La “chuto-tolerancia” cunde en los municipios bolivianos

Tres de las noticias, probablemente, más sonadas de las últimas semanas tuvieron que ver con los ya populares autos “chutos”.  El 6 de marzo, el diputado José Rengel Terrazas informó que hizo fortuna con base en la compra-venta de vehículos indocumentados. Rengel fue acusado por la Fiscalía de legitimación de ganancias ilícitas con movimientos de más de 51 millones de dólares en cuatro países. El diputado, entre 2021 y 2022, fue presidente de la brigada parlamentaria paceña del Movimiento Al Socialismo (MAS). En un video de los tiempos en que ejercía esa función y presionaba por una carretera al Gobernador declara ante un grupo de dirigentes: “Yo también tengo 20 provincias, manejando desde municipios, y doy la cara, hermano”. 

Además de sus manifestaciones de poder político, el “chutismo” también cuenta con reconocimiento socioeconómico. Probablemente por esa razón, el lunes 13 de marzo, otra diputada del MAS, Gladys Quispe, a manera de destacar la gestión del expresidente Evo Morales, declaró a la agencia ANF: “Al hermano Evo, por todas las transformaciones y los cambios que ha habido en nuestro Estado Plurinacional, la gente lo recuerda (…). Los mismos hermanos reconocen que hay obras, hay colegios, hay tinglados, hay coliseos; nosotros hemos, pues, suplantado lo que son las mulas por una movilidad ‘chuta’ (…)”.

Una tercera noticia reciente recordó, además, los diversos problemas de seguridad que los autos ilegales desatan en el país. El lunes 5 de marzo, el sargento de Policía, Saúl Fernández Andrade, protagonizó una cadena de violentos hechos de tránsito en medio de una frenética carrera. A su paso por diversas avenidas de Santa Cruz, causó una muerte, dos heridos graves y dos leves, y dejó cinco motorizados severamente afectados. Fernández conducía un auto ilegal con placas falsas que decidió incendiar como corolario de su desquiciante embestida.  

La frecuencia con la que noticias relacionadas a los “chutos” se producen en las principales ciudades del país parece marcar una nueva etapa del fenómeno. Es algo así como la ofensiva hacia las grandes capitales, luego de haber liberado gran parte del territorio boliviano en favor de los vehículos indocumentados. Ni siquiera el despliegue de fuerzas militares y policiales hacia las zonas críticas, hace ya cinco años, ha frenado la virtual insurgencia “chutera”. Insurgencia que ha generado no sólo una infinidad de problemas, sino confrontaciones, tragedias, delitos, en suma, dolor y muerte. 

Autos muy caros

La causa parece concentrarse en el desequilibrio generado por una polémica política tributaria. Fuera de Bolivia los autos nuevos cuestan alrededor de la tercera parte de lo que valen dentro. Quienes importan vehículos legalmente deben sumar, a los gravámenes internacionalmente previstos, el 13 por ciento de ese total a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Lo más fuerte viene luego, pues están obligados a pagar el Impuesto al Consumo Específico (ICE) ajustado, según una tabla, a cada modelo. Sólo así el vehículo puede circular en Bolivia, pero eso implica normalmente haber más que duplicado el costo.  

Además, las autoridades bolivianas sólo permiten la importación de vehículos nuevos que no superen el año de antigüedad. Desde hace más de una década, se ha asegurado que esas medidas evitan que el parque automotriz boliviano esté compuesto por chatarra. Consecuentemente, según las autoridades, disminuyen la contaminación ambiental, la sobresaturación de motorizados y el consumo excesivo de combustibles subvencionados. Esto último porque dentro del territorio boliviano está prohibida la venta de gasolina y diésel a vehículos indocumentados.   

La “chutoinvasión”

Pero aquella especie de declaratoria de guerra al contrabando de automotores, que ha sumado una serie de complejos y masivos controles, resultó contraproducente. Según la Cámara Boliviana Automotor, más de 450 mil vehículos “chutos” circulan por las carreteras, avenidas y calles bolivianas. La cifra coincide con la que ha brindado la singular “Asociación de propietarios de vehículos indocumentados”. Vale decir que, si se alinearan los automotores ilegales que han ingresado a Bolivia, a un promedio de 3 metros por vehículo, cubrirían 1.350 kilómetros. Una distancia equivalente a la que separa las ciudades de Cobija, Pando, y Yacuiba, en Tarija, más 6 kilómetros dentro de las fronteras brasileña y argentina respectivamente.   

