Juez español descarta interrogar a Rajoy sobre escándalo de corrupción
Madrid |
El juez español a cargo de la investigación de la presunta contabilidad B del Partido Popular (PP) descartó ayer citar a declarar como testigo al jefe de Gobierno Mariano Rajoy, salpicado por el caso, informó una fuente judicial.
Varias acusaciones habían pedido en julio al juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, Pablo Ruz que citara a Rajoy, junto a otros líderes del partido gobernante en España, sospechosos de haber recibido sobresueldos en negro.
“El juez Ruz se opone a citarle a declarar, tal y como sostenía la fiscalía. Ni a él, ni a otros dirigentes como lo pedía la acusación”, explicó una fuente judicial a la agencia AFP.
A finales de septiembre, la fiscalía anticorrupción había recomendado no convocar a Rajoy.
La presunta implicación de Mariano Rajoy en este escándalo de contabilidad oculta y sobresueldos en el seno del partido, que preside desde 2004, forzaron al mandatario a comparecer en el Congreso el 1 de agosto, tras un mes de revelaciones en la prensa nacional y parte de la opinión pública pidiendo su dimisión.
El Jefe de Gobierno descartó entonces renunciar al cargo y defendió su inocencia aunque reconoció haberse equivocado al haber confiado en el tesorero de su partido, Luis Bárcenas, actualmente en prisión.
El caso estalló en enero cuando el diario conservador El Mundo destapó el presunto pago de sobresueldos en negro a los dirigentes del PP.
En febrero, el diario El País, basándose en unos manuscritos contables que ahora Bárcenas ha reconocido como propios, involucró al líder conservador como receptor de unos 25.200 euros anuales en negro entre 1997 y 2008.
El extesorero, que se encuentra en prisión provisional desde el 27 de junio por otro escándalo de corrupción que salpica a la derecha desde 2009, reconoció ante el juez haber entregado dinero a Rajoy quien, sin embargo, consiguió rebajar la presión vinculada a este escándalo con su comparecencia en el Congreso.
De igual modo, el magistrado ha pedido un informe a la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los registros contables en los que se recogieron la compra de la sede del PP de La Rioja y el embargo de 160.000 euros del PP de Pontevedra.
