Narcos operan en Bolivia a través de clanes y emisarios de los cárteles

En las últimas semanas, un nuevo episodio puso en escenario que en Bolivia el narcotráfico gana terreno. La detención del exdirector nacional de la  Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn),  Maximiliano Dávila,  requerido por la justicia estadounidense por actividades relacionadas con el tráfico de drogas, reconfirma que la presencia de este ilícito en el país no es solo con laboratorios o el tráfico a través de redes, sino que tiene presencia en instituciones del Estado. 

Pese a esta situación, autoridades nacionales no reconocen la presencia de cárteles de narcotráfico en territorio boliviano y dejan a un lado los informes de la Policía que establecieron un plan de seguimiento a integrantes del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), ambos de Brasil, y a miembros de los organizaciones colombianas de Medellín y del Norte del Valle.

También detectó la presencia de los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Tijuana. 

“No son cárteles establecidos con un control territorial, aquí hay una megafactoría que es el ‘cártel Chapare’ y lo que hay son narcos que circulan, vienen, van, y finalmente así como se exporta la droga, también hay personas que vienen a comprarla”, señaló el investigador y representante de Conade, Manuel Morales.

Las investigaciones de los ilícitos vinculados al narcotráfico y que ligaron a Dávila fueron desarrolladas por la DEA, que no esté presente en Bolivia, y desde otras regiones. Estas permitieron identificar a bolivianos involucrados en una organización criminal.

El exdiplomático Jaime Aparicio Otero indicó que la detención del exjefe antidroga Dávila, requerido por Estados Unidos, solo se constituye en el hilo que pondrá en evidencia las operaciones de organizaciones criminales transnacionales, y un claro ejemplo es la reciente muerte de dos capos de la droga en Santa Cruz.

Las dos personas asesinadas por sicarios, una en San Matías y otra en Santa Cruz, el 19 y 21 de enero, eran ciudadanos brasileños.

Everton Cándido Gomes da Silva fue acribillado con 17 disparos en San Matías, y Marciel Ribeiro de Oliveira recibió 11 impactos de bala en una vía pública de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según datos, Gomes da Silva tenía 17 procesos en tribunales brasileños y era jefe de un grupo de narcotraficantes.

A su vez,Ribeiro era considerado uno de los mayores narcotraficantes del estado de Goiás; se lo identificaba como “el narco de la ostentación”.

“Estamos viendo que en el caso de Brasil es evidentemente por la cercanía, por la frontera están viniendo a Bolivia a comprar y a traficar droga desde aquí, básicamente sería una fase de comercialización, la producción está en manos locales, pero como estos son narcotraficantes ostentosos ya están en la fase de exportación que genera mucha plata”, dijo Morales.

Agregó que estos hechos  son por ajustes de cuentas y que ponen en evidencia que muchos delincuentes extranjeros viven de manera legal en el país, con documentos de identidad tramitados en el Servicio General de Identificación Personal.

“Son personas que son perseguidas en sus países, pero en el lado boliviano absolutamente se paseaban como por su casa, no hay control de seguimiento”, sostuvo.

Anteriormente, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que los cárteles de Brasil y Colombia envían emisarios a Bolivia, pero que eso no significaba que se hayan instalado en el país.

Denuncia

En febrero de 2020, la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, afirmó que grupos irregulares de México, Colombia, Brasil y Perú operaban en Bolivia.

En la oportunidad, lamentó que la administración de Evo Morales permitiera la incursión de cárteles en el país, por lo que sostuvo  que Bolivia se convirtió no solo en un país de tránsito, sino en un territorio donde operan redes dedicadas a lo ilícito.

“Aquí se han construido redes donde opera un complejo grupo de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, y que nuestro sistema de inteligencia nacional y la comunidad de inteligencia internacional han podido identificar.

Entre estos grupos estaban el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando de Vermelho (CV) de Brasil.

Además, indicó que se identificó al Cartel de Sinaloa y los Zetas  de México, Sendero Luminoso de Perú y mafias rusas. De Colombia, el cártel del Norte del Valle, las autodefensas campesinas de Casanare y elementos residuales de las Fuerzas Armadas Revoluciona de Colombia (FARC).

En ese panorama, se ha establecido que “Bolivia no es sólo un país de tránsito de drogas, sino también una nación productora de coca y cocaína”.

Sin embargo, en 2016, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que “no somos productores ni consumidores”.

Un informe del Grupo Prisma da cuenta que, incluyendo al ministro de Gobierno actual, Eduardo del Castillo, anteriores autoridades han sostenido públicamente que Bolivia, de ser un país productor de materia prima, ha pasado a ser un país productor y de tránsito de drogas, con rutas de salida de estas sustancias hacia Argentina, Chile y Brasil y desde allí al resto del mundo.

Gobierno 

De acuerdo con el periodista Carlos Valverde, en contacto con Cuarentena Política 2.0, la coca le dio la posibilidad al MAS de ser protector del narcotráfico, “porque qué se puede esperar de un gobierno dirigido por cocaleros”.

