Drogas: estrategias extraviadas y mentes confundidas

Del extenso discurso que pronunció el presidente Morales en la reunión del organismo antidrogas de la ONU pueden rescatarse tres afirmaciones que reflejan hechos consolidados. Uno, el modelo mundial vigente para enfrentar el problema ha fracasado. Dos, la producción de coca en Bolivia es la menor y la más estable entre los países andinos. Y, tres, disminuir drásticamente el consumo masivo de drogas en Estados Unidos y Europa es el eslabón clave para desarrollar una estrategia eficaz.

En lo que se equivoca, radicalmente, es que nuestro país posea “un modelo” que pueda servir de ejemplo a seguir. El haber avanzado en frenar los abusos contra los productores de hoja de coca y estabilizado el área de cultivos, ni ha disminuido la producción de drogas ilícitas, ni el avance del poder económico e influencia de sus fabricantes y exportadores, así como el incremento de su capacidad corruptora y de irradiación de violencia.

La concertación entre el Estado y los cocaleros es una política practicada varios años antes de la instalación del MAS en el poder y está aproximándose a su agotamiento, como lo demuestra la violencia con que actúan las fuerzas represivas en Yungas y su casi prescindencia en el Chapare. Y aun cuando la cantidad neta de coca boliviana sea una sexta parte de la de Colombia y menor que la del Perú, no hay margen de duda que en su mayor parte se deriva a la producción de cocaína.

Una estrategia, auténticamente propia, y capaz de frenar el avance del tráfico de derivados ilícitos de la coca, debe superar los acuerdos bilaterales entre cocaleros del Chapare y Estado, para abrir  la mesa de negociaciones a representantes del conjunto de la sociedad civil, porque todos somos afectados por los efectos nocivos de la producción excedentaria de coca y la producción de drogas, en términos de inseguridad nacional y ciudadana, de corrupción y proliferación de crímenes, que van desde los cometidos contra el medioambiente hasta el incremento de la violencia.

El Estado ha dejado de controlar el avance de cultivos de coca en los parques nacionales; pacta con los productores estables de coca –discriminándolos regionalmente–, pero es sobrepasado por los colonizadores pobres que se hacen cocaleros nuevos, aprovechando las políticas oficiales antiindígenas y su predisposición a recortar las tierras comunitarias y a estrechar severamente las áreas de reserva natural.

Estos elementos, ausentes del discurso presidencial, demuestran que se necesita una nueva y distinta orientación que puede denominarse una estrategia de nacionalización de la coca.  

Mediante este enfoque corresponde que sea el conjunto de la sociedad (ya no el Estado y cocaleros) que decida: cuál es la superficie de cultivo que real y objetivamente cubre la demanda para usos lícitos; medidas eficaces para impedir su avance sobre las áreas de reserva y territorios indígenas; medidas colaterales referidas al tráfico de madera y especies animales, así como legislación para enfrentar a los productores y comercializadores de cocaína y derivados y el movimiento de sus capitales y acumulación de bienes.

El “modelo boliviano” del que habla Evo Morales se traduce en el desequilibrio creado por masivas, caras y dudosas inversiones, concentradas en la zona donde se asienta la columna vertebral de su base social y una acción prepotente y abusiva fuera de esa región. En una continua y vertical caída policial en redes de corrupción y encubrimiento. En la reivindicación de falsas banderas de “industrialización de la coca” y en actitudes hipócritas y retóricas en materia de consumo de “sustancias prohibidas”.

Para debatir productivamente los límites que tienen nuestras actuales políticas, es indispensable que el Gobierno abandone su posición triunfalista y que las filas opositoras superen su continua predisposición a descalificar los adelantos que hemos logrado colectivamente y a llegar al absurdo de atribuir la expansión económica nacional a la “influencia decisiva del narcotráfico”.

El ruido electoral, con su estímulo a las imposturas y ofrecimientos falsos, hará más difícil esta tarea, pero no postergará ni un poco la urgencia de encararla como una cuestión central de un proyecto nacional.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.