fracaso”, tras confirmarse el alejamiento de Eduardo Rodríguez Veltzé del “consejo de notables”.
La reforma prevista para presentarse en las elecciones subnacionales de marzo fue postergada. A más de seis meses, no existen acciones concretas. “El ministro de Justicia inició su gestión anunciando la reforma de justicia, pero ha archivado esa reforma y está dedicado a enarbolar este estandarte del ‘golpe de Estado’. El tema fundamental se ha postergado, el de la profunda crisis de la justicia”, observó el jurista Juan del Granado.
Tanto Lima como Chávez, hacen énfasis en el argumento del Gobierno y se constituyeron en portavoces para imponer la teoría del presunto “golpe”a través de la emisión de sentencias anticipadas de lo sucedido.
Por otro lado, se observó intenciones de grupos del MAS de mantener el sistema actual de justicia, por tener “operadores internos” funcionales a los gobiernos de turno, señaló en su momento el jurista Williams Bascopé a Página Siete.
Por su parte, el ministro de Justicia sostuvo en conferencia de prensa que esta cartera de Estado continúa impulsando “todas las leyes” presentadas ante el legislativo, entre ellas, el anteproyecto de reformas a la Ley 025 del Órgano Judicial, que está en tratamiento pendiente en la Cámara de Diputados.
LEY 348 CONTINÚA “EN SOCIALIZACIÓN”
El ministro de Justicia, Iván Lima informó que terminó la fase de discusión de la propuesta de modificación de la Ley 348 en seis departamentos. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz quedan pendientes.
“Estimo que el mes de julio vamos a presentar el proyecto de reforma de la Ley 348. Este proyecto es parte de las labores del Ministerio de Justicia, todas las leyes vamos a seguir impulsándolas”, manifestó.
DIPUTADOS APRUEBAN LA LEY QUE CREA “COLABORADOR” EN CASOS DE CORRUPCIÓN
REDACCIÓN CENTRAL
La Cámara de Diputados aprobó la madrugada del viernes el anteproyecto de la Ley 208 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción. La normativa pasará al Senado para su consideración luego del receso parlamentario.
Esta ley “tiene por objeto fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’, del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal” con el fin de “efectivizar la recuperación del patrimonio afectado del Estado”.
“Se va a entender como mejora de nuestro sistema de lucha contra la corrupción. Lo que está ocurriendo en el país es un pedido de la población a que tengamos más vacunas, respiradores, educación, carreteras y la corrupción se lleva dinero que afecta el interés público”, explicó el ministro de Justicia, Iván Lima.
En la ley, indicó, hay 21 delitos en los que se modifica la pena; en ocho delitos se sube la pena, por ejemplo, la retardación de justicia, prevaricato de jueces y fiscales, y en cinco casos se baja la pena de 10 a ocho años.
Además, se incorporó el delito de tráfico de influencias, “es el tipo penal base y es uno de los temas en discusión”, acotó.
También se crea la figura del denominado “colaborador eficaz”, que surge cuando el fiscal “solicite al juez que se prescinda de la acción penal, en materia de corrupción, respecto de alguna de las personas imputadas, cuando ésta colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar la consumación del hecho o la perpetración de otros”, según señala el anteproyecto.
“El proyecto de ley será una norma que no busca la impunidad, más bien, es todo lo contrario, es una norma que busca una justicia eficaz y eficiente”, sostuvo Lima.
