Murillo se declara “no culpable” en EEUU y espera su sentencia
Arturo Murillo, exministro de Gobierno, se declaró ayer “no culpable” de los delitos de pago de sobornos y lavado de dinero por los que lo acusan en Estados Unidos. Se prevé que entre siete y 15 días se desarrolle la audiencia con jurados y en la que también se dictará sentencia.
La información la dio a conocer el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien dijo que la decisión de declararse “no culpable” es personal y podría ser revocada también de manera personal por su defensa y por el mismo acusado.
También está previsto que, entre este mes y enero, el resto de los cómplices de Murillo reciban sentencia.
Sergio Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld se declararon culpables de los mismos delitos por los que se acusa a Murillo. “Arturo Murillo debía responder si se declaraba culpable o no culpable. Él ha decidido, en consulta con su defensa, declararse no culpable”, informó en rueda de prensa.
En la audiencia de este miércoles, Bolivia participó de forma presencial y fue representada por sus abogados y el Encargado de Negocios en el país de norte. “Tenemos también una información general que la audiencia de juicio, de persistir en esa posición el señor Murillo, estaría programada en los siguientes siete a 15 días, que es un plazo razonable, para señalar la audiencia de juicio con jurados”, añadió Chávez.
Detenido desde mayo en Estados Unidos, la exautoridad se encuentra acusada por los delitos de lavado de dinero y recibir soborno a cambio de direccionar una contratación para la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal para Bolivia a la empresa Bravo Tactical Solutions.
Chávez añadió que el 18 de enero de 2022, cerca de las 16:00, hora de Bolivia, se dará a conocer la lectura a la sentencia de los cuatro coimputados que se declararon culpables anteriormente.
Pérdida de $us 2,3 millones para el país
El caso que implica a Arturo Murillo data de finales de 2019 e inicios de 2020. Murillo, el exministro Luis Fernando López y sus cómplices pagaron sobornos para la compra de gases lacrimógenos mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS).
Dicha empresa pagó $us 3,3 millones por los gases a la brasileña Cóndor y luego vendió este material al Estado boliviano en $us 5,6 millones. Con esta compra y venta, se hizo al país un daño económico de $us 2,3 millones.
Todo el dinero robado fue transferido a un banco de Estados Unidos y luego retornó a las cuentas particulares de todos los involucrados.
