Tribunales cierran filas y defienden la prórroga de magistrados
En sendas conferencias de prensa, las autoridades de los tribunales departamentales de Justicia justificaron la prórroga de magistrados y rechazaron la posibilidad de que sean cesados en el cargo.
Los vocales departamentales consideran que debe existir continuidad en el servicio de los altos tribunales, porque de lo contrario se generarían perjuicios, caos y daño irreparable.
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"El pretender lograr que renuncien los altos magistrados es crear simple y llanamente un caos oficial. No podemos permitir que exista un vacío, porque eso perjudicaría enormemente a lo que es la administración de Justicia", dijo el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Oruro, Hernán Ocaña.
"El servicio sobre todo se vería totalmente perjudicado, siendo esto un daño irreparable para la para la sociedad, dado que el sustento de nuestro sistema judicial descansa en una estructura judicial que parte de las cabezas", señaló el presidente del TDJ del Beni, Roberto Nacif.
En Santa Cruz, la presidenta del TDJ, Marisol Ortiz, advirtió que cesar a los magistrados sería "un perjuicio incalculable" a la población que espera respuesta a los diferentes procesos que se encuentran en desarrollo.
"Sería un perjuicio si es que se llega a concretar la suspensión de los plazos procesales y la cesación de los señores magistrados, quienes han sido electos por el voto popular", recalcó Ortiz a radio Alternativa de la Red Erbol.
En el caso de La Paz, el presidente del TDJ, Henry Sánchez, dijo que la cesación de magistrados "lo único que daría lugar es que el pueblo soberano de Bolivia no tenga acceso a la justicia de manera rápida pronta y oportuna".
Los actuales magistrados prorrogados posesionaron en octubre varios vocales de los tribunales departamentales de justicia, acción que fue criticada por opositores que consideran ilegales las decisiones de los tribunos.
Los vocales se pronunciaron cuando en la Asamblea Legislativa los opositores y "evistas" exigen la aprobación de leyes para cesar a los magistrados prorrogados y suspender plazos procesales, mientras se desarrollan las elecciones judiciales.
