Un uniforme bajo la lupa

Columna
RATIO IURIS
Publicado el 02/06/2019

El Estado como ente institucionalizado que debe ser, cuenta con reservorios que hacen a la integridad, la moral, el ejemplo a seguir y un conjunto de valores que denotan y dan cuenta de identidad y fortaleza. Estas son vitales a la hora de construir Patria, porque con el paso de los años y las décadas, se constituyen en la base piramidal de un andamiaje que consigue, y ese su propósito, construir orgullo de país.

Bajo esa mirada se encuentran las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Reguladas constitucionalmente, no pueden ser otra cosa que las instituciones tutelares ejemplo del Estado institucionalizado y reflejo de lo que el soberano desea de ese Estado. Esa la forma de ir edificando país en términos de valores y convivencia. Sentirnos orgullosos por nuestras instituciones tanto como por lo que podamos hacer en el plano cultural, científico o deportivo, son estadios que determinan el rumbo por dónde queremos que vaya la Patria.

Evidentemente todos somos los actores y responsables por el curso a seguir, pero también somos consecuencia de aquello que permitimos se haga, bien o mal, y de acciones u omisiones a la hora del balance.

Digo esto, porque de un tiempo a esta parte miembros de la PN y de las FF.AA se han visto involucrados en actos reñidos con la ley, la moral y los valores a los que me refería. Duro golpe si miramos que son ambas los referentes, entre otros más, de la marca e identidad de un Estado en el proceso constructivo en el que siempre está inmerso. Ambas, deberían señalar una ruta crítica capaz de incidir en la conciencia colectiva como auténticos articuladores de una dinámica libre de corrupción, saqueo, cohecho y soborno. Lo menos que deberíamos pensar e imaginar, es que desde el interior de ambas instituciones se producen episodios delictivos capaces de afectar fondos públicos y por sobre todo, la esencia y naturaleza constitucional de su propia existencia e identidad.

Hemos ingresado, por tanto, a un proceso tan delicado de descomposición institucional al interior de Policía y FF.AA fruto de la conducta aislada de unos cuantos, que caben acciones absolutamente decididas no solo de la sociedad civil como detentadora de la soberanía popular, sino de ese pedazo de institucionalidad que le queda al Estado y que está obligado a devolverle credibilidad a dos de los pilares más importantes con que cuenta Bolivia desde el plano constitucional.

Ya lo había anotado en una pasada entrega, y es que la comisión de un delito dentro de estas esferas no debe diferenciar grados de responsabilidad en función al tipo delictivo que se trate, habida cuenta que, a la luz de la responsabilidad que ostentan, delito es delito. Y pese a que así es y debe ser, lo dije, constituye un dato no menor el hecho que el narcotráfico haya sido el que hoy ha puesto a la Policía por ejemplo, en lo más degradante del escalafón de ponderación ciudadana, lo que da cuenta de un calamitoso estado de descomposición que tiene, sin duda, varios componentes. Evidentemente si actores funcionales a la corruptela delinquen, no hace a todos los policías bolivianos delincuentes. Una mayoría sirve con esmerada pasión al Estado y a su institución. Lo mismo acontece con las FF.AA. Que un grupo minoritario de uniformados sea sospechoso de cohecho, no hace que todos los militares lo fueran.

Y aquí hago un paréntesis porque he conocido a detalle la participación del Cnl. Quiroga por ejemplo, en todos los asuntos vinculados al mantenimiento de aviones en las FF.AA y su incuestionable honorabilidad y decencia. Los canales institucionales del Estado sabrán colocar las cosas en su real dimensión a fin de evitar el castigo a un inocente.

Termino aquí: hoy, la Policía Boliviana y las FF.AA requieren de una profunda metamorfosis y también del apoyo de la ciudadanía, en una cruzada que no debe diferenciar ideologías ni colores políticos. Hay que acabar con los corruptos, no con la institución y con quienes desde dentro, la defienden.

 

El autor es abogado

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