Panelistas abordan la Ley de Sustancias Controladas en conversatorio de Los Tiempos
COCHABAMBA |
La nueva Ley de Sustancias Controladas, recientemente sancionada por la Asamblea Legislativa, fue el tema abordado en el conversatorio organizado hoy por el Foro Regional conformado por Los Tiempos, Ceres y Ciudadanía.
Participaron el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Gonzalo Quezada; la abogada penalista, Marlene Pino y el empresario industrial, Gonzalo Molina.
Durante la intervención, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que los factores para la creación de esta nueva ley son dos: la diferenciación y separación de la coca de las sustancias controladas, y la potenciación de políticas favorables para reducir el tráfico de drogas.
Romero aseguró que los peces gordos que manejan la droga en el país nunca fueron sancionados y que sólo los delincuentes menores han saturado las cárceles, debido al fracaso de las estrategias gubernamentales pasadas para la lucha contra las sustancias controladas.
La autoridad realizó una recopilación de los elementos fundamentales contemplados en la nueva Ley de Sustancias Controladas
"Lo importante es lograr un adecuado equilibrio entre la prevención y las medidas sancionatorias fuertes (...). La estrategia de combate ha sido respondida con más violencia y ha generado incluso muertos. No ha respondido a los objetivos planteados de frenar el narcotráfico", aseguró Romero.
Por otro lado, indicó que en los últimos 9 años, con las políticas del Gobierno de turno y la eliminación de la injerencia externa, se ha promovido una responsabilidad común para reducir los cultivos excedentarios de coca y eliminar plantaciones de marihuana, las dos drogas con mayor influencia en el país.
"La nueva ley, que reemplaza a la 1008, reconoce la obligatoriedad estatal para proteger la coca (...). Incorpora el diálogo común, el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y un conjunto de mecanismo de prevención", afirmó Romero.
Aseguró también que esta nueva ley establece mecanismos de control y fiscalización a sustancias controladas y obliga a la Policía a la destrucción de aeródromos y pistas clandestinas hechas para favorecer el narcotráfico. Asimismo, dijo que esta normativa "privilegia a la salud pública de la población".
Por su parte, Pino manifestó que esta ley tiene elementos contradictorios con la Constitución Política del Estado (CPE); en su artículo 70 no es clara en cuanto a la incautación de bienes relacionados al narcotráfico ya que desfavorece, de manera significativa, a la población.
"No está derogada la 1008, hay muchos artículos que siguen vigentes (...). Estamos frente a una ley que es administrativa y que crea un procedimiento para un desapoderamiento ya en el campo civil y esto va a crear muchos problemas (...). A esta ley le falta la necesidad de definir si es una ley penal o administrativa", indicó.
En este contexto, Quezada aseguró que el problema más serio en Bolivia no es el de las drogas sino el del alcohol y que la lucha contra los estupefacientes conlleva el uso de millonarias inversiones.
"La ley tiene un problema, no asigna ni un solo peso a lo que es rehabilitación y prevención (...). La ley debería contemplar un monto para esto y creo que quizá todavía se la puede enfocar en el tema de prevención", sostuvo Quezada.
Por otro lado cuestionó que no se haya contemplado, de manera profunda y con un abordaje especial, el tema del narcotráfico y sus efectos al interior de las familias y de la misma sociedad.
Molina indicó que el sector empresarial de Bolivia suele ser la primera víctima de estas leyes que no son consensuadas con la población y sus estructuras. "No hemos sido considerados para formar parte activa en la construcción de los decretos que regulan esta nueva", agregó.
La Ley de Sustancias Controladas junto con la Ley General de la Hoja de Coca y el nuevo Código del Sistema Penal reemplazará a la Ley 1008.
