Cochabamba asfixiada por la basura
Cochabamba amanece con sus calles invadidas de basura. Tras el cierre judicial del botadero de K’ara K’ara, el 21 de abril de 2025, la ciudad lleva más de dos semanas asfixiada entre bolsas y desechos malolientes. Se calcula que alrededor de diez mil toneladas de residuos sólidos –equivalentes a catorce días sin recojo– contaminan calles, parques y mercados. El aire se vuelve irrespirable en algunos barrios, y la población, indignada, exige una solución urgente. En respuesta, la Alcaldía de Cochabamba declaró la emergencia ambiental y buscó desesperadamente un nuevo destino para la basura, desatando un conflicto con los municipios vecinos.
La emergencia de mayo de 2025
La crisis actual estalló cuando un fallo del Juzgado Agroambiental prohibió el ingreso de más basura a K’ara K’ara por su colapso ambiental. Sin un plan B inmediato, el servicio regular de aseo urbano quedó interrumpido y los desperdicios empezaron a amontonarse. Cada día Cochabamba genera entre 700 y 800 toneladas de basura, por lo que en dos semanas el problema adquirió dimensiones dramáticas. Ante la presión ciudadana –bloqueos de padres de familia y comerciantes exigiendo el recojo de residuos en el centro urbano–, el municipio de Cercado (Cochabamba) adjudicó de emergencia el manejo de la basura a la empresa Complejo Industrial Cochabamba. Este operador privado se comprometió a encargarse del cierre técnico de K’ara K’ara y de la disposición final de los residuos, ofreciendo una salida temporal mientras se implementa una solución de fondo.
El plan inicial de la Alcaldía fue trasladar los desechos a una “celda de emergencia” en Cotapachi, un terreno en el límite entre Cochabamba y los municipios vecinos de Colcapirhua y Quillacollo. Según Gustavo Camargo, secretario de Gobernabilidad de Cochabamba, la empresa había preparado esa celda por meses, incluso con geomembrana para evitar filtraciones, y aseguraba contar con el aval de algunos pobladores de la zona que participaron en su habilitación. Además, anunció que allí se realizaría una clasificación e industrialización de la basura, como paso previo a emplazar una planta de tratamiento a mediano plazo. El convenio municipal fue firmado por cuatro meses, tiempo en el cual se esperaba normalizar el servicio de aseo urbano y avanzar en una solución permanente.
Sin embargo, la respuesta de los municipios vecinos fue de rotundo rechazo. Tan pronto como los camiones de EMSA (Empresa Municipal de Servicios de Aseo) intentaron ingresar a Cotapachi con los primeros cargamentos, vecinos de Colcapirhua salieron a bloquear la avenida Blanco Galindo –principal vía al occidente– impidiendo el paso. El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, denunció que “no hubo ninguna conversación” con su municipio ni con Quillacollo sobre este traslado y exigió la intervención de la Gobernación. Para Colcapirhua, la falta de socialización y de licencia ambiental para operar la celda de Cotapachi torna inaceptable el proyecto. “Si no tenemos licencia ambiental no se puede echar un gramo de basura”, advirtió la autoridad, reflejando la preocupación de su comunidad por posibles impactos ambientales y sanitarios. La tensión escaló con amagues de enfrentamiento entre quienes apoyaban la apertura de la planta separadora y quienes temían que Cotapachi se convierta en un nuevo botadero a cielo abierto.
Antecedentes de un problema crónico
La coyuntura reciente es síntoma de un problema estructural en la gestión de residuos de Cochabamba. Durante años, la ciudad dependió casi exclusivamente de K’ara K’ara como vertedero, aplazando decisiones para modernizar el sistema de basura. Cochabamba produce entre 600 y 800 toneladas diarias de residuos y esa cifra va en aumento. K’ara K’ara operó por más de treinta años y llegó a un punto crítico: su cierre se venía anunciando desde hace tiempo por riesgos ambientales y saturación, pero las alternativas avanzaron poco. En 2020 y 2021 ya se vivieron bloqueos y emergencias similares; en esta ocasión, un tribunal ordenó la clausura por la vía legal, poniendo al descubierto la falta de planificación metropolitana para un reemplazo.
Otro agravante es el bajo índice de reciclaje. Bolivia apenas recupera alrededor del 4% de sus residuos diarios, y en Cochabamba las iniciativas como “Cocha Recicla” logran rescatar solo unas diecisiete toneladas al mes, una fracción ínfima frente a las miles de toneladas que van al basurero. Sin un programa robusto de separación en origen ni infraestructura de reciclaje, la mayoría de los desechos termina mezclada en el relleno, acortando su vida útil y desperdiciando materiales potencialmente reutilizables. Este modelo insostenible convirtió a K’ara K’ara en un símbolo de abandono: un botadero colapsado, rodeado de comunidades que han protestado repetidamente por los malos olores, la contaminación y la falta de desarrollo alternativo.
La empresa Complejo Industrial Cochabamba apareció en escena con la promesa de cambiar este paradigma, pero tropezó desde el inicio. Contratada inicialmente bajo el nombre de Consorcio Complejo Industrial Verde mediante licitación internacional, su misión era implementar un moderno complejo de tratamiento de residuos. No obstante, la Alcaldía decidió rescindir ese contrato el 4 de mayo al constatar que la empresa no había asegurado un lugar de transferencia de basura, incumpliendo el Documento Base de Contratación. En palabras del vocero municipal Juan José Ayaviri, los terrenos propuestos por la empresa fueron “boicoteados por intereses políticos”, dejándola sin un sitio habilitado cuando llegó la crisis. En consecuencia, se optó por la contratación directa de emergencia de la misma empresa (bajo otra razón social), confiando en una salida rápida. Pero otro requisito legal salió al paso: la licencia ambiental. La Gobernación de Cochabamba, encargada de otorgar permisos ambientales, aclaró que “no recibieron ninguna solicitud” de licencia para ninguna planta ni relleno nuevo. Sin estudio ambiental aprobado ni trámites formales, cualquier disposición de residuos en Cotapachi sería al margen de la norma, un punto en el que tanto la Gobernación como los alcaldes vecinos hicieron énfasis.
