Indígenas: El Gobierno entregó tres áreas protegidas a los mineros

El Gobierno de Luis Arce ha comprometido la entrega de las áreas protegidas a la minería aurífera después del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Medio Ambiente y los cooperativistas auríferos, el pasado jueves.

Esa noche, se acordó que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) continuará con los trámites de adecuación de derechos mineros preconstituidos en áreas protegidas, mientras que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) emitirá "el informe según corresponda para proseguir con el trámite de la licencia ambiental".

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a modificar los planes de manejo de tres áreas protegidas (Madidi, Cotapata, y Apolobamba) con el fin de permitir la actividad minera en una mayor extensión de territorio. 

El senador de Comunidad Ciudadana, Fernando Vaca, manifestó que el sector minero aurífero chantajea al Gobierno con su apoyo a cambio de la destrucción del medioambiente. 

"Es un poder corporativo muy grande, un sector que garantiza la gobernanza del partido, pero arruina toda la naturaleza", dijo.

Asimismo, la líder indígena del norte paceño Ruth Alipaz indicó que el método que utilizan los cooperativistas mineros es el de la violencia. "El Estado ha fallado en proteger los derechos de la ciudadanía y ha concedido las demandas de quienes aplican las acciones violentas", aseguró.

Resaltó que ni siquiera el Gobierno puede decidir entregar las áreas protegidas, puesto que esto compete a toda la sociedad. “Espero que la gente tome conciencia de lo que está pasando: nos están despojando de las áreas protegidas para las futuras generaciones, y no puede ser que este Gobierno nos despoje para favorecer a sus aliados", agregó Alipaz.

A través de un pronunciamiento, Comunidad Ciudadana calificó el acuerdo como "un atentado criminal, ecocida y etnocida, que afecta directamente los derechos al agua, a la salud, al de vivir en un medioambiente sano y los derechos colectivos de los pueblos indígenas".

En esta línea, demandó que el convenio sea anulado, ya que tiene el único objetivo de "entregar por completo la sostenibilidad y el futuro del país a costa del enriquecimiento de unos pocos que no respetan las normas ambientales vigentes".

En el comunicado la organización política pidió la renuncia del director del Sernap, Teodoro Mamani y de las autoridades involucradas. 

El Ministerio de Medio Ambiente difundió el acuerdo en sus redes sociales, sin embargo, no brindó ninguna información sobre los detalles del mismo. Los Tiempos solicitó comunicarse con alguna autoridad de este despacho, así como del Sernap, pero, hasta el cierre de esta edición (23:00 del 28 de octubre), no recibió respuesta.

El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda, indicó que dentro de las áreas protegidas comunidades ya habitaban la zona antes de que se prohibieran actividades dañinas para el medioambiente, por lo que estas tienen derecho a realizar la minería. 

Asimismo, indicó que los planes de manejo de los parques no están acorde a la realidad y a las demandas económicas de la población.

Balmaceda, al igual que otros dirigentes mineros, aseguró que se puede proteger la naturaleza al mismo tiempo que se aplica la minería. Sin embargo, la evidencia científica y empírica en la Amazonía boliviana demuestra lo contrario. 

Derechos preconstituidos 

Los mineros cooperativistas señalaron que los derechos preconstituidos que deben reconocerse para practicar la minería en áreas protegidas son aquellos adquiridos antes de 2014 (cuando se promulgó la ley minera). Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente, Santos Cruz, dijo ante una comisión del Senado que estos derechos son anteriores a la creación del área protegida, en el caso del Madidi, en 1995. 

Por su parte, el senador Vaca, así como la líder indígena Alipaz, indicaron que se debe hacer llegar una denuncia al Gobierno de Alemania, el cual a principios de este año donó 15 millones de dólares a Bolivia para defender las áreas protegidas de la minería. 

Alipaz cuestionó la contradicción entre este compromiso asumido por el Ejecutivo y el acuerdo con los mineros dedicados a la explotación de oro.