Lista gris y lista negra

En este año del bicentenario de la independencia, que todavía no llega a su mitad, Bolivia recibió dos tremendos “regalos” y uno de ellos fue su inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La lista gris es una categoría que agrupa a países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entrar en ella es tan grave que el gobierno ha previsto introducir reformas legales para evitar caer en la lista negra, y sufrir consecuencias severas. Conociendo la relación entre Ejecutivo y Legislativo, deteriorada por diferencias sectarias, hay pocas esperanzas de que se asuma medidas concretas, pero lo verdaderamente terrible es que hemos llegado a esta situación como parte de un proceso que ha mostrado su rostro más terrible en Llallagua, cuando grupos de bloqueadores asesinaron a policías y un civil.

¿Qué tienen que ver los sucesos de Llallagua con la lista gris? Mucho. Hay que tomar en cuenta que esos hechos confirmaron la expansión del tráfico de marihuana en el norte potosino y su directo vínculo con la internación de vehículos indocumentados de Chile, muchos de ellos robados.

El tráfico de autos “chutos” forma parte de redes internacionales que se dedican a internar autos usados a países en vías de desarrollo. En 2020, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente identificó a Chile como uno de los 10 principales importadores de autos usados que luego son internados, generalmente de manera ilegal, en Bolivia, Paraguay y Perú. Eso explica el surgimiento de gigantescos mercados de vehículos indocumentados en el sur de Oruro y norte de Potosí, que son regiones próximas a la frontera con Chile.

El mercado de autos usados, que al venderse son considerados nuevos, mueve miles de millones de dólares. El primer eslabón es Asia, con Japón a la cabeza, donde intermediarios compran esos automotores por docenas, sin ningún tipo de control, lo que abre la posibilidad del uso de dinero de dudosa procedencia que, de esa manera, se “lava”; es decir, entra a los circuitos económicos. Un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), publicado en 2021 con el título “La ruta de los chutos: Red transnacional de distribución de autos usados a Bolivia”, dice que entre los intermediarios están turcos y paquistaníes. Aquí es donde encontré otro detalle: el enlace para la compra de ambulancias usadas para la Gobernación de Potosí era un paquistaní.

¿En qué está el caso de las ambulancias fantasmas? El gobernador titular de Potosí, Jhonny Mamani, sigue detenido preventivamente en una cárcel de La Paz, pero no directamente por ese caso, sino por legitimación de ganancias ilícitas, un delito que también comprende al lavado de dinero. Mientras ejercía su cargo, Mamani metió a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí un paquete de proyectos de construcción de canchas de césped sintético en casi todos los municipios del departamento. Él está en la cárcel, pero la ALD sigue aprobando la construcción de esas canchas. Los asambleístas del MAS, que son los que aprueban esos proyectos, dicen que son pedidos de los habitantes de los municipios beneficiarios pero, tras los sucesos de Llallagua, me enteré que quienes piden esas canchas son migrantes que viven en la capital de departamento y los fines de semana vuelven a sus tierras, donde usan esos campos deportivos para entretenerse.

Al final, todo está vinculado y justifica que, como segundo regalo, Bolivia aparezca en la lista negra de los países con mayor corrupción. Somos campeones regionales y subcampeones mundiales. Por eso tenemos sembradíos de marihuana en el campo y hemos inundado nuestras ciudades de autos “chutos”.    

El autor es Premio Nacional en Historia del Periodismo