En 2022, durante el conflicto en demanda por el censo de población y vivienda para en 2023 —que tuvo como escenario principal al departamento de Santa Cruz— se observó a grupos parapoliciales en ataques directos y selectivos en contra de periodistas, y en algunos casos, en coordinación o complicidad de la Policía. Fue el año en que se consolidó la impunidad del delito en contra del trabajo de la prensa, según un reporte de Brújula Digital.