Grupos de choque masistas
Como estaba previsto, las marchas contra la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, y por la libertad, la democracia, una nueva justicia y un punto final a la persecución judicial, que de acuerdo con la dirigencia cívica cruceña tiene un saldo de 183 presos políticos, se realizaron el martes 10 con una destacada participación ciudadana, según los reportes regionales, a excepción de La Paz, donde dos manifestaciones pacíficas fueron intervenidas por funcionarios públicos que conforman los cada vez más furibundos grupos de choque masistas.
Que los empleados públicos, que son legión en las dependencias gubernamentales masistas paceñas -con el MAS, es innegable que ha crecido la burocracia por el prebendalismo partidario-, se dieran a la tarea de reprimir una marcha amparada en el derecho constitucional a la protesta no es admisible. Un empleado público tiene como misión servir a los contribuyentes, que pagan el salario del Presidente y de su plantel burocrático. En ningún caso se puede tolerar que se hayan organizado grupos de choque que ejercen inconstitucional e ilegalmente la coerción -monopolio de la Policía y de las Fuerzas Armadas-, en tareas represivas contra quienes no respaldan al Gobierno y piensan diferente.
En las imágenes difundidas sobre las marchas en La Paz, se ve cómo los funcionarios disparan petardos a quemarropa contra quienes se manifestaban por la libertad de Camacho y, además, cometen abusos contra sus “enemigos”. Y no sólo eso: grupos de empleados públicos, en Calacoto, como reflejan los reportes y crónicas, tendieron un cerco a los marchistas, al atacarlos por la vanguardia y la retaguardia, lo cual revela una cuidadosa organización y premeditación de estas acciones violentas e ilegales. Dispersadas las marchas de activistas, estos grupos represores entonaban cánticos y celebraban su “victoria”, casi simultáneamente a la difusión de mensajes en las redes sociales, que sostenían que nunca más incurrirían en los errores de 2019. Recordemos que el expresidente y actual líder cocalero Evo Morales tuvo que escapar a México tras el fraude electoral de ese año, certificado por tres informes internacionales de gran credibilidad.
Por si fuera poco, estos funcionarios actúan con tal grado de impunidad que hasta ahora el Ministerio Público no se ha manifestado. Y lo más increíble es que esos grupos de choque efectuaron todos estos desmanes a vista y paciencia de la Policía. ¿Hubo una coordinación dolosa? Lo que no deja dudas es que en Santa Cruz la Policía reprime, pero en La Paz son los funcionarios masistas, devenidos en un cuerpo irregular de matonaje, los que reprimen bajo la protección policial. Si los empleados públicos son enviados a reprimir para evitar que la Policía sea acusada después, por organismos internacionales, de vulnerar derechos humanos, en la conducta policial de mirar para otro lado hay también una omisión punible.
Los actos de estos grupos de choque revelan la preocupante devaluación del Estado Constitucional de Derecho en el país, pero sobre todo de la democracia, que implica el derecho a la libertad de expresión y el debate robusto de ideas y posiciones políticas. ¿Cómo hemos llegado al extremo de que los servidores públicos la emprendan a palos contra personas que tienen el derecho a disentir?
