Dramas e ilegalidades
Los dramas que viven cientos de familias de Takoloma, Cochabamba, y Bajo Llojeta, La Paz, que se quedaron sin vivienda debido a que las construcciones se derrumban pues el terreno cede, o el lodo las inutilizó evidencia una situación que no es novedosa ni rara y afecta a muchos barrios y organizaciones territoriales de base (OTB) más de media docena en el municipio de Cercado y un número indeterminado en otros territorios.
“Lo que ha sucedido es una muestra de la crisis estructural en la que se vive, no sólo en el municipio de La Paz, sino en muchos del país, ante el crecimiento desmesurado de la mancha urbana”, expresaba el Viceministro de Defensa Civil pocos días después del desastre de Bajo Llojeta, el 23 de noviembre.
Crisis estructural, sí, pero también institucional pues esas familias damnificadas como efecto de los fenómenos naturales compraron lotes y construyeron sus casas en ellos sin preguntarse si esos terrenos eran aptos para ser urbanizados.
Esa aptitud tendría que determinarla el gobierno autónomo de cada municipio, de acuerdo con las atribuciones que le franquea la Ley 482.
Pero no ocurre así, pues, en general, las nuevas urbanizaciones se forman por asentamientos que luego se transforman en barrios, todo ello por la acción de loteadores y la decisión de los asentados.
“La información que nosotros tenemos es que, las familias (de Bajo Llojeta) casi en un 95% han sido estafadas por un loteador, de manera que es un tema también que se debe investigar y que se tiene que llegar a definir responsabilidades”, declaraba el martes la autoridad citada líneas arriba.
Engañados por loteadores, seguramente, pero también mínimamente conscientes de que el terreno que estaban comprando no estaba regularizado por la Alcaldía.
En Takoloma o en Bajo Llojeta en estos casos de desastres son varios los factores comunes que concurren en la pérdida o el año estructurales que sufren las viviendas por la inestabilidad de los suelos sobre los que están construidas o los daños de las riadas y mazamorras: desde la dudosa o inexistente legalidad de las edificaciones y de la propiedad del lote que ocupan, hasta la actitud de la alcaldía —y otras instancias estatales— que con obras de equipamiento y de suministro de servicios básicos dan un matiz de regularidad a esos asentamientos urbanos no planificados, pasando por el rechazo de los habitantes a aceptar la pérdida de su inversión inmobiliaria y la ausencia de estudios que comprueben la estabilidad geológica de las zonas en cuestión.
Los dramas, como el que viven quienes se asentaron en Takoloma o en Bajo Llojeta, por ejemplo, se reproducirán en diversos grados y por diversas causas, mientras las instancias estatales no ejerzan en plenitud las responsabilidades que les imponen las leyes. Y los ciudadanos se embarquen en adquisiciones de dudosa legalidad.
