Mérida se libra de ir a la cárcel y Fiscalía lo imputa por cuarta vez

“Venció la democracia”. Eso fue lo primero que dijo el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, al finalizar una audiencia cautelar de cuatro horas en la que la jueza Marisol García dispuso su arraigo, fianza y presentación.

Las medidas para asegurar que el Alcalde enfrente sus procesos se enmarcan en el proceso por uso indebido de bienes y servicios por movilizar a los funcionarios municipales para un paro cívico, en noviembre de 2016. El concejal del MAS, Víctor Osinaga, que promueve el proceso dijo que se hallaron suficientes elementos para sostener la responsabilidad del Alcalde en el ilícito.

Antes del inicio de la audiencia, Mérida fue notificado con una imputación por los audios anónimos de una presunta negociación del desayuno escolar, en 2016, en la que habría participado su esposa, Giovanna Maldonado. Es la cuarta de los 14 procesos que se han interpuesto en su contra desde 2015.  

La juez del Segundo Cautelar de Quillacollo, Marisol García, determinó dar medidas sustitutivas para que el alcalde Eduardo Mérida se defienda en libertad. En la audiencia, la autoridad recibió el respaldo de comerciantes y vecinos que instalaron una vigilia afuera del juzgado.

La juez dispuso arraigo de Mérida, una fianza de 60.000 bolivianos y su presentación cada lunes. Dos representantes del Defensor del Pueblo estuvieron presentes debido a que Mérida denunció la pasada semana vulneración a sus derechos políticos.

Los dos funcionarios que denunciaron al Alcalde no asistieron, sólo se presentaron los concejales Víctor Osinaga (MAS) y Héctor Montaño (FVP) para ratificar su acusación.

El abogado de Mérida, Ronald Orozco, explicó que no hay daño económico porque los trabajadores repusieron las horas perdidas con el paro cívico.  “El Concejo ha dicho que (el Alcalde) podía escapar porque no tiene trabajo, familia, que no tiene intención de someterse al proceso, que tiene conducta delictiva, que es un peligro para la sociedad y porque fue a visitar al

Defensor del Pueblo y al Alcalde de Cercado, todo se ha desvirtuado”, dijo.

Al final de la audiencia, Mérida levantó la huelga que inició hace nueve días. También se suspendió el piquete de ayuno que cumplían diez vecinos.

“Son nueve días de huelga de hambre, estoy un poco mal de la vista, voy a retirar esa medida de presión que no era para pedir algo malo, sino simplemente por justicia y para que dejen en paz a mi pueblo”, declaró.

La libertad de Mérida fue festejada por sus seguidores que lo esperaban afuera del juzgado de Quillacollo para acompañarlo hasta la Alcaldía. “Seguramente me vienen más imputaciones, yo pido a la justicia siga actuando de esa manara. Cualquier otro proceso lo vamos a desvirtuar porque son inventados”, indicó el Alcalde. También agradeció a la Virgen de Urkupiña.

Mérida fue imputado antes por la presunta falsificación de su libreta y destituir a cinco funcionarios.

LA MISMA CELERIDAD

• El alcalde Eduardo Mérida enfrenta 14 procesos desde que asumió el cargo en 2015, luego de ganarle en elecciones al candidato del MAS, Charles Becerra, y de hacer campaña por el “no” en el referendo en 2016.

• El Alcalde solicitó a la justicia actuar con la misma celeridad en el proceso contra los seis exalcaldes que están investigados por las obras a medias del plan maestro de agua potable.

• Así como en la recuperación del playón de Marquina que intentaba cederse a una familia.

• Los procesos son impulsados por los concejales Aydee Mamani, Víctor Osinaga y Héctor Montaño, que son parte denunciante en siete de los 14 procesos denunciados en contra de Mérida.

DENUNCIAN A 7 CONCEJALES

Seis concejales municipales de Quillacollo, el presidente del Concejo municipal, Víctor Osinaga y el alcalde Eduardo Mérida están acusados por incumplimiento de  resoluciones contrarias a la ley e incumpliendo de amparo.

La demanda fue interpuesta hace tres semanas por una vecina que exige el pago de 180 dólares por metro cuadrado por la expropiación de 3.000 metros, informó el concejal René Fernández (Demócratas). Añadió que el Alcalde acordó pagar el 80 por ciento de ese precio este año y lo introdujo en el reformulado que fue observado por los concejales, porque aseguran que el metro cuadrado no cuesta más de 100 dólares.

“El juez de garantías constitucionales dice que cumplan con la ordenanza de expropiación de 2012, pero no dice que paguemos 180 dólares por metro cuadrado, ese era su negociado del Alcalde, que debería estar denunciado por corrupción”, dijo Fernández.

Explicó que los concejales no deberían estar investigados por velar por los intereses del municipio. “Si ellos hubieran pedido 200, seguro, el Alcalde les hubiera pagado”, indicó el concejal.