Los impuestos y el Censo 2022

Los bolivianos han recibido la noticia de que el próximo año se materializará el Censo de Población. La encuesta nacional será financiada por el Banco Mundial y el Gobierno ya confirmó su realización para el 16 de noviembre de 2022, salvo manipulaciones políticas que les son propias. Muchos municipios se han visto preocupados por el cambio de las reglas para repartir la recaudación de los impuestos nacionales según el número de habitantes que se registren en el Censo. Bien se sabe que desde 2012 hasta el presente la movilidad de la población ha sido determinada por las atractivas oportunidades de desarrollo económico que ofrecieron ciertos departamentos en Bolivia.

Santa Cruz quizás será el departamento que más sorpresas revelará en el Censo, debido al crecimiento de la burbuja inmobiliaria urbana y del mercado negro de tierras en zonas agrícolas que han encantado a gentes del altiplano y los valles. En cambio, los municipios de La Paz y Cochabamba, entre otros, verán reducidas sus expectativas de ingresos por coparticipación tributaria debido a las emigraciones de sus pobladores. Antes de noviembre de 2022 se desatará una fiebre de estrategias para movilizar artificialmente personas de unas ciudades a otras para incrementar no sólo su asignación dineros públicos, sino también su participación política en los escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Al ser los censos oficiales una competencia privativa del nivel central del Estado, el Gobierno como siempre jugará sus cartas oscuras para que no se descubra toda la verdad sobre la realidad poblacional boliviana. No debemos olvidar que el Censo 2012 echó por los suelos el discurso falso de la plurinacionalidad en Bolivia, cuando la amplia mayoría de bolivianos declaró que no se reconoce como indígena. Ahora y con la experiencia adquirida en el último censo, muchas organizaciones privadas o gubernamentales ejercerán un papel influyente para identificar o privilegiar los ejes urgentes que influirán en el futuro próximo del país entero.

Sin duda que el Censo 2022 ha despertado el interés general de la ciudadanía organizada sobre la adecuada distribución y asignación, entre los municipios y departamentos, de los recursos de coparticipación tributaria, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD). El diseño de la boleta censal será clave para el Censo 2022. Para satisfacer esta demanda de información, desde esta columna sugiero que se incorporen en la boleta las preguntas urgentes que de manera objetiva y coherente permitan conocer y descubrir el compromiso de los bolivianos en el pago de impuestos. Será bueno saber cuántos bolivianos mayores de edad cumplen con el deber constitucional de contribuir en relación a su capacidad económica.

Sin duda, la realización del Censo 2022 es vital y con sólo conocer la calidad de la ocupación y de trabajo de los bolivianos se dispondrá de una idea básica para delinear una reforma tributaria que direccione los esfuerzos públicos y la presión fiscal para recaudar más impuestos de manera eficiente y justa. De nada servirá confirmar la información recurrente de que la mayoría de los bolivianos son trabajadores por cuenta propia y autónomos, sin que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) impulse políticas estatales para convertirlos en agentes activos del potenciamiento tributario boliviano; erradicando la defraudación fiscal que ejercen determinados peones políticos amparados por el partido de gobierno.

Ha comenzado en Bolivia el debate para consolidar la igualdad y la universalidad tributarias, y el Censo será la fuente de información y la base para soluciones reales.

El autor es abogado