Vaya uno a calcular en cuántos dólares se transforma esa cola imaginaria de “chutos”. Pero lo ciertoes que resulta un virtual rebalse de automotores ilegales que aumenta cada día y toma cada vez más rutas y poblaciones. “He recorrido casi todo el país y no pocas veces —dice Bruno Pérez (nombre ficticio), quien ha alternado el transporte con otros emprendimientos empresariales—. Los he visto, están en su auge, sólo se cuidan de no ir por las carreteras principales. Salen de Chile y toman rutas ya sea por caminos secundarios entre Tambo Quemado y Patacamaya o por el salar o por Pisiga-Toledo. Cuando llegan a las ciudades, las bordean y siguen diversas vías, según sus metas”.

Pérez pone de ejemplo el caso de los vehículos que son llevados a poblaciones y ciudades benianas. Señala que uno de los puntos de distribución es la población de Luribay en La Paz donde llegan los vehículos ya sea de Patacamaya o de Oruro. “Mayormente los fines de semana ingresan unos 15 autos indocumentados en las narices de la Policía que tiene su retén en Luribay —detalla—. Los “chuteros” pagan algo así como 50 dólares por vehículo para pasar. Van por Anquioma, desvían hacia la cuesta de Sausau, siguen hacia Cairoma y Araca. Llegan, entonces, a un punto donde pueden continuar hacia la zona sur de La Paz o hacia los Yungas, y luego al Beni”. 

“Chutovías” y “chuteras”

Pérez explica que una red de incontables caminos vecinales funciona virtualmente por todo el país. Es más, asegura que incluso las organizaciones “chuteras” han construido o rehabilitado rutas que son de uso exclusivo. “Son como ‘chutovías’, sólo ellos pueden ingresar por esos caminos, los campesinos del entorno sacan violentamente a cualquier persona ajena que ingrese por ahí. Dominan esas zonas y son diestros para conducir los vehículos, incluso hay mujeres ‘chuteras’ que manejan muy bien. Viajan en grupos de tres o cuatro, algunos van hasta tres veces por semana, suelen ser agresivos y no respetan los derechos de vía”. 

Los destinos de aquellas travesías proliferaron prácticamente por todo el territorio boliviano. Una especie de efecto contagio ha llegado a multiplicar los municipios donde se toleran los vehículos “chutos”. Según un informe del Comando General de la Policía Boliviana, elaborado en junio de 2022, 52 poblaciones pertenecientes a 34 municipios eran consideradas zonas rojas de “chuteros”. Es decir, allí se comercializaba, frecuentemente en ferias al aire libre, los vehículos indocumentados. 

El negocio se diversificó hacia rubros cada vez más alejados de la legalidad. “Te advierten que es robadito —puntualiza Pérez—. Es decir, hay ‘chutos’ sólo porque no tienen papeles de internación, pero hay ‘chutos’ que fueron robados en el exterior. Te ofrecen ‘gemelear’ o ‘clonar’ placas, o sea, que el auto circule con los documentos e identificación que tiene otro auto. Hacen negocio también trayendo ropa de contrabando y línea blanca. A veces han ofrecido autos con lo que traía adentro, además, incluido un televisor plasma y cosas así. Ahora, si haces más combinaciones posibles, puedes llegar a cosas muy densas porque si pasan autos robados, pueden pasar en esos autos armas y más”.  

“Chutocultura”

La Policía, adicionalmente, identificó 67 puntos de presencia de vehículos “chutos”. Incluso las alcaldías de varias ciudades intermedias optaron por regular la presencia de estos motorizados. Son los casos de Caranavi, Camiri, Roboré, Puerto Suárez, Comarapa, Villa Tunari, Riberalta, entre otras. Decenas de reportajes de prensa han mostrado cómo incluso vehículos de transporte público y maquinaria agrícola indocumentada desarrollan allí sin problemas sus actividades. 