El resultado ha sido un impasse institucional. Cochabamba, en su desesperación, actuó de forma unilateral; Colcapirhua y Quillacollo, en defensa de sus atribuciones y de su población, frenaron el plan. El gobernador Humberto Sánchez instó a retomar el camino del Consejo Metropolitano, un espacio de coordinación intermunicipal que Cercado había abandonado meses atrás. “La solución es metropolitana; caso contrario, deberán resolver sus problemas solos”, advirtió, subrayando que el tema de la basura trasciende fronteras municipales. Mientras las autoridades debaten, las bolsas de basura se siguen acumulando en las esquinas y el riesgo de emergencias sanitarias crece.
Hacia una gestión sostenible de los residuos
Mirando más allá de la coyuntura, esta crisis ofrece una oportunidad –dolorosa pero necesaria– para replantear la política de residuos sólidos de Cochabamba con una visión sostenible y de largo plazo. Expertos urbanos señalan que la ciudad debe transitar hacia un modelo “basura cero”, aprendiendo de experiencias regionales. Ciudades como Bogotá, por ejemplo, recuperan cerca del 15% de sus residuos gracias a programas agresivos de reciclaje y compostaje. Cochabamba puede y debe aspirar a algo similar. ¿Qué implicaría esto en la práctica?
Separación en origen y recolección selectiva: implementar un sistema de contenedores diferenciados (orgánicos, reciclables, restos) en toda la ciudad y programar rutas de recojo separadas. Esto iría de la mano con campañas masivas de educación ciudadana para que cada hogar separe sus desechos. La participación de la gente es clave: sin conciencia ambiental, cualquier infraestructura será insuficiente.
Reciclaje e inclusión de recicladores: fortalecer y expandir iniciativas como Cocha Recicla, formalizando a los recicladores urbanos (gente que vive de recolectar materiales) e integrándolos al servicio municipal. Se pueden crear centros de acopio municipales donde estos materiales se compren, vendan y procesen, generando empleos verdes locales. Alianzas público-privadas con industrias recicladoras también aportarían tecnología y mercados para el material recuperado.
Compostaje y valorización de orgánicos: Más del 50% de la basura doméstica es materia orgánica. En lugar de enterrarla, Cochabamba podría instalar plantas de compostaje de distintos tamaños (barriales y una central) para convertir restos de comida y poda en abono agrícola. Esto reduciría enormemente el volumen que llega al relleno sanitario y tendría un beneficio productivo.
Nuevo relleno sanitario metropolitano: Aun reciclando y compostando más, siempre habrá un porcentaje de residuos sin valor que requerirá disposición final segura. Es urgente identificar un nuevo terreno para un relleno sanitario moderno, con todas las medidas técnicas (geomembranas, tratamiento de lixiviados, venteo de gases) y con licencia ambiental. Dado que el área urbana de Cochabamba conurbada abarca varios municipios, lo lógico es que este relleno sea metropolitano, con la participación y beneficio de Cercado, Colcapirhua, Quillacollo y otros municipios del valle bajo. La planificación conjunta aseguraría que ningún municipio cargue solo con la “herencia” de la basura, sino que se comparta la responsabilidad y los costos.
Industrialización de residuos: A mediano plazo, la aspiración es contar con un Complejo Industrial de Residuos que procese la basura para recuperar materiales (plásticos, vidrio, papel) y generar subproductos útiles (compost, biogás, energía). Este tipo de planta requiere inversión fuerte y un abastecimiento constante de residuos separados; por eso, su éxito depende de que primero se implementen las fases anteriores. Si se logra, Cochabamba podría convertir en recursos lo que hoy es desperdicio, creando un círculo virtuoso ambiental y económicamente.
En esta búsqueda de soluciones, es fundamental también la voluntad política y la coordinación interinstitucional. La experiencia ha mostrado que los parches aislados –como trasladar el problema de un distrito a otro– sólo generan conflictos. En cambio, un pacto metropolitano por la basura podría sentar las bases de un sistema integrado. Las autoridades locales, la Gobernación, las empresas y la sociedad civil deben sentarse a la mesa para acordar rutas de acción conjunta, respaldadas por normativa y presupuesto.
Cochabamba, conocida como la “ciudad jardín”, no puede resignarse a estar cubierta de basura. Superar la crisis actual exige calma y diálogo para despejar los bloqueos físicos y políticos, pero sobre todo demanda visión de futuro. Invertir en una gestión moderna de residuos no es un lujo, es una necesidad impostergable para garantizar la salud pública, cuidar el medioambiente y mejorar la calidad de vida urbana. La basura, bien manejada, deja de ser basura: se convierte en materia prima, en energía, en abono. Esa es la meta a la que Cochabamba debe aspirar. La coyuntura de mayo de 2025 duele, pero también enseña. Toca a los cochabambinos –autoridades y ciudadanía juntos– transformar esta lección en acciones concretas hacia una ciudad más limpia y sostenible.
Fuentes consultadas: Alcaldías de Cochabamba y Colcapirhua; Gobernación de Cochabamba; Diario Los Tiempos; Documento Cochabamba: Desafíos urbanos y sociales, entre otros.