“El haber aumentado el sembradío de coca y que todos los datos señalan que el 95 por ciento de la coca del Chapare no va al mercado legal, lo dice la Unodc, va al mercado ilegal y esto se relaciona con que esta región, casi un territorio libre, tiene una policía sindical muy fuerte y su coca no se consume...entonces, la coca del Chapare va a la cocaína”, dijo.

En su momento, Morales reconoció que la coca que se vende en los mercados primarios no llega a los mercados mayoristas, porque es desviada para actividades ilícitas. “Ustedes saben que una parte de la coca desvían al problema ilegal”, refirió en su momento.

El “Informe de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia 2020”, elaborado por la Unión Europea, establece que los cultivos de hoja de coca en Bolivia se incrementaron un 15% en 2020 al pasar de 25.500 hectáreas en 2019 a 29.400 hectáreas.

Desde el 2017, el Gobierno del MAS amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.

En este caso, Valverde señaló que: “Creo que el caso boliviano es diferente, la relación del cocalero en Bolivia no es con el comprador de cocaína ni con el comprador de hoja de coca sino con el gobierno nacional. El cocalero está muy supedidato al gobierno nacional y el gobierno nacional es el que determina que es lo que se va a hacer si se va a expandir, si se hará erradicación o no, porque hay un lazo político, al final de cuentas ellos son los dueños del poder político”.

“Los que vienen y hacen negocio con los cocaleros saben cuales son las condiciones, no meterse con violencia”, dijo.

LOS CLANES DE NARCOTRAFICANTES    

La forma más usual de narcotráfico local en Bolivia es el clan. Está compuesta generalmente por familiares y personas cercanas que trafican droga a pedido de organizaciones transnacionales.

Generalmente producen droga en cantidades menores, ya que las grandes narcofábricas son regentadas por extranjeros.

Los clanes dominan el transporte de la droga. 

VÍA AÉREA

El 22 de abril de 2014, el entonces presidente Evo Morales firmó la Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Boliviano, que permite el derribo de vuelos con drogas. Aspecto que no se logra implementar, debido a que Bolivia carece de radares.

Con el objetivo de contar con un control aéreo, el Gobierno aprobó el Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), que contemplaba la instalación de 13 radares civiles y militares, con una inversión de más de 200 millones de dólares. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con este sistema.

Estas deficiencias permiten a los narcotraficantes transportar sus cargamentos por vía aérea, sin mayores controles.

Los aviones pueden llevar grandes cargas, y las drogas pasan a través de muy pocas manos, lo que reduce los costos.

Perú, Bolivia y Paraguay tienen poca cobertura de radares y casi ningún equipo para interdicción aérea.

EMISARIOS MEXICANOS

Sobre los cárteles de México, en Bolivia se conocen datos de la posible presencia del cártel de Sinaloa, cuyo líder era Joaquín Guzmán Loera, alias “Chapo”, ahora detenido en EEUU. En 2011, Jesús Guzmán, hijo de el Chapo, viajó a Santa Cruz para tomar cursos de pilotaje de aviones, además de tener contactos con proveedores.

La Dirección Antidrogas de la Policía del Perú (Dirandro) informó que una filial del cártel mexicano de Sinaloa operó en Bolivia a través de emisarios.  En diciembre de 2017, Brasil dio a conocer que fue capturado en su territorio José González Valencia, uno de los tres líderes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que presuntamente residía en Bolivia.

Otra organización delictiva que trabaja con emisarios en Bolivia es el de Tijuana. En marzo de 2015, dos narcotraficantes peruanos, Zósimo Teofantes Bermudo Crespo y Percy Ramos Santillán, que traficaban cocaína para el cártel mexicano de Tijuana, fueron detenidos en Beni. 

SUBEN LOS CULTIVOS DE COCA, CAE LA INCAUTACIÓN DE DROGA

REDACCIÓN CENTRAL

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, casi la totalidad de la producción estimada de hoja de coca en Los Yungas de La Paz (99,9%) pasa por el mercado legal de Villa Fátima, sin embargo, sólo el 9,5% de la producción estimada en el trópico de Cochabamba va al mercado legal de Sacaba.

Las hectáreas de cultivo están cerca de las 30.000, con políticas de erradicación voluntaria y a pesar de la ampliación de zonas legales -de 12.000 a 22.000 hectáreas-, sin ningún fundamento. 

Un informe del Departamento de Estado de EEUU  señala que no hay datos disponibles para respaldar las afirmaciones del Gobierno boliviano “de que el consumo de coca tradicional, cultural y medicinal ha aumentado”. Este argumento fue utilizado para justificar el incremento de la legalidad, que pasó de 12.000 hectáreas a 22.000 con la nueva Ley General de Coca.

La producción potencial estimada de hoja de coca en Bolivia es de 53.840 TM: 24.540 producidas en La Paz y 29.300 en el trópico de Cochabamba, de las cuales alrededor de 26.500 TM se comercializan de forma ilegal. Contradictoriamente, se ha reducido la cantidad de toneladas de droga incautada, por ejemplo, el 2012 había 25.300 hectáreas de cultivos de coca y se incautaron más de 36 toneladas de cocaína, sin embargo, el 2020 se reportaron 29.400 hectáreas de cultivos y sólo se incautaron 15 toneladas de cocaína.