Tarifas eléctricas y desinformación
Con sólo transparentar las cuentas del sector eléctrico se abriría el espacio necesario para el diálogo, la negociación y la concertación
El anuncio hecho en pasados días por el ministro de Energías sobre la decisión de autorizar un alza en el precio de la energía eléctrica ha sido recibido con muestras de desconcierto y rechazo. Es natural que así haya sido pues a nadie le gustan los aumentos tarifarios por pequeños que éstos sean, más aún si no llegan acompañados de información fidedigna sobre sus verdaderas causas, magnitud y duración.
En este caso, como en otros de interés público, la principal dificultad que tienen que sortear las autoridades gubernamentales en su afán de lograr la aquiescencia de la ciudadanía es la desconfianza provocada por las contradicciones en que incurren, lo que se agrava por la falta de datos confiables que respalden sus argumentos y explicaciones.
Muy útil sería, por ejemplo, que las explicaciones que dan las autoridades del sector eléctrico para justificar decisiones tan controversiales como ésta, ofrezcan a la ciudadanía información clara y transparente, es decir digna de confianza, sobre los datos estadísticos en los que se fundamentan sus resoluciones.
Lamentablemente, a pesar de la insistencia con que los medios de comunicación lo han solicitado, no se han despejado las dudas que existen sobre los costos de operación y mantenimiento de las diferentes unidades generadoras y de las instalaciones de transmisión. Tampoco hay información actualizada sobre el ritmo al que crece la demanda del servicio y del incremento de los usuarios, factores todos ellos que inciden en las cuentas del sector.
La escasez de información fidedigna es aún mayor cuando se refiere a las inversiones hechas por las distribuidoras de electricidad, otra variable de gran importancia para determinar las variaciones de precios.
Paradójicamente, y a pesar de los muchos reclamos motivados por la falta de información, el ministro de Energías, a tiempo de descalificar los cuestionamientos hechos a la decisión gubernamental, ha exhortado a quienes la cuestionan a que antes de protestar “se informen sobre cuál es el impacto de ésta y cuál es el motivo de este ajuste”.
Por razones comprensibles, ese contexto signado por la desconfianza resulta terreno fértil no sólo para los cuestionamientos sino, incluso, para las más airadas expresiones de rechazo.
Así se explica, por ejemplo, que sectores tan diversos como las organizaciones vecinales, sindicales y otros movimientos sociales tengan tantas coincidencias con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, y las demás organizaciones que aglutinan al sector empresarial de todos los departamentos y los diversos sectores, a la hora de expresar sus temores sobre las reales causas, alcance y consecuencias de la medida gubernamental.
La mayor parte de esas dificultades, con todo el potencial conflictivo que llevan consigo, podrían evitarse con algo tan simple como un cambio de actitud gubernamental en lo que al libre flujo de información se refiere. Con sólo transparentar las cuentas del sector eléctrico se abriría el espacio necesario para el diálogo, la negociación y la concertación. Mientras tanto, resulta difícil pedir a la sociedad —desde los más pobres usuarios hasta los más grandes empresarios— una actitud pasiva y contemplativa.
