A propósito de tontos útiles y opa pícaro

La suscripción del contrato de provisión de alimentación a militares y policías que realizan control y patrullaje en la ciudad de Cochabamba para contrarrestar la pandemia del coronavirus, ha generado el intercambio de epítetos de ida y vuelta entre el Alcalde y algunos concejales del Gobierno Autónomo Municipalidad de la provincia Cercado, luego de la denuncia que presentaron tres legisladores ediles.

Como ciudadano que ejerce la abogacía, me he interesado en conocer los detalles del contrato para ver si, efectivamente, el jefe edil habría cumplido lo que establecen las normas de contratación de bienes y servicios, en el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamental y las Normas Básicas de Contratación de Bienes y Servicios.

De la revisión, llego a la conclusión de que el Alcalde incumplió las disposiciones legales y reglamentarias que rigen para este tipo de contratación por emergencia. Consiguientemente, la suscripción del contrato con el proveedor del servicio ha sido ilegal porque éste no presentó la certificación del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), que tiene por objeto simplificar y agilizar el proceso de contratación cuando la suma es mayor a 20 mil bolivianos y notándose la ausencia del mismo, no es posible firmar ningún contrato, algo que todo servidor público debe saber.

Entonces, el Alcalde, al querer deslindar responsabilidades en sus dependientes, actúa al margen de lo que determina el Reglamento de Contratación por Emergencia del gobierno municipal, ya que es él quien aprueba las contrataciones por excepción, en esa consecuencia, es el único responsable por todo el proceso de contratación.

En ese marco, la VERDAD, con mayúsculas, es aquella que corresponde a la realidad de los hechos y lo que ocurrió en este caso concreto es que se firmó un contrato sin la presentación ni verificación del RUPE, documento imprescindible que debe presentar todo proveedor de servicios, sin excusa alguna, cuando se trata, reitero, de montos mayores a Bs 20 mil y, en este caso, el contrato es por más de Bs 488 mil.

En síntesis, el alcalde José María Leyes se pasa por los pelendengues las normas y las incumple frecuentemente, delega su responsabilidad con picardía criolla. De yapa, tiene el cinismo –que no me sorprende– de acusar a los concejales de ser tontos útiles del ministro de Gobierno y, lo que es peor, instruye hábilmente sumarios en contra de sus subalternos, lo que pone en evidencia que no tiene estatura moral ni honestidad intelectual.

El autor es abogado y docente en la UMSS