El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín llegaron a un acuerdo con las familias de las víctimas que fueron asesinadas en octubre de 2003, para pagar un monto de resarcimiento a cambio de evitar mayores acciones de parte de los demandantes. Las partes acordaron en no divulgar el monto del resarcimiento pactado.