Rehenes

La mañana del martes 12 de noviembre de 2019, el diario El Potosí recibió, por primera —y espero que última— vez el pedido de una autoridad de que se retire una noticia publicada en su edición digital. La autoridad era la delegada defensorial de Potosí, Vilma Martínez, y la nota, el informe sobre el secuestro de José Leonardo Miranda León, entonces de 28 años, que había caído en poder de supuestos integrantes de la etnia qaqachaka, del departamento de Oruro.

Para entender mejor la magnitud del hecho, hay que recordar el contexto: caravanas de cívicos, universitarios y mineros salieron, por separado, de Potosí rumbo a La Paz, exigiendo la renuncia de Evo Morales, pero fueron emboscados en el camino, en la jurisdicción de Oruro. Múltiples testimonios daban cuenta de que los atacaron a balazos y un número indeterminado de personas habían sido capturadas y tomadas como rehenes.

La caravana de Miranda salió el sábado 9 de noviembre y fue atacada al día siguiente, antes de la renuncia de Morales. Fue cuando el joven cayó en manos de las personas que impidieron el paso de los buses literalmente a balazos. El Potosí contactó a la madre, Elsa León, y, por intermedio de ella, incluso logramos contactar a uno de los secuestradores, a quien identificamos como Basilio Robles Laguna. En el contacto telefónico, advertimos que hablaba español fluidamente y parecía tener una instrucción regular.

La delegada nos pidió retirar la noticia porque, según dijo, ponía en riesgo la vida de José Leonardo. Frente a eso, la quitamos de la edición digital. Lo demás es harto conocido: ese mismo martes, y después de un vacío de poder de dos días, por sucesivas renuncias, la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, asumió la presidencia. Al día siguiente, Martínez nos confirmó que el rehén había sido liberado, así que retomamos las publicaciones. No pudimos volver a contactar a la madre porque, según dijo ella misma, la defensora le pidió que no vuelva a hablar con El Potosí.

Recordé esto, que resumo, tras conocer el informe del GIEI respecto de la crisis de 2019. Para un periodista, la censura —bajo cualquier condición— es un secuestro de su libertad de informar al público y lo convierte en el rehén de esa restricción.

Hasta hoy no sé por qué Miranda actuó de esa forma. Lo que sí sé es que las emboscadas a las caravanas fueron ignoradas tanto por el gobierno de Áñez —que pudo motorizar las investigaciones, pero no lo hizo— como por el de Arce, que solo tiene ojos y oídos para las masacres de Sacaba y Senkata. Con esa actitud, nos convierten en rehenes de una media verdad que convierte la polarización del país en un abismo insalvable.

Hasta los talibanes amnistiaron a sus enemigos, pero, en Bolivia, nos mantienen rehenes del odio y la venganza.

El autor es Premio Nacional en Historia del Periodismo