“En Caranavi, en Roboré y otros les han llegado a dar placas de sólo circulación en esos municipios —recuerda el transportista Pedro Soruco (nombre ficticio)—. Viajé hace unos cinco años por Caranavi y allí hasta había unos vigilantes que tenían la misión de avisar si venía la Aduana o algún operativo. De haber sucedido eso, medio pueblo salía decidido a hacerlos escapar. Esa vez ya vi placa de Caranavi que llegaba a 5.000, y en Roboré vi las plaquitas verdes propias hace un par de años”. 

Semejante dinámica ha desarrollado hasta una especie de cultura “chuta”. En las redes sociales es posible encontrar clubes, fiestas, composiciones musicales, videos y fotografías con tomas panorámicas en plena actividad de los “chuteros”. Las fiestas se muestran ostentosas con la presentación de llamativas orquestas acompañadas por sus respectivos cuerpos de baile. Algunas “chutocumbias” parecen marcar tendencia y sus letras conmueven a los asistentes quienes cantan a viva voz. “Chuterito yo soy, sólo por ti mi amor…”, canta Simón la Torre en una fiesta de Anchallani mientras saluda a los proveedores de combustible”.

Claro, la provisión de diésel y gasolina constituye el negocio asociado al contrabando de “chutos” que inundó el país. Los propietarios de cientos de surtidores provinciales articulan diversas y, por lo general, peligrosas formas de vender combustible a los vehículos indocumentados. Unos transportan turriles a zonas casi deshabitadas para los “chutos” que se hallan en tránsito. Otros organizan sistemas basados en bidones para la venta dentro las poblaciones. Se dice que algunos han podido ingeniarse para vender directamente. Todos le sacan su respectivo impuesto al negocio y los combustibles suben, según la zona y circunstancia, a 5, 8 y hasta 10 bolivianos por litro de gasolina.    

¿Alguna solución?

Y todo porque, según decían las autoridades, se intentaba evitar un parque automotor obsoleto, mayor contaminación ambiental y consumo de los combustibles subvencionados. Ninguno de esos u otros objetivos se cumplieron. “A diez años de aquellas prohibiciones, de los 2,1 millones de vehículos que hay en el parque automotriz legal, el 80 por ciento tiene más de 10 años —detalla el diputado y analista Miguel Roca—. El 35 por ciento tiene entre 20 y 30 años. Y un gran porcentaje tiene 35 años o más. Irónicamente el parque automotor “chuto” es mucho más nuevo porque data desde 2005 hasta hoy. Para colmo, la mayoría de los autos nuevos en el parque legal son de industria china. Estamos cambiando parque automotor por material chino, ya que, con semejantes impuestos, no se puede acceder al japonés, europeo, etc.”. 

Queda en evidencia, además, que gran parte de ese mayoritariamente anticuado parque automotriz legal resulta más contaminante, de mantenimiento más costoso y precio mayor que los “chutos”.  Al parecer los únicos beneficiarios constituyen quienes reciben coimas en las rutas y quienes han envilecido el negocio con prácticas cada vez más delictivas. Claro, también aquellos que venden combustibles.   

“Las leyes malas hacen ilegal lo que es socialmente ventajoso —remarca Roca—. Acá hay una irracionalidad por la que los autos cuestan tres veces de su valor real y la gasolina un tercio de su valor real. En ese marco, el problema principal no es el no pago de impuestos y el consumo de gasolina. Esa es la consecuencia del problema principal. El problema principal es que se ha generado una mafia de contrabando donde están involucrados los allegados al poder porque esa mafia es manejada básicamente por aduaneros, policías y militares. Luego hay otra mafia con el tema de la gasolina que vende combustible a los chutos, pero en bolsa negra”.  

El parlamentario de Comunidad Ciudadana ha planteado reiterativamente un cambio radical en el régimen tributario para que los autos importados tributen según su valor de mercado. También postula que dichos tributos sean cobrados por los municipios y beneficien el mantenimiento de vías. En el otro frente se halla la asociación de propietarios de “chutos” que busca una nueva amnistía, como las que hubo hace 25 años. Lanzan gritos de guerra y anuncian que lucharán hasta la victoria final, amenazan reiterativamente con un masivo bloqueo de carreteras.  Mientras tanto, las autoridades parecen guardar un silencio a manera de resignado estilo de “chuto-tolerancia”.