La trampa del primer empleo en Cochabamba: juventud y precariedad

Martina no podía dormir la noche antes de recibir su diploma de bachiller. A sus dieciocho años, habitante de la zona sur de Cochabamba, había soñado con ser bioquímica pero sabía que ingresar a Universidad Mayor de San Simón (UMSS) sería una batalla difícil de librar. Días después de la graduación, mientras algunos de sus compañeros hacían fila en las puertas de la universidad para rendir el examen de ingreso, ella emprendía, como cada mañana, rumbo a La Cancha para vender ropa usada junto a su madre. 

La escena de jóvenes tras un puesto ambulante o repartiendo pedidos en motocicleta se ha vuelto parte del paisaje urbano. La historia de Martina refleja la encrucijada que enfrentan miles de bachilleres cochabambinos: continuar sus estudios en un sistema de cupos limitados o lanzarse de inmediato a un mercado laboral mayormente informal.

Desafíos para la juventud cochabambina

Cada año, decenas de miles de jóvenes en Cochabamba y el área metropolitana Kanata concluyen la educación secundaria e ingresan a la etapa crucial de decidir su futuro laboral o académico. En 2023, egresaron aproximadamente 38.700 bachilleres en el departamento, una cifra significativa que refleja la ampliación de la cobertura educativa. Sin embargo, la transición de estos nuevos graduados al empleo o la educación superior está llena de incertidumbres. La UMSS, la única universidad estatal en Cochabamba, sólo pudo admitir alrededor de 12.000 nuevos estudiantes en 2024, equivalente a apenas un 31% del total de graduados de secundaria. 

Esto deja a más de 26.000 jóvenes fuera de la universidad pública en cada cohorte; algunos continuarán estudios en universidades privadas o institutos técnicos, pero muchos engrosan directamente las filas del mercado laboral, a menudo en ocupaciones informales y de baja calificación.

De hecho, un estudio reciente reveló que el 98,4% del empleo juvenil urbano en Bolivia es precario, es decir, informal, temporal o sin ninguna protección social. Incluso con una desocupación abierta “oficial” baja, los jóvenes suelen aceptar trabajos por cuenta propia de subsistencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo abierto en el grupo de 16 a 28 años era de sólo 7,5% al cierre de 2022 –un nivel históricamente bajo–, pero este indicador oculta la realidad del subempleo masivo y la informalidad generalizada que aqueja a la juventud. 

En otras palabras, prácticamente todos los jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones precarias: ventas ambulantes, repartidores en moto, ayudantes de construcción, empleados eventuales sin contrato. Estas condiciones derivan a menudo en frustración, migración al exterior en busca de oportunidades o incluso problemas psicosociales. No son pocos los analistas que hablan de una “generación empobrecida y deprimida” al contrastar las altas expectativas de estos jóvenes con las limitadas oportunidades reales que encuentran.

Problema que trasciende lo individual y que tiene aristas estructurales.

La economía boliviana se caracteriza por altísimos niveles de informalidad laboral (cercanos al 80% en general), y Cochabamba no es la excepción. Basta recorrer mercados populares como La Cancha o avenidas congestionadas de comerciantes para constatar esa realidad. La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que apenas un 5% de la fuerza laboral boliviana cuenta con un empleo plenamente formal y de calidad. 

Así, los bajos porcentajes de desempleo abierto resultan engañosos: ocultan un subempleo crónico y trabajos precarios que brindan ingresos inestables, sin seguro de salud ni aportes para la jubilación. El Estado, por su parte, deja de percibir impuestos y contribuciones de esa amplia economía informal. En este contexto, los jóvenes –que suelen tener menos experiencia y redes de contacto– quedan en la franja más vulnerable del mercado laboral.

A estas dificultades se suman brechas en el sistema educativo. Muchos bachilleres salen con deficiencias en su formación básica, lo cual dificulta su ingreso y rendimiento en la educación superior. Institutos preuniversitarios de Cochabamba reportan que una proporción importante de postulantes necesita cursos de refuerzo antes de presentarse a los exámenes de admisión. Esta brecha educativa inicial perpetúa la desigualdad: los jóvenes de colegios fiscales o rurales suelen estar en desventaja frente a egresados de colegios privados cuando compiten por las limitadas plazas universitarias. 

Quienes no logran entrar a la “U” a menudo se sienten desorientados; algunos prueban suerte en institutos técnicos, otros repiten el examen al año siguiente, y muchos terminan aceptando cualquier empleo que les genere un sustento inmediato, posponiendo o abandonando sus sueños profesionales.

Educación y empleo: políticas y buenas prácticas

Frente a este panorama, vincular mejor la educación con el empleo se vuelve clave para ofrecer horizontes más claros a la juventud. Por un lado, es necesario adecuar la oferta educativa –especialmente la técnica y universitaria– a las demandas reales del mercado productivo regional. En Cochabamba, carreras tradicionales como Derecho, Contaduría o Administración continúan saturadas de estudiantes, mientras áreas técnicas e industriales atraen menor matrícula a pesar de que el país necesita con urgencia más profesionales en ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas. 

Según el Ministerio de Educación, en 2023 hubo 210.726 bachilleres graduados en Bolivia pero la inscripción en la educación técnica superior sigue siendo baja. Es evidente que aún prevalece la idea de que la universidad convencional es “la” ruta al éxito, en detrimento de la formación técnica.

Una política pública positiva de los últimos años ha sido la creación de institutos técnicos tecnológicos en municipios del eje metropolitano, como Quillacollo, Punata o Cliza, donde se ofrecen carreras cortas en agroindustria, mecánica automotriz, textiles, construcción, entre otras. Estos institutos –generalmente de dos a tres años de duración– permiten a los jóvenes obtener competencias laborales prácticas en poco tiempo y acceder más rápidamente a un empleo. Se requiere promocionar estas alternativas educativas y quitar el estigma social de que la única vía “exitosa” es la universidad tradicional. Históricamente, la educación técnica y profesional ha sido relegada en Bolivia y vista como formación “de segunda”; muchos padres prefieren que sus hijos opten por carreras universitarias humanísticas, debido a arraigados prejuicios hacia el trabajo manual y técnico. Romper con ese sesgo cultural –mostrando que un técnico superior bien capacitado puede tener igual o más éxito que un licenciado desempleado– es parte fundamental de la solución.

La UMSS y varias universidades privadas locales han comenzado a establecer convenios con empresas para fortalecer la transición estudio-trabajo. Destacan programas de educación dual, donde el estudiante alterna períodos de formación académica con trabajo práctico en una empresa. Este modelo –aplicado ya en Cochabamba en sectores como metalmecánica, turismo y sistemas informáticos– mejora la empleabilidad al egreso y garantiza que el currículo incluya habilidades pertinentes que el mercado requiere. 

Empresas industriales han donado equipamiento a institutos técnicos o han abierto cupos de pasantías, de modo que los alumnos se familiaricen con tecnologías y procesos actuales. La sinergia entre sector educativo y sector productivo es vital: formar jóvenes con las habilidades que realmente se demandan. Un caso concreto es el de los nuevos convenios de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UMSS, que envía estudiantes de últimos cursos a prácticas en empresas locales de software, energía o manufactura, muchos de los cuales logran contratación al graduarse.

Otra estadística relevante para dimensionar el desafío es la cantidad de titulados universitarios que cada año salen al mercado laboral. A nivel nacional, el número de nuevos profesionales con título ha ido en aumento pero muchos no ejercen en su campo por saturación o falta de oportunidades. La UMSS gradúa en promedio sólo unos pocos miles de estudiantes al año en todas sus facultades; sin embargo, el espectro de carreras ofrecidas presenta vacíos. Prácticamente no existen carreras intermedias (títulos a nivel de licenciatura técnica) que en otros países se han vuelto populares. 

Sería muy beneficioso implementar en las universidades programas de Técnico Superior Universitario de tres años en áreas como desarrollo de software, enfermería, electrónica, gestión turística, entre otras. Estas formaciones cortas permitirían una rápida inserción laboral con credenciales reconocidas y, a la vez, podrían articularse para que el graduado tenga la opción de completar posteriormente una licenciatura tradicional. De esta forma se ampliaría la oferta para aquellos jóvenes que necesitan incorporarse pronto al trabajo, sin cerrarles la puerta de seguir especializándose más adelante.

Además, conectar la educación con el empleo implica orientar a los jóvenes antes de egresar sobre las oportunidades y necesidades del entorno. En el último año de colegio, deberían fortalecerse los servicios de orientación vocacional y difundir información de calidad sobre el mundo laboral. Un ejemplo sería implementar observatorios laborales a nivel departamental, que provean datos accesibles sobre qué profesiones y oficios emergentes están requiriéndose (desde analistas de datos hasta técnicos en energías renovables, por citar algunos). 

Si los estudiantes de secundaria conocen de antemano cuáles sectores tienen demanda insatisfecha de talento, podrán tomar decisiones formativas más informadas. Actualmente, muchos jóvenes eligen carreras por tradición o presión familiar, para luego toparse con mercados saturados; una orientación temprana podría equilibrar la balanza y dirigir más vocaciones hacia campos con futuro.

En cuanto a políticas públicas de fomento al empleo, Bolivia cuenta con algunas iniciativas recientes. El gobierno nacional lanzó en 2021 el plan “Tu Primer Empleo”, que subsidia durante algunos meses el salario de jóvenes contratados por empresas privadas, buscando animar al sector productivo a darles una oportunidad laboral. En Cochabamba, varias industrias manufactureras y empresas de servicios se acogieron a este programa, logrando que cientos de muchachos adquieran experiencia laboral en condiciones formales. 

Sin embargo, su alcance aún es limitado. Sería deseable ampliar este tipo de incentivos fiscales para que más empleadores se sumen a incorporar jóvenes sin experiencia, y especialmente orientar el programa hacia empleos de calidad. Vale la pena recordar que ya en 2008 se creó el programa precursor “Mi Primer Empleo Digno”, inspirado en una iniciativa municipal de La Paz, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de jóvenes (hombres y mujeres de 18 a 24 años, con escasos recursos y bachillerato concluido) mediante capacitación intensiva y pasantías pagadas. 

Dicho programa se implementó en ciudades como Cochabamba, Santa Cruz y Tarija y logró beneficiar a varios miles de participantes. No obstante, evaluaciones de impacto posteriores señalaron que sus efectos fueron temporales: los jóvenes egresados del programa mostraron mejoras en su empleo y formalidad sólo en el corto plazo (un trimestre después de finalizar), sin evidencia de impactos permanentes a largo plazo. Esta lección subraya que los programas de empleo juvenil deben diseñarse con acompañamiento y seguimiento sostenido, para evitar que el impulso inicial se desvanezca tras unos meses.

Más allá del empleo asalariado, el espíritu emprendedor de la juventud cochabambina es un recurso valioso que las políticas pueden catalizar. Cochabamba tiene una tradición emprendedora destacable, visible en su pujante sector gastronómico (desde vendedores de salteñas hasta restaurantes innovadores) y en la proliferación de microempresas familiares. 

Aprovechar ese espíritu requiere apoyos concretos: incubadoras de emprendimientos juveniles, es decir, espacios donde se brinde asesoramiento técnico, capacitación empresarial y acceso a financiamiento semilla para que ideas de negocio de jóvenes despeguen. 

Varias instituciones y ONG locales ya han impulsado concursos de emprendimientos y capacitaciones pero falta llevarlo a escala mayor. Un joven que hoy trabaja en la informalidad vendiendo por cuenta propia podría convertirse en un pequeño empresario formal mañana, si recibe el empujón adecuado –sea un microcrédito, un taller de gestión o una mentoría de negocios.

