Amnistía Internacional insta al Gobierno a evitar una catástrofe climática ante ola de incendios
Amnistía Internacional (AI) pidió a los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú una "respuesta sin precedentes" para "evitar una catástrofe climática" ante los incendios que azotan la región desde hace dos meses y que han arrasado millones de hectáreas en la cuenca amazónica y en otras áreas protegidas.
En una carta abierta a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Luis Arce; de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Daniel Noboa; de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña, y de Perú, Dina Boluarte, alerta del "récord" de incendios entre agosto y septiembre de este año y de las "enormes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera" producto de los fuegos.
"Las presidencias suramericanas deben, más que nunca, tomar medidas urgentes para evitar una catástrofe climática que podría tener consecuencias irreversibles para toda la humanidad. El momento de actuar es ahora", exigió AI en momentos en que la región vive una de sus sequías más severas.
Balance de la tragedia ambiental
Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), se han registrado 50.000 incendios forestales en la cuenca amazónica solo en 2024, y "a nivel regional, Brasil, lidera abrumadoramente el recuento con el 71,9% del total de incendios forestales, seguido de Bolivia con el 11,2%".
En septiembre, el 60% del territorio brasileño ha estado cubierto por una capa de humo generada por los incendios y el Observatorio del Clima estima que más de 11 millones de hectáreas se han quemado desde principios de 2024.
"Mato Grosso es actualmente el estado con más incendios en el país y la Federación de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Mato Grosso informó que más de la mitad de las tierras indígenas del estado han sido afectadas", mencionó la organización defensora de derechos humanos citando cifras y reportes de las instituciones gubernamentales de la región.
En Bolivia, según cifras oficiales, el fuego ha arrasado unos cuatro millones de hectáreas, "cuya afectación territorial sería proporcionalmente mucho mayor a la de los incendios en Brasil, dada la extensión territorial menor de Bolivia", lamentó AI que también cuestionó que solo hasta el pasado 7 de septiembre se declarara la emergencia nacional pese a los reiterados "exhortos de observadores de derechos humanos y comunidades que pedían la declaratoria desde varias semanas antes".
En Colombia, las autoridades informaron que solo, en el mes de septiembre, se perdieron 19.439 hectáreas de bosque nativo y el país ha experimentado en este año varios cientos de incendios en 30 de sus 32 departamentos, el doble de los incendios de 2023. En Paraguay, 318.604 hectáreas de cobertura forestal se han quemado solo en septiembre, con la región del Chaco como la más afectada, y siendo más de la mitad del área quemada perteneciente a la reserva de Cerro Chovoreca.
En Perú, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y la Defensoría del Pueblo. los incendios han abarcado una extensión muy amplia de territorio con 22 departamentos de los 25 del país con incendios activos, y hasta la fecha han muerto por lo menos 18 personas.
En Ecuador se reportan varios cientos de incendios forestales desde el 24 de agosto hasta la fecha, con más de 34.800 hectáreas quemadas, mientras que en Argentina, por lo menos 91.540 hectáreas han resultado quemadas por cientos de incendios en lo que va del año.
Recomendaciones urgentes
Amnistía Internacional llamó la atención sobre varios temas ante la situación actual, que considera es "sintomática del fracaso de las autoridades para implementar medidas estructurales, oportunas y eficaces para combatir la crisis climática".
Entre las recomendaciones instó a "la eliminación gradual pero rápida y equitativa de los combustibles fósiles, la transformación del modelo actual de agricultura industrial y asegurar consecuencias legales al uso ilegítimo de la tierra".
"A pesar de los compromisos de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales adquiridos en el marco del Acuerdo de París de 2015 y del reconocimiento en la COP28 de que los Estados deben impulsar una 'transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de una manera justa, ordenada y equitativa', la mayoría de los Estados no han detenido la expansión y siguen concediendo licencias, permisos y fuertes subvenciones a la producción y el consumo de combustibles fósiles", cuestionó.
Asimismo, pidió que se garantice la libre determinación de los pueblos indígenas, que son "especialmente vulnerables al cambio climático" debido a su estrecha relación con el entorno natural, del cual dependen para su subsistencia y cultura. Poseen conocimientos valiosos para la adaptación y conservación de la biodiversidad, como en la cuenca amazónica, donde contribuyen a la reducción de emisiones de carbono.
Recordó que el Acuerdo de Escazú, el primer pacto ambiental regional de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre las personas defensoras del medioambiente, seis años después de su adopción aún no ha sido ratificado por Brasil, Paraguay y Perú.
Por último, hizo énfasis en que en los próximos meses la región acogerá dos grandes eventos que serán claves en la toma de decisiones sobre el planeta, como la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Colombia y la Conferencia de las Partes (COP 30) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2025 en Brasil.
