Movilizaciones masivas en ocho ciudades capitales del país repudiaron ayer la persecución política que ejerce el Gobierno contra opositores y líderes regionales y reivindicaron la defensa de la democracia. En La Paz, la marcha derivó en enfrentamientos con afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en la zona sur y la plaza Abaroa; en Santa Cruz, los cívicos anunciaron que perfilan un gran cabildo nacional y en Cochabamba los activistas evitaron dar discursos, “para no provocar”, dijeron.
El presidente de los cívicos cruceños, Rómulo Calvo, invitó ayer a la población a sumarse a la marcha nacional que está anunciada para hoy en defensa de la libertad, de la democracia y en respaldo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Por segunda vez, un juez rechazó ayer la acción de libertad presentada por la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en la que se pidió su traslado a una clínica para recibir tratamiento médico por la enfermedad de base que padece la autoridad. Sin embargo, el fallo establece que en caso de emergencia médica podrá ser trasladado a un hospital.
El Gobierno usa el sistema judicial y todo el aparato estatal como instrumentos de persecución política contra los opositores, lo cual debilita la institucionalidad democrática en Bolivia, coincidieron dos juristas constitucionalistas.
Mientras el Gobierno endurece la persecución contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidiendo la ampliación de su detención preventiva de cuatro a seis meses y sumando denuncias por supuestos delitos cometidos hace más de 40 años, en seis ciudades capitales de departamento la gente salió ayer a las calles exigiendo la libertad de la autoridad, presa en la cárcel de Chonchocoro.
Veinticinco expresidentes de 12 países de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) condenaron la persecución política que inició el Gobierno de Luis Arce a los opositores, tal como se confirmó con el encarcelamiento ilegal del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Juan del Granado, exalcalde de La Paz, denunció que la Contraloría General del Estado (CGE) inició una persecución política en su contra, luego de que se hizo público el trámite para la recolección de firmas de adhesión para la reforma judicial vía referendo constitucional, de la cual es uno de sus principales impulsores, y ahora entró en su etapa final, según reporte de ANF.
Desde 2017, el MAS ha intentado de diversas formas tomar al sede de Villa Fátima, pero ante el fracaso avaló mercados para sus afines en Chuquiaguillo, clínica de Adepcoca y otros lugares