Autoridades y academia han planteado la creación de un Parque Tecnológico en la llamada “región del conocimiento” (los alrededores de la UMSS, donde se concentran varias facultades y centros de investigación). Esta propuesta es prometedora: congregar startups de base tecnológica vinculadas a la universidad generaría empleos calificados para recién egresados y frenaría la fuga de talento. Por ejemplo, jóvenes ingenieros podrían desarrollar software, tecnología agroindustrial o proyectos de energías limpias con apoyo institucional, en lugar de emigrar. 

Experiencias similares en países vecinos muestran que estos polos tecnológicos, si cuentan con incentivos (terrenos a bajo costo, exenciones tributarias temporales) y con el respaldo académico, atraen inversión y crean ecosistemas de innovación locales. 

Cochabamba tiene materia prima para ello –cada año egresan profesionales talentosos de la UMSS y otras universidades–, sólo falta articular esfuerzos para darles un lugar donde crear y trabajar. En esa línea, el gobierno municipal ha hablado de convertir la zona cercana a la laguna Alalay en un distrito tecnológico, aunque de momento son intenciones en papel. 

Con voluntad política y colaboración público-privada, un Silicon Valley cochabambino, por modesto que sea, podría empezar a tomar forma en los próximos años.

Por último, pero no menos importante, está el rol de la coordinación interinstitucional. Los desafíos del empleo juvenil y la educación no competen sólo a una entidad. Es necesaria una acción mancomunada: el Ministerio de Educación ajustando currículas y promoviendo la formación técnica; el Ministerio de Trabajo incentivando la contratación juvenil y vigilando condiciones laborales dignas; las universidades diversificando su oferta y vinculándose con empresas; y los gobiernos local y departamental aportando programas de apoyo e información. 

En Cochabamba, los alcaldes del eje metropolitano Kanata (Cochabamba, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya, Vinto, etc.) podrían coordinar ferias laborales conjuntas, bolsas de trabajo especializadas para jóvenes, o centros municipales de orientación e inserción laboral. Algunas ciudades en el exterior han creado “oficinas juventud” que funcionan como ventanilla única para capacitar, asesorar y colocar a los jóvenes en empleos o pasantías; ese podría ser un modelo a replicar en la Llajta.

Cerrando el círculo educación-empleo: el gran desafío

Se trata de ofrecer a los jóvenes caminos definidos y esperanzadores: si siguen estudios superiores que estos les den alta probabilidad de acceder a un trabajo digno y estable; si optan por la formación técnica, que encuentren empleadores ávidos de sus habilidades y posibilidades de crecimiento; y si deciden emprender, que reciban el respaldo necesario para formalizar y escalar sus iniciativas. Invertir en la juventud es, al final, invertir en el futuro de Cochabamba. Un proverbio urbano bien podría afirmar: “ningún bachiller cochabambino debería quedarse sin horizonte”. Ese debe ser el objetivo central al vincular educación con empleo, y para lograrlo se requiere un esfuerzo sostenido de toda la sociedad.

Las autoridades locales parecen reconocerlo: el reciente Plan de Acción Metropolitana de Cochabamba Sostenible identifica a los adolescentes y jóvenes como grupos vulnerables clave para el desarrollo futuro de la metrópoli. Traducir esa visión en políticas concretas demandará creatividad, compromiso y trabajo conjunto. Los frutos valdrán la pena. 

Una generación de jóvenes bien formada, motivada y con oportunidades en su propia tierra es la mejor garantía de progreso económico y cohesión social para la Llajta. En la Cochabamba de mañana –si hacemos las cosas bien– la escena ya no será la de talentos desperdiciados en esquinas o semáforos, sino la de una juventud empoderada, construyendo su ciudad con conocimiento, esfuerzo y esperanza.