Crónica de una crisis anunciada

Las filas para abastecerse de combustible constituyen para la inmensa mayoría de la población boliviana, en su mayoría joven, un choque con la realidad del país, pues hace más de 40 años que no se sufría dificultades económicas de esta magnitud y, muy especialmente, vinculadas con la escasez de productos básicos para el funcionamiento de la economía, como en este caso constituyen el diésel y la gasolina. Esta crisis, largamente anunciada, ha llevado un largo proceso de incubación por una serie de errores de política económica que se han acumulado durante las últimas dos décadas y que nos han conducido a la situación actual.

Estos errores se iniciaron con la subvención de los combustibles dispuestas a principios de siglo, continuó con la aprobación de un marco tributario que desincentivaba la exploración para el desarrollo de nuevas reservas, se agravó con la politización de las decisiones sobre la exportación del gas natural, se profundizó con la nacionalización, que inviabilizó nuevas inversiones para la reposición de las reservas consumidas, y se volvieron estructurales con el financiamiento de proyectos faraónicos, la creación de empresas públicas inviables económicamente y un gasto publico electoralista que despilfarró los ingresos extraordinarios del periodo de altos precios de las materias primas, perdiendo una nueva oportunidad para el desarrollo sostenible de Bolivia.

Todos estos errores en las medidas gubernamentales y las políticas públicas fueron tan denunciados como ignorados, porque se creía que la fiesta de la llamada bonanza era interminable y que aparecería algún otro yacimiento de recursos naturales no renovables que nos devolvería la alegría del gasto público ilimitado.

No solo ello, sino que al mismo tiempo, se inviabilizó el desarrollo de otros sectores económicos como la agroindustria y la minería, con normas que destruyeron un marco normativo para la atracción de inversiones, como la abrogación de la Ley de Inversiones, la modificación de la Ley de Conciliación y Arbitraje, la denuncia de los tratados de protección de inversiones, entre otras disposiciones que hicieron que Bolivia pierda la oportunidad de consolidar una economía que no dependa exclusivamente de un solo sector económico, cuando podía haber diversificado su producción y exportaciones para lograr una base económica sustentada en la eficiencia de la iniciativa privada y en la resiliencia que brinda el acceso competitivo a los mercados internacionales.

En este punto, se encuentra otro de los problemas de fondo, el haber propugnado durante casi dos décadas que sólo con el mercado interno podríamos desarrollarnos, cuando todos sabemos que somos un país inmenso con una población reducida y de ingresos muy bajos, por lo que necesitamos aprovechar nuestra ubicación geográfica, extensión territorial, una población mayoritariamente joven y la gran disponibilidad de recursos naturales para forjar una economía orientada a la exportación de productos y servicios que posibiliten la creación de empleos privados sostenidos en los ingresos por divisas. Esa es en realidad la única vía para impulsar el crecimiento de un mercado interno que se desarrolle permanentemente mediante el progreso individual y colectivo de sus habitantes.

El lector se preguntará de qué sirve reiterar los errores cometidos y que son causantes de la crisis que nos agobia. Dicen que uno de los grandes fines de la historia es aprender de los errores del pasado para corregirlos y construir un mejor futuro. Por ello, es fundamental que el debate público afronte las medidas que se deben tomar para superar los problemas de fondo, sabiendo que seguramente las soluciones serán costosas, pero con la certeza de que mucho más costoso e incierto es vivir en una crisis permanente.

Cuando nos encaminamos hacía unas nuevas elecciones presidenciales, es de fundamental importancia que se confronte a las posturas demagógicas y populistas que seguramente trataran de postergar o inviabilizar las reformas que se deben realizar para que Bolivia supere la crisis y prospere, afrontando la batalla cultural necesaria para construir un consenso mayoritario en la población que permita encaminar la nación hacía la modernidad que corresponde en el siglo XXI.