Censos y trampas, ¿hasta acá llegaron?

Nada más difícil para la pacífica y civilizada convivencia ciudadana que la mentira, el fraude y otros temas manejados desde el poder y, como decimos en Santa Cruz, los que andan “con el puñal bajo el poncho”, esperando el momento, o “una espalda simbólica”, porque nunca van de frente, para asestarle las puñaladas que tengan oportunidad de dar.

Eso ha venido pasando con el Gobierno, el ministro Cusicanqui y el INE como institución, que puede cambiar de nombres, pero no deja el comportamiento avieso, es decir, malintencionado y perverso.

Perversos y malintencionados: no otra cosa significa haber manejado una institución del Estado, que debiera ser independiente del Gobierno – me refiero al INE – en beneficio partidario subiendo a su sitio oficial de internet (donde los ve el mundo entero, si acaso les interese este pobre país) información parcial, sesgada, falsa, con el afán de que no se conozca nuestra verdadera situación y así  confundir a quienes intenten debatir datos con el poder. Eso constituye delito, además. 

Según la Constitución Política del Estado, el censo debe hacerse cada 10 años, pero a ellos no les dio la gana, lo desordenaron todo y ahora se basan en lo que hicieron o deshicieron, para postergarlo; el cálculo político pudo más. 

Este año debía haberse llevado a cabo el censo; de haberlo hecho, hubiéramos conocido el estado y distribución “de todo”; un censo no es una fotografía (como dicen en el Gobierno) porque no se trata de vernos como aparentemente estamos, sino que nos permite el saber “cómo estamos por dentro”, es decir, si se está planificando bien, destinando bien el dinero (cada vez más escaso) y al personal suficiente en todas las tareas de servicio estatal, esto es, si tenemos médicos, personal auxiliar y administrativo en tan importante obligación del Estado; si hay escuelas y colegios con maestros suficientes, si las “edificaciones suntuosas” hechas por el Estado (corrupción incluida, por supuesto) se justifican en ciudades y pueblos de pocos habitantes, si el Estado invierte bien, entiéndase en los tres niveles principales, si hay trabajo digno, si la gente lo tiene en sus lugares de origen, si están obligados a migrar y a buscar mejores condiciones, si son exiliados por la necesidad, si los menores siguen saliendo a buscar el pan en tareas que no les permiten ser niños con el derecho de serlo (esencial para terminar procesos naturales de crecimiento afectivo y madurativo) y en fin… saberlo todo.

Desde el INE, manejado “de facto” por el ministro Cusicanqui, se reconoció haber subido información insuficiente, cuando les tocó responder la propuesta preliminar del Comité Interinstitucional de Santa Cruz y aunque queda constancia de que se pensaba en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) desde 2019 confundieron todo y no se quiso debatir datos, los cambiaron un par de veces y, encima, el portavoz presidencial (con su saco rojo) fue tremendamente dañino para la credibilidad del Gobierno, le aumentó a la confusión y terminaron haciendo del sitio oficial del Estado, y no del Gobierno, un champurreo que generó que, al ser usada esa información “oficial” por universidades, alcaldías y gobernaciones, incurrieran en errores que fueron señalados por el Ministerio de Planificación y el mismo INE, desahuciando lógicamente las propuestas. Todo con el objetivo de postergar el verificativo “del todo”.

Eso en función a los datos y a una metodología para echar a andar el CNPV. Si vamos a lo político es otro tema, que no ha sido difícil entender, porque sabemos que la idea de la “reproducción del poder” ronda por la cabeza de Arce, quien no será un buen político, como no es buen Presidente, pero lo es y debe creer que si el huido lo fue durante tanto tiempo con él como ministro, qué le puede impedir seguir siendo Presidente desde la presidencia y ahí va; Arce sabe que el CNPV puede cambiar la “demografía” electoral del país, que ahora habrá oposición a la inequidad distributiva en los 70 parlamentarios uninominales (7 diputados indígenas)  porque 36 de ellos son elegidos por sólo 200.000 o un poco más de votos, mientras que los restantes 27 se deben elegir entre alrededor de 8 millones de personas (7.332.925, votaron el 2020). Esto se hizo y mantuvo en las elecciones de 2014/2020. 

El poder sabe que hay un cambio en la demografía electoral, que hay movimientos humanos que van a hacer imposible para ellos mantener el privilegio de parlamentarios uninominales con pocos votos en zonas donde ellos son favorecidos tradicionalmente; eso se dio por la urgencia que les va a ser difícil sostener “la salida salomónica del TSE”, cuando se institucionalizaron los mismos, porque es sabido que esta composición puede variar por ley después de un nuevo CNPV. La delimitación estará a cargo del TSE, que no es muy confiable, pero es el que hace la propuesta formal. Difícil que, como están las cosas y como estarán en las calles, puedan seguir haciendo lo que manda el poder, porque si bien se reparte basados en “continuidad geográfica” y criterios poblacionales, éstos pueden cambiar y “eso es” lo que el Poder/Gobierno quiere evitar.

En agosto, Santa Cruz hizo tres días de paro; el poder los minimizó en los medios, pero destinó a dos ministros a confrontar, situación que no coincide con “lo minimizado”, porque en la práctica política nadie le da importancia a lo que es mínimo; después de ello, rondó el fantasma del paro indefinido y, entre los días 28 del citado mes y el 1 de septiembre, se dedicaron a escribir cartas a las universidades y una de ellas fue dirigida “hasta al Rector de la UAGRM”, cabeza del Comité Interinstitucional, a quien le acercaron datos “oficiales”; se ve que los “paros mínimos” y el anunciado “paro indefinido” (minúsculo) los fatigó y ahora largan la información necesaria, pero ahora Santa Cruz mueve el espacio del debate y decidió analizar la documentación recibida desde el INE, exigir mesa técnica para el 12 se septiembre con el INE, la Cepal y el UNFPA, coordinar a nivel nacional con otras organizaciones y autoridades entre los días 19 y 23 de septiembre, con la presencia del mismísimo presidente Arce, porque es necesario que las cosas se pongan claras y, por último, hacer un cabildo el 30 del mismo mes, como primeras medidas mostrando que hay un ánimo de diálogo y de discusión técnica, como pedía el Gobierno y que esto no implica bajar los brazos; muy por el contrario, hay un compromiso de dar explicaciones a la población en El Cristo, habida cuenta de que seremos los ciudadanos los beneficiados con el censo.

En Santa Cruz hay un dicho: uno es hasta donde lo dejan ser, es así que… hasta aquí llega la prepotencia y la idea del Gobierno de que los votos le dan derecho de hacer lo que les dé la gana; o dialogan o después de septiembre pueden venir otras medidas y, claro, puede haber otros municipios e incluso departamentos que entiendan la gravedad de postergar el CNPV, que no es de un poder en particular sino un derecho de todos.

El Gobierno tiene la respuesta, ojalá no se la encarguen al del saco rojo, al de la rodilla y la cabeza complicadas, porque ahí sí que nos vamos a la mierda todos, porque esos no sirven ni para ver